El ministerio de Justicia y Gendarmería se refirieron a los permisos de salida otorgados a Héctor Riveros Retamal, condenado a las penas de presidio perpetuo y de 15 años y un día por el asesinato y violación de un niño de 13 años, ocurrido el año 2000 en Parral.
De acuerdo a ambas entidades, el beneficio fue dispuesto en un principio por la institución penitenciaria, pero una vez revocado, fueron los altos tribunales de Justicia quienes lo restituyeron.
La situación fue denunciada ayer por la Fundación Amparo y Justicia, desde donde interpusieron, en representación de la madre del menor, un recurso de protección contra la Gendarmería luego de constatar que Riveros, que actualmente cumple la sanción en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) semiabierto de Talca, obtuvo beneficios penitenciarios que le permiten abandonar el recinto durante los fin de semana.
Ello, acotaron desde la fundación, "haciendo caso omiso a sus rasgos psicopáticos, su peligrosidad y su alto riesgo de reincidencia".
Indicaron además que durante las últimas semanas el condenado ha visitado la misma ciudad donde cometió el crimen y donde vive la familia del fallecido, situación que "afecta gravemente la integridad psíquica y amenaza la integridad física de la madre del niño asesinado y asimismo amenaza la seguridad de toda la sociedad".
El caso recordó lo ocurrido con Hugo Bustamante, quien en 2005 fue condenado a 27 años de presidio por el crimen de su entonces pareja y el hijo de esta última. Sin embargo, en 2016, cuando llevaba cumplidos 11 años de la sanción, recibió el beneficio de libertad condicional. Ya este año fue nuevamente llevado a tribunales como presunto autor de la violación y femicidio de Ámbar Cornejo (16), hija de su pareja al momento de los hechos.
Se actuó en base a lo resuelto por tribunales
Ante las críticas y acciones judiciales que generó la situación, Gendarmería envió un comunicado indicando los hitos en las solicitudes de beneficios penitenciarios.
En 2017, detallaron, el Consejo Técnico aprobó la postulación de Retamal, permitiendo su ingreso al CET de Talca, "en que ha tenido una buena conducta, sin infracciones ni incumplimientos de sus obligaciones, por lo que fue accediendo progresivamente a beneficios intrapenitenciarios, (inicialmente, salida dominical y en la actualidad, salida de fin de semana) según se establece en el reglamento penitenciario".
Ya el primer semestre de este año, agregaron, Gendarmería lo postuló por primera vez a la Libertad Condicional, la que fue rechazada por la comisión respectiva. Ante la decisión, la defensa del condenado presentó un recurso de amparo, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte Suprema.
Ante ello, la Dirección Regional "dispuso reevaluar tanto la permanencia del condenado en el CET, como la conveniencia de que siguiera accediendo a permisos de salida", lo que llevó a que en junio se suspendieran los permisos, disponiendo además el regreso del condenado a la cárcel.
"Contra esta decisión, la defensa del condenado interpuso un nuevo recurso de amparo, señalando que la medida de Gendarmería era ilegal y arbitraria", acotaron, agregando que la acción fue acogida y ratificada por la Corte de Apelaciones y la Suprema, respectivamente.
"Fueron los tribunales los que obligaron a Gendarmería a reponer, tanto el traslado al centro de Educación y Trabajo de donde había salido -lo habían llevado a la cárcel de Talca-, y a entregarle nuevamente los permisos a los que había accedido, que se los habían cortado por decisión interna de Gendarmería".
Ministro Hernán Larraín.
"(...) ordenando la restitución del amparado a su situación previa a la interposición del recurso, por lo que debió ser reingresado al CET de Talca y se le debieron ser restituidos sus permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, en estricto cumplimiento a lo instruido por los tribunales de justicia", cerraron.
En tanto, el titular de Justicia, Hernán Larraín, indicó que la situación será revisada y que la institución penitenciaria actuó en base a lo dispuesto por el Poder Judicial.
"Fueron los tribunales los que obligaron a Gendarmería a reponer, tanto el traslado al centro de Educación y Trabajo de donde había salido -lo habían llevado a la cárcel de Talca-, y a entregarle nuevamente los permisos a los que había accedido, que se los habían cortado por decisión interna de Gendarmería", sostuvo Larraín.
Y agregó: "La situación de Gendarmería ha sido la de actuar por instrucciones de los tribunales de justicia. Estamos trabajando y vamos resolver este tema porque es la única manera de tener un proceso debidamente controlado por los jueces en donde Gendarmería y el sistema penitenciario se va acomodando a una decisión que va siendo controlada por los jueces".
Aseguró además que "hoy día no hay nadie a cargo del proceso. O es Gendarmería a ratos, es a veces este ministerio que tiene que firmar las rebajas de condena, o son los tribunales los que tienen la última palabra como ocurrió en este caso. No hay un sistema racional orgánico, es lo que vamos a constituir a través este proceso que esperamos en los próximos meses presentar como un proyecto".
