Durante este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto tipifica el delito de incitación a la violencia y sanciona el negacionismo de los crímenes cometidos en dictadura, establecidos en el Informe Rettig o el Informe Valech.
En detalle, la iniciativa busca sancionar penalmente a quienes promueven discursos que "consistan en una apología del odio, capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o a sus miembros".
Sin embargo, en la instancia fue rechazada la norma sobre incitación a la violencia física, al no alcanzar el quórum calificado, mientras que el siguiente artículo, referido a la incitación al odio, no alcanzó mayoría simple para su aprobación.
El texto proponía sancionar el delito de incitación a la violencia con una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 20 a 40 UTM. Y en el caso de la incitación al odio, se establecía una pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 21 a 60 días.
Negacionismo
Por otra parte, la norma que busca sancionar el negaciomismo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura fue aprobada con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones
La iniciativa pretende sancionar a quien "justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado (...) siempre que dichos actos perturben el orden público, con la pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM".
El texto también señala que la sanción se agravará en un grado si la conducta es cometida por un funcionario público, quien además a lo señalado anteriormente, sufrirá la "pena de inhabilidad absoluta temporal, en su grado mínimo, para ejercer funciones públicas".
Al término de la votación, la
diputada (RN) Camila Flores presentó una reserva de constitucionalidad porque, a su juicio, el proyecto "vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento y porque es una norma discriminatoria, que se aboca a determinados hechos y no hechos generales",
La parlamentaria añadió que la iniciativa "atenta contra la libertad de cátedra y también está siendo vulnerada la libertad de conciencia".
El proyecto fue enviado en 2017 como mensaje presidencial por Michelle Bachelet. Inicialmente, el proyecto buscaba agregar un artículo al Código Penal que castigara a quien públicamente incitara a la violencia física contra una persona o un grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.
A la iniciativa se le agregó una indicación, impulsada por la diputada PC Carmen Hertz, donde se sanciona a quien "a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile".
