La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña (23), formalizado por los delitos de parricidio frustrado, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, daños y tenencia ilegal de armas; disponiendo que este abandone la clínica privada en la que se encuentre e ingrese al recinto penitenciario correspondiente.
La decisión fue adoptada por la Novena Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Paola Plaza y Guillermo de la Barra, y la fiscal judicial Javiera González, quienes acogieron la apelación del Ministerio Público y dejaron en manos de Gendarmería el determinar la cárcel a la cual se llevará a cabo el traslado.
Fue la ministra Plaza la que comunicó la resolución, señalando que la libertad del imputado es considerada un peligro para la seguridad de la población y la víctima, y que, de acuerdo a lo informado por los médicos especialistas, "en el sentido que si bien presenta rasgos de personalidad alterados, no son constitutivos de una patología mental que amerite, justifique o propicie la internación en un centro psiquiátrico".
El caso
La detención e imputación de cargos del joven de 23 años fue gatillada por la agresión con arma blanca que sufrió el 11 de agosto su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas (67), quien sufrió con heridas cortantes en sus brazos.
Tras días de búsqueda, el joven capturado y llevado la semana pasada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se ordenó su prisión preventiva.
Sin embargo, en dicha ocasión la magistrada Andrea Díaz-Muñoz dispuso que la cautelar será cumplida por el momento en la clínica en la que Calderón Argandoña se encontraba hospitalizado al momento de su aprehensión. Ello, hasta que se logre su "compensación" y pueda ordenar su traslado a Santiago 1.
Aquella situación generó críticas de parte de la fiscalía metropolitana Oriente, desde donde aseguraron que la internación en dicho centro es una "excepción" que "no está contemplada en la ley", por lo que se presentó un recurso que busca el traslado del imputado hacia el penal.
Por su parte, la defensa de Calderón Argandoña, encabezada por el abogado Mario Vargas, también apeló a la resolución, pidiendo para el joven cumpla la cautelar de arresto domiciliario total.
Ante la Corte, el litigante explicó que la clínica en que se encuentra el imputado "es un recinto privado que fue buscado": "Nosotros le hicimos un examen psiquiátrico a nuestro paciente y los psiquiatras nos dieron una gama de alternativas y fuimos nosotros, junto a la familia, que buscó el recinto privado". Así también, aseguró que es la familia la que está pagando los costos de esta.
"Si bien presenta rasgos de personalidad alterados, (estos) no son constitutivos de una patología metal que amerite, justifique o propicie la internación en un centro psiquiátrico".
Ministra Paola Plaza.
Para pedir su arresto domiciliario, Vargas sostuvo, entre otras argumentaciones, la inexistencia de antecedentes que confirmen que el "imputado puso todo de su parte para matar a la víctima" y que las lesiones no estuvieron cerca de un órgano vital. Criticó la calificación jurídica que se dio a los hechos y manifestó que el arresto domiciliario total es considerando el resguardo físico y psíquico del indagado.
En tanto, la representante de la fiscalía Oriente, Pamela Valdés acusó que la reclusión en una clínica privada y no una unidad especial de Gendarmería va contra la "correcta aplicación" de la ley: "Estamos en una resolución que es bastante espuria".
