El Ministerio Público resolvió abrir una investigación penal por el supuesto falseo de datos que miles de personas, entre ellas funcionarios públicos, habrían realizado a fin de obtener el Bono Clase Media, dispuesto como una medida para enfrentar la pandemia del covid-19.
La decisión fue confirmada por la Fiscalía Nacional, desde donde señalaron además que el caso quedó a cargo de la persecutora regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
"El fiscal nacional nombró a la fiscal Wittwer según lo dispuesto en el artículo 19 de la LOC del Ministerio Públic
o, considerando la complejidad de los hechos investigados y la necesidad de que opere en distintas regiones", acotaron.
Hace casi ya una semana que la idea de iniciar un proceso penal contra quienes resulten responsables de los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros.
El viernes el ente persecutor dio cuenta que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ya había solicitado al director Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, remitir los antecedentes de los involucrados para evaluar la apertura de una indagatoria.
Ello, ya que el servicio en cuestión había alertado ese mismo día al ministerio de Hacienda de los resultados preliminares de los procesos de revisión del bono, en los cuales se indicó que 437.703 trabajadores dependientes habrían accedido al beneficio sin cumplir con los requisitos base establecidos por la ley.
De estos, 37.100 serían funcionarios públicos.
"La resolución firmada por Abbott establece que el pasado 2 de octubre la Fiscalía Nacional recibió un oficio del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informando que en el proceso de revisión de la entrega del llamado Bono Clase Media el SII reportó que 437.703 personas lo habrían obtenido de manera irregular", detalló el ente persecutor, acotando que ese mismo día se recurrió al SII.
