El 13° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso la medida cautelar de prisión preventiva para dos carabineros indagados por los hechos que habrían ocurrido, tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, al interior de la 43° Comisaría de Peñalolén.
Fue el persecutor jefe de la fiscalía de Peñalolén-Macul, Miguel Orellana, el que formalizó a los policías por el delito de torturas. En tanto que un tercer uniformado, por apremios ilegítimos y quedó con arresto domiciliario total.
De acuerdo al persecutor, los delitos se cometieron contra seis personas -cuatro de ellas menores de edad- entre la noche del 20 de octubre y la madrugada del 21 de ese mes. Aseguró que los afectados fueron golpeados y que a uno de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro en reiteradas oportunidades, mientras estaba esposado.
Así también, mostró al tribunal imágenes de menores de edad siendo agredidos, quienes estuvieron una hora con los brazos arriba contra la pared, de acuerdo a su relato.
El caso en cuestión fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que presentó dos querellas, en las que denunciaron que los afectados fueron amarrados a una estructura metálica de la antena de recinto policial, dejándolos colgados de las esposas.
Sin embargo, acotó ayer el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, esto último fue descartado en la investigación que se inició paralelamente con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, "estableciendo que dichos hechos no ocurrieron y, por lo tanto, se solicitará el sobreseimiento definitivo de los mismos".
Fiscalía valora decisión del tribunal
El persecutor Miguel Orellana consideró que la "Fiscalía está satisfecha con la resolución del tribunal (...) Ha coincidido con el Ministerio Público de que, en este caso particular, se dan todos los elementos del tipo penal de tortura, a consideración de los antecedentes del delito y la participación criminal de los imputados que están contenidos en la carpeta investigativa".
Según relató, aquella jornada "las víctimas, al interior de calabozos de la comisaría, fueron golpeadas, incluyendo a menores de edad, y también fueron castigados, según lo estimó el tribunal, por parte de estos funcionarios, con golpes de distintos tipos al interior del calabozo y también utilizando elementos químicos, usados normalmente como disuasivos por Carabineros para provocar en víctimas privadas de su libertad y esposados un sufrimiento, un dolor grave, tanto en la esfera de lo físico como en la esfera de lo psíquico".
Asimismo, explicó que hubo un "aumento del reproche penal, debido a que en su momento (los imputados) ostentaban un rol de funcionarios públicos que tenían como objetivo cautelar y garantizar la vigencia del estado democrático de derecho, el respeto de los derechos humanos de las personas, y en este caso realizaron exactamente lo contrario".
"Estos funcionarios generan además un perjuicio reputacional a la institución de la que formaban parte y en otro sentido además generan una importante desconfianza en instituciones tan relevantes como los Carabineros de Chile, y desde ese punto de vista el reproche que hace el sistema de justicia criminal es mucho mayor", acotó el fiscal Orellana.
