"Quien me conoce sabe que eso yo no lo voy a hacer (...) eso es un chantaje y yo en política no estoy para soportar chantajes, hay muchos hoy en el país que son chantajeados, que son amenazados y pueden sucumbir, yo por lo menos no lo voy a hacer".
Esas fueron las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, esta mañana en Mesa Central de Canal 13, al ser consultado sobre por qué no remover al general director de Carabineros, Mario Rozas, para así haber eludido la acusación constitucional que diputados de oposición impulsan en su contra, la que se reactivó tras los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el puente Pío Nono.
La respuesta generó molestia entre los impulsores del libelo acusatorio, quienes aseguran que las cosas van por carriles distintos, criticando además la gestión de Pérez y su capacidad para mantener el control del orden público.
El diputado PS, Jaime Naranjo, sostuvo que el ministro Pérez, "siempre, de una u otra forma, ha sido un cómplice silencioso en las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el pasado, y ahora en nuestro país. Uno hubiera esperado que en esa entrevista que más que esbozar meros epítetos descalificatorios sobre la acusación constitucional, hubiera esperado mejor una autocrítica sobre su rol, sobre su gestión, como también del rol que ha cumplido la institución de Carabineros, pero cero autocrítica".
"Cuando él está diciendo que esto es un chantaje, demuestra su nula capacidad, su absoluta incapacidad para abordar la situación que hoy día está enfrentando el país, donde un hubiera esperado una autocrítica sobre la lamentable situación que está ocurriendo en el país".
Jaime Naranjo, diputado PS
Agregó que "cuando él está diciendo que esto es un chantaje, demuestra su nula capacidad, su absoluta incapacidad para abordar la situación que hoy día está enfrentando el país, donde un hubiera esperado una autocrítica sobre la lamentable situación que está ocurriendo en el país, y sobre lo pésimo que ha sido su gestión, no solamente en materia de orden público, sino también en ejercer su mando en torno a la institución de Carabineros".
Por su parte, el diputado PPD, Rodrigo González, sostuvo que "el único chantajista aquí es el ministro Pérez, él ha sido incapaz de resguardar el orden público, de impedir la violencia en Chile, de salvaguardar los derechos humanos y la vida de la gente, la vida especialmente de los que se están manifestando".
"Él está chantajeando a todo el país con la incompetencia de su Gobierno, y con la incapacidad que tiene (...) y ese es el único chantaje, no hay otro chantaje. Aquí Carabineros debe reformarse, porque constituye hoy día un peligro para el país, para la democracia, que haya un cuerpo de Carabineros con un ministro del Interior incapaz de controlar el orden público y de contener la violencia".
En tanto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch comentó que "yo voy a tranquilizar al ministro, no es ningún chantaje, porque creemos que es imperioso sacar al general Rozas, pero eso no va a impedir que continuemos con la acusación constitucional. La acusación constitucional es por la responsabilidad política que le corresponde al ministro por sus acciones e inacciones en relación a Carabineros, a los camioneros y a La Araucanía".
"Yo voy a tranquilizar al ministro, no es ningún chantaje, porque creemos que es imperioso sacar al general Rozas, pero eso no va a impedir que continuemos con la acusación constitucional".
Tomás Hirsch, diputado
"Por lo tanto, son dos situaciones diferentes, puede estar tranquilo (Pérez) que aquí no hay ningún chantaje, estamos planteando que debe sacar al general Rozas, porque no está en condiciones de darle conducción a Carabineros con pleno respeto a los Derechos Humanos y además tenemos una acusación constitucional contra el ministro por la responsabilidad política que le cabe (...) ambas situaciones las queremos continuar y no está una supeditada a la otra", sostuvo.
Esta semana se sortean en la Cámara los miembros de la comisión que revisará el libelo, ante lo cual Hirsch recordó que "todas las bancadas de oposición firmaron la acusación contra el ministro y yo espero que todas las bancadas a su vez le den continuidad a este proceso, creo que sería muy grave relativizar en este momento la acusación, puesto que sería una carta de impunidad para el ministro, para el Gobierno por su inacción en relación a las violaciones a los derechos humanos".
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), calificó como "impresentable" la declaración del ministro Pérez, "donde acusa de chantaje la posibilidad de sacar al general Rozas y evitar así la acusación constitucional. Yo creo que lo que sí fue chantaje fue este paro de los camioneros que finalmente termina con un acuerdo en La Moneda".
Agregó que "los que firmamos la acusación constitucional jamás hemos supeditado el retiro del general Rozas, son cosas absolutamente distintas y hemos determinado desde el primer día que no son vinculantes y que no tiene que ver desde el punto de vista del procedimiento y cómo va a continuar la acusación constitucional".
El diputado Gabriel Ascencio (DC), planteó que "aquí no hay ningún chantaje de ninguna naturaleza, lo que pasa es que a estas alturas, así como estamos, en realidad hoy día no sólo es necesario que se vaya Rozas".
"El irrespeto al Estado de Derecho hace que pareciera ser que se tiene que ir Rozas, pero también que se tiene que ir el ministro del Interior. Por eso, yo creo que la acusación constitucional se justifica tan fuertemente".
Gabriel Ascencio, diputado DC
"Así, con estos ataques permanentes a nuestra institucionalidad por parte del ministro del Interior, al Poder Judicial, Contraloría, pide a la gente que presione a los parlamentarios para obtener las leyes que ellos quieren. El irrespeto al Estado de Derecho hace que pareciera ser que se tiene que ir Rozas, pero también que se tiene que ir el ministro del Interior. Por eso, yo creo que la acusación constitucional se justifica tan fuertemente", concluyó.
La diputada Carmen Hertz (PC), también enfatizó en que existen argumentos para sustentar el libelo acusatorio, y destacó que "la responsabilidad política del ministro Pérez no desaparece con la remoción o no remoción del general Rozas, quien a su vez tiene responsabilidades en las violaciones sistemáticas y graves de los derechos fundamentales de las personas, responsabilidades que la justicia tendrá que establecer en el marco de la querella iniciada en su contra".
