Ahora el veto deberá revisarlo la Sala del Senado.
El Mercurio
La comisión de Economía del Senado siguió el mismo camino que lo ya hecho por la Cámara de Diputados y
rechazó el veto presidencial enviado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos.La decisión se tomó con los votos en contra de los senadores de oposición
Álvaro Elizalde (PS), Ximena Rincón (DC) y Ximena Órdenes. Mientras que en Chile Vamos, sus dos representantes se dividieron con sus posturas:
Kenneth Pugh (ind.-RN) votó a favor y José Durana (UDI) se abstuvo.
Ahora la acción presidencial deberá ser analizada por la Sala del Senado, donde además de revisarse el veto tendrá que debatirse la posibilidad de una insistencia, tal como ya lo hicieron los diputados. Para que eso avance se requiere que 2/3 de los legisladores lo aprueben.
El presidente de la instancia, senador Elizalde, lamentó que el Ejecutivo haya ingresado el veto, apuntando a que a pesar de que se despachó del Congreso el pasado 11 de junio, aún no puede entrar en vigencia.
"Lamento que se haya dilatado tanto la entrada en vigencia de esta ley a través de una iniciativas para su postergación impulsada por el Gobierno. El Gobierno se demoró casi 30 días en vetar esta iniciativa y esperamos que ya esta semana se despache el veto para que esta ley entre en vigencia", comentó a
Emol.
A su juicio y tras participar de la comisión donde intervinieron los ministros de Transportes y Energía, Gloria Hutt y Juan Carlos Jobet, respectivamente, "el Gobierno debe tomar conciencia de la magnitud de la crisis y dejar de poner obstáculos a estas iniciativas que benefician a las personas".
El parlamentario socialista aseguró que el veto podría rechazarse en la Sala tal como ocurrió hoy y la semana pasada en la Cámara, sin embargo, "la duda es si vamos a tener la mayoría necesaria para insistir en el texto original, toda vez que conforme a la norma constitucional se requiere 2/3 de los presentes en Sala y para eso se requiere que voten por la insistencia senadores del oficialismo".
A través de esta acción desde el Ejecutivo apuntan principalmente a las telecomunicaciones. Esto porque el texto despachado por el Parlamento ofrece una conectividad solidaria, considerando duplicar las velocidades del plan solidario vigente (según el acuerdo entre Gobierno y las empresas alcanzado en marzo) y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, busca aumentar el espectro al 60% de la población más vulnerable.
Además, respecto a las cuentas de agua, el Gobierno busca fijar un límite de 15 metros cúbicos de agua potable y eliminar el artículo que establece que los costos puedan ser incluidos en las tarifas.
