Una investigación penal podría iniciarse a raíz del falseo de datos que miles de personas, entre ellas funcionarios públicos, habrían realizado a fin de obtener el Bono Clase Media, dispuesto como una medida para enfrentar la pandemia del covid-19.
Así lo informó este viernes la Fiscalía Nacional, desde donde señalaron que la máxima autoridad del ente persecutor, Jorge Abbott, ya solicitó información al Servicio de Impuestos Internos (SII) para evaluar la apertura de una indagatoria contra quienes resulten responsables.
Fue el Ministerio de Hacienda el que informó durante esta jornada que el SII le entregó resultados preliminares de los procesos de revisión del bono, en los cuales se indicó que 437.703 trabajadores dependientes habrían accedido al beneficio sin cumplir con los requisitos base establecidos por la ley.
En concreto, habrían declarado un monto de remuneración mensual inferior a la pagada por su empleador en julio de 2020. Dentro del grupo, añadieron, 37.100 serían funcionarios de la Administración del Estado.
Ante ello, acotaron desde el Ministerio Público, Abbott ofició al director del SII, Fernando Barraza, para que remita a la brevedad el listado de todas las personas involucradas con el objetivo de evaluar la apertura de una investigación penal.
Esta última, cerraron, sería por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros.
Sobre el caso se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, señalando que "nos parece malo lo que está ocurriendo, y no solamente nos parece incorrecto, sino que además los vamos a perseguir y sancionar. Lo dijimos al principio, lo dijimos en el parlamento, así se aprobó la norma, y es lo que vamos a hacer ahora".
