Tras semanas de incertidumbre, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió hoy acceder parcialmente a la petición de la fiscalía Centro Norte y ordenar al Ministerio de Salud (Minsal) entregar parte de los correos electrónicos solicitados en el marco de la indagatoria por presuntas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar al número de personas fallecidas durante la pandemia.
De esta forma, la cartera deberá entregar información que refiera solo a los hechos delictivos denunciados.
"Se resuelve la controversia, declarando que es procedente mantener la diligencia de entrada y registro con incautación de correos electrónicos, vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, con excepción de las comunicaciones detalladas en las letras a) y b del acápite 6 que antecede, las que, por estar comprendidas en la situación que contempla el inciso 2° del artículo 209 del Código Procesal Penal, quedan excluidas de la diligencia ordenada por la judicatura", se lee en el fallo dividido.
Hace casi un mes, el persecutor regional Centro Norte, Xavier Armendáriz pidió al máximo tribunal disponer la total entrega de la información contenida en los correos del ex ministro del Minsal Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete Iziar Linazasoro, y la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, luego que el actual titular de la cartera, Enrique Paris, se negara a la diligencia.
De acuerdo a Armendáriz, el secretario de Estado se "opuso" de manera infundada a la orden entregada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Aseguró que su oposición a la diligencia no debe fundarse "en intereses particulares o en que no se investiguen miembros del Gobierno".
El aludido ministro, en tanto, envió una carta al regional indicando que la entrega de información reservada podría afectar la seguridad nacional, lo cual ratificó ante la Suprema, centrándose en el resguardo de datos sobre compra de insumos y la destinación de efectivos y recursos militares y policiales a labores estratégicas y logísticas relacionadas con la pandemia.
"Es procedente mantener la diligencia de entrada y registro con incautación de correos electrónicos, vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados.
Corte Suprema.
Aseguró que la solicitud del Ministerio Público "resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo", y que el ente persecutor "derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo".
Ya la semana pasada, la defensa del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud Mañalich, y de los subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga se hicieron parte del caso y entregaron su respaldo a Paris, pidiendo a la Suprema no entregar la información, asegurando el retiro de esta resulta "inusual, infundada y precipitada" y que la autorización del tribunal de Garantía que la permitió "adolecía de serios defectos y carecía de todo fundamento legal".
Votaron a favor de la entrega parcial el ministro Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Jorge Gatica y María Gajardo. En tanto, los supremos Haroldo Brito y Jorge Dahm formaron parte del voto de minoría, estando a favor de "entregar la totalidad de la información requerida por el Ministerio Público, sin restricciones".
El caso
La controversia se enmarca en la investigación que en junio de este año el Ministerio Público inició con la denuncia del senador Alejandro Navarro.
El parlamentario ingresó luego una querella -a la que se sumaron otras autoridades- acusando la comisión de diversos delitos como homicidio omisivo, falsificación de instrumento público y negativa o retardo de protección o servicio en la forma de contabilizar y comunicar los fallecidos en pandemia. Las acciones terminaron imputando al Presidente, el ex titular de Salud y su sucesor, Mañalich y Paris, y al subsecretario Zúñiga.
"Las primeras diligencias realizadas por el Ministerio Público han estado dirigidas a requerir a distintas instituciones públicas las bases de datos con las que se proveía al Minsal de información sobre contagios y decesos asociados a la pandemia de covid 19. Esta información sólo ha sido recibida parcialmente", sostuvo Armendariz, plasmando la declaración de diversas personalidades, entre ellas la del ministro Andrés Couve.
Ya el 8 de septiembre, el ente persecutor solicitó al 7° Juzgado de Garantía "entrar, registrar e incautar desde los correos electrónicos institucionales y archivos alojados en los servidores electrónicos respectivos" de Mañalich, Itziar Linazasoro, ex jefa de gabinete del ministro, y Paula Daza. Esto fue autorizado por el ministro titular Darwin Bratti.
Ese día el equipo investigador llegó al Minsal. Sin embargo, la recepción no fue la esperada. "Al ser notificados de dicha autorización judicial, la autoridad pública se opuso en dos oportunidades a la práctica de esa diligencia, esgrimiendo fundamentos diversos", dice el documento enviado a la Suprema.
Sobre lo ocurrido ese día también se refirió el fiscal del caso Marcelo Carrasco en un escrito ingresado al tribunal de Garantía. Dijo que de los tres requeridos solo estaba Daza en el lugar, "quien en ningún momento bajó a la oficina en donde esperamos por una lapso de 3 horas a que llegara ella o el Ministro de Salud, autoridad encargada del lugar".
"El Ministro, a través de un abogado de su Gabinete, (...) nos hizo llegar un Oficio manifestando su oposición a la ejecución de la medida autorizada por el Tribunal. De esta manera no pudieron ser notificados personalmente de lo resuelto por el Tribunal", expuso Carrasco.
