El jueves, la comisión política de la UDI decidió pasar al Tribunal Supremo (TS) del partido a los cinco diputados de la colectividad que votaron a favor del proyecto de ley que permitiría a las personas retirar el 10% de sus fondos de las AFP, para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, ahora la máxima instancia jurisdiccional del gremialismo analizará posibles sanciones para los parlamentarios Pedro Álvarez-Salamanca y Cristhian Moreira, quienes aún pertenecen a la colectividad, ya que ayer, sus pares Álvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar, renunciaron.
A través de una declaración pública, desde la tienda los acusaron de haber "
contravenido los principios del partido, desconociendo el compromiso de la UDI con la clase media y los sectores más necesitados, y por lo mismo han dejado de cumplir disciplinariamente el rol y la responsabilidad encomendada por el partido".
Según la comisión política, los legisladores "se han automarginado del ideario y del estilo de nuestro partido, situación que amerita el urgente pronunciamiento y decisión del Tribunal Supremo y la aplicación de las máximas sanciones". La instancia podría evaluar su expulsión a lo menos no apoyarlos para su reelección.
En ese contexto, y tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones, el futuro de los diputados estará en manos de los cinco miembros del TS que son figuras clave del gremialismo, e incluso algunos fueron íntimos amigos del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
Por ejemplo, el presidente de la instancia es Ernesto Illanes Leiva, economista y doctorado en Notre Dame, quien fue el primer líder del Movimiento Gremial. En 1968 fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), en el que es considerado uno de los hitos fundacionales de la UDI.
Es más, el profesional forma parte del tribunal desde su creación en 1988, luego de una solicitud expresa de Guzmán, con quien compartió durante los primeros años del gremialismo.
Asimismo, lidera la instancia desde hace 25 años.
Al igual que Illanes, el abogado José Miguel Olivares también integra el TS desde sus inicios y fue presidente de la FEUC en 1978. Jurista de la UC, actualmente es consejero del Grupo Vial Serrano Abogados desde 2016.
Dos años después, se integró al grupo Andrés Serrano Gutiérrez, quien es cercano a los ex ministros y ex senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick.
Luego, en 2006, se sumó el abogado Juan Ignacio Walker, quien fue amigo íntimo de Guzmán. De hecho, fue su jefe de campaña en su candidatura a senador en 1989, y el parlamentario fue padrino de su hija. Asimismo, el jurista fue el formador de la Fundación Jaime Guzmán, de cuyo directorio forma parte desde el primer día.
Ese mismo año ingresó Ignacio Astete Álvarez al TS. Director de distintas empresas, actualmente es el Director Ejecutivo del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar). También formó parte del Consejo Nacional de Televisión y fue Director de Comunicación Social durante la dictadura.
Cómo opera el TS
El Tribunal Supremo es la instancia jurisdiccional interna superior del la UDI y es elegido por el Consejo General. Sus miembros se renuevan en grupos de dos y tres integrantes cada dos años, respectivamente, y adoptan sus decisiones por la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Para ser escogido como parte de la instancia, los postulantes deben "tener una intachable conducta anterior, por lo que no pueden haber sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva ni sancionados disciplinariamente por el Tribunal Supremo del partido", de acuerdo al artículo 54 de los estatutos de la colectividad.
No pueden ser miembros los militantes que ocupen cargos en la organización territorial del partido,
quienes ejerzan cargos de elección popular o de exclusiva confianza del Presidente de la República o los que hubieren sido candidatos en la elección respectiva inmediatamente anterior al Consejo General donde se elija a los miembros del TS.
Asimismo, aquellos militantes que hayan sido parte del tribunal están inhabilitados de participar como candidatos o integrantes de listas en procesos eleccionarios internos del partido, durante los 3 años siguientes al cese de sus funciones.
Entre las funciones de la instancia, está el conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre las autoridades y organismos del partido, además de reclamaciones que se entablen contra ellos y que sean estimados violatorios de la declaración de principios o del estatuto, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos.
También debe revisar denuncias que uno o más afiliados formulen contra uno o más afiliados del partido, "por actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o del estatuto, o por conductas indebidas que constituyan faltas a la ética o comprometan los intereses o el prestigio del partido".
Las sanciones que el Tribunal Supremo puede adoptar son la amonestación verbal, amonestación escrita, remoción del cargo de un dirigente, inhabilidad para optar a cargos directivos, suspensión en el ejercicio de los derechos del afiliado y finalmente la expulsión del partido.
