Nuevamente el uso de cámaras corporales por parte de funcionarios de Carabineros vuelve a estar en la mira. En 2018 los videos fueron clave en el caso de Camilo Catrillanca, y en 2019 para el estallido social.
Así ocurrió también en la investigación por el operativo que dejó gravemente herida y sin visión a Fabiola Campillai. Los registros de ese 26 de noviembre fueron las principales evidencias que expuso hace unos meses el Ministerio Público para la formalización de un ex capitán. Ya ahora, en octubre, las cámaras volvieron a implicar la salida de un informado.
Se trata de Sebastián Zamora (22), detenido y formalizado por la caída que sufrió un adolescente desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho durante las manifestaciones registradas el viernes. Ayer la institución informó el proceso para darlo de baja ya que el joven no informó que ese día portaba una cámara personal, lo que constituye una "grave falta" por incumplir el protocolo establecido.
Según confirmó Carabineros y el ministerio del Interior, se permite portar una personal, pero esta debe ser declarada. Aquello no ocurrió.
El ministro de la cartera, Víctor Pérez, entregó hoy otro antecedentes: que la defensa de Zamora alertó a la fiscalía de la existencia del dispositivo, ya que los registros contenidos "mostrarían que él no habría realizado la acción que en este momento se le imputa". Es decir, que empujó al adolescente.
Los conflictos no terminan ahí. La fiscalía además investiga posibles irregularidades en la licitación de 300 cámaras corporales para Carabineros por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales tuvieron un costo de $378 millones. La autoridad de la aludida subsecretaría, Katherine Martorell ha sido enfática en desestimar las acusaciones.
Millonaria inversión
A la fecha, confirmó Emol, el Gobierno ha invertido $ 1.200.000 millones para equipar a 960 funcionarios de Carabineros con cámaras corporales de alta definición "a fin de prevenir el uso de violencia en procedimientos policiales".
Las entregas, detalla la información enviada a este medio, partieron en 2018,, cuando funcionarios de la 50a Comisaría de San Joaquín recibieron 30 cámaras. La medida ocurría a meses de estallado el caso por manipulación de evidencia conocido como "Operación Huracán".
960Carabineros fueron equipados con cámaras corporales
Al año siguiente, los carabineros de Concepción recibieron otras 20; y los de Estación Central, Providencia y Santiago 310, las cuales fueron financiadas por la subsecretaría y la Asociación de Municipios.
Ya en marzo de 2020 fue la entrega de las 300 que están bajo investigación. Estas se destinaron a personal de Control del Orden Público de las comisarías de Antofagasta, El Loa, 7ª de Valparaíso, 40ª Este, 28ª Oeste, 5ª de Concepción y la 1ª Comisaría de Temuco.
De acuerdo a la minuta de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el objetivo del equipamiento era prevenir hechos de violencia y entregar más seguridad a la ciudadanía. Se consideró que las cámaras aumentarían las probabilidades de identificar a quien cometa una conducta impropia; que servirían de medios de prueba ante los tribunales; y para "monitorear los procedimientos, prevenir que se incurra en malas prácticas e incentivar un comportamiento adecuado por parte del funcionario".
Características y protocolos
La licitación de las 300 cuestionadas cámaras fue adjudicada por Motorola Solutions con su modelo VB-400. De origen y fabricación británica, posee un campo de visión de gran angular de 140°, un lente con ángulos de 120° horizontal, 65° vertical, 140° diagonal y soporta condiciones de baja luminosidad.
Permite grabar hasta 12 horas de video con resolución Full HD, mientras que la persona que porta la cámara no puede acceder, ver o eliminar ninguna imagen desde el dispositivo. Estas no trasmiten en línea, sino que deben ser descargadas.
De acuerdo a la subsecretaría de Prevención del Delito, las evidencias recopiladas se descargan y quedan disponibles en la plataforma VideoManager, las cuales no pueden ser eliminadas por usuarios que no tengan el permiso correspondiente. En tanto, la remoción de la memoria está impedida ya que la cámara viene sellada.
"Carabineros de Chile cuenta con protocolos establecidos para el uso de estos dispositivos y del tratamiento y respaldo de las imágenes. Los carabineros son sometidos a entrenamientos para aprender a usarlas y a descargar las imágenes. Cada entrenamiento dura aproximadamente dos días por unidad policial", agregaron.
En tanto, desde la policía detallaron que las cámaras de corporales se han destinado al personal que desarrolla funciones de Control de Orden Público, aunque acotando que el equipamiento disponible no cubre todo el personal esperado. Que incluso podría ser dificultoso encontrar un software que reciba las imágenes de procedimientos sin problemas, ya que el que se usa actualmente aún está siendo ajustado.
La obligación de uso estaría en aquellos policías capacitados y certificados para utilizar escopetas antidisturbios.
El 17 de julio el Diario Oficial publicó las modificaciones al protocolo para el mantenimiento del orden público, agregando que "todo el personal que emplee escopeta antidisturbios deberá contar con una videocámara corporal, debiendo entregar sus registros al finalizar su servicio para su resguardo y archivo".
