Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema.
El Mercurio (archivo)
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó este viernes nuevamente los cuestionamientos que han surgido en contra del Poder Judicial por el caso Ámbar, luego que se conociera que el principal imputado por el crimen de la adolescente, Hugo Bustamante, fue beneficiado en 2016 con la libertad condicional.
"La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos, que figuraban en una nómina que elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época", comenzó diciendo la magistrada.
Precisó que a Bustamante se le dio el beneficio ya que cumplía con los "parámetros" que se pedían en ese entonces: "Haber cumplido el postulante la mitad de la condena impuesta por sentencia ejecutoriada.
Haber observado una conducta intachable en el recinto penitenciario en que estaba cumpliendo la condena. Y haber aprendido bien un oficio, si hay talleres en dichos establecimientos y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela instalada en dicho lugar".
"Los miembros de dicha comisión analizaron el cumplimiento de los requisitos respecto de aquellos internos que pidieron la libertad condicional y se les concedió en forma unánime a aquellos que sí lo cumplían, lo que significa que debían seguir cumpliendo la pena impuesta, pero en libertad", agregó la vocera del máximo tribunal, afirmando que "la referida comisión ejerció una facultad reglada".
Chevesich dijo además que "a mí y a todos los integrantes del Poder Judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente", por lo que reconoció que "estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haber otorgado la libertad condicional a una persona que se le imputa participación directa en ese hecho, quien la obtuvo el años 2016 tras cumplir 11 años de una pena impuesta por un doble homicidio que cometió".
Deuda del sistema penal
La jueza también recordó los cambios que se han realizado en materia de libertades condicionales y aseguró que en el sistema actual no se le habría otorgado el beneficio a Bustamante, ya que los requisitos que hay que cumplir son más rigurosos.
"El decreto de ley 321 que regla la libertad condicional data de 1925 y no experimentó grandes modificaciones sino hasta el año 2019, en que el procedimiento se hizo más estricto y objetivo. Por lo tanto, el régimen legal actual no es el mismo que estaba vigente en el año 2016", sostuvo.
No obstante, admitió que
existe "una gran deuda del sistema penal chileno", en lo que respecta a la ejecución de penas, "es decir, lo relativo a la implementación de un proceso de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante una labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social y la existencia de juezas y jueces de ejecución que puedan adaptar decisiones en torno a aquello".
"Con todo, el Poder Judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que arregla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la libertad condicional que permitan un efectivo seguimiento de los procesos, y el desarrollo y aplicación de políticas de reinserción social", concluyó Chevesich.
