Los camioneros, a través de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), y
los agricultores, por medio del Servicio Nacional de Agricultura, manifestaron su pesar y rechazo tras la muerte del trabajador en Collipulli.
"Un acto delictual que sólo afecta a un rubro tan necesario para el país como es el transporte de carga. Como CNTC
condenamos los actos vandálicos ocurridos en Collipulli donde un grupo organizado con armamento de guerra, tal como declaró el intendente, Víctor Manoli, atacó a trabajadores de una empresa, quemando sus respectivas camionetas y dejando a un fallecido", señaló la CNTC.
Mediante un comunicado, el gremio agregó que
"este acto terrorista deja en evidencia la nula seguridad que ha proporcionado el Estado a los trabajadores en la región y agrava aún más el conflicto que no tiene solución. Esperamos una pronta respuesta desde el Ejecutivo, para una vez por todas dar la seguridad que cada trabajador necesita para llevar a cabo sus labores, y poner fin a la impunidad de los grupos armados en el sur del país".
Mientras que
Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, apuntó que "¿hasta cuándo seguiremos lamentando la pérdida de vidas humanas en La Araucanía? Hoy sentimos profundamente la muerte de Pedro Cabrera, quien fue víctima inocente de un nuevo ataque terrorista en el sector de Collipulli. Se trataba de un esforzado trabajador agrícola, quien al volver de su trabajo junto a compañeros se convirtió en víctima de un atentado,
siendo baleado cobardemente, con armamento de guerra directamente a la cabeza, con el evidente objetivo de matarlo. Acompañamos y solidarizamos con su mujer e hijas, quienes están sufriendo por esta irreparable e injusta pérdida y velaremos para que se haga justicia".
El líder de la SNA añadió que "la ocurrencia de asesinatos como este demuestra cómo una vez más
las autoridades civiles y policiales han fracasado, permitiendo que grupos paramilitares, provistos de armas de guerra, se muevan a su antojo en una región, donde el narcotráfico asociado al terrorismo, ha hecho imposible que sus habitantes mapuches y no mapuches, puedan vivir en paz".
Para cerrar, comentaron que
"exigimos al gobierno que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida de las personas y su derecho a trabajar y vivir de manera segura. Basta ya de planes y estrategias futuras, la violencia está ocurriendo hoy".
"Es urgente que disponga de todas las herramientas que tiene a su alcance para mejorar la inteligencia policial, reforzar la presencia de fuerzas uniformadas con capacidades suficientes y especializadas para prevenir nuevos ataques, y aumentar el trabajo de ministros en la zona para cumplir con los compromisos adquiridos con la región. También es urgente que el Parlamento asuma su responsabilidad y tramite, sin demora, las leyes necesarias para perseguir y castigar a los autores de estos asesinatos y otros actos delictuales, que ocurren diariamente. Es esencial que las autoridades de los tres poderes del Estado distingan entre las aspiraciones del pueblo mapuche y los repudiables objetivos del narcoterrorismo, que las utilizan cobardemente".
