Carabineros respondió al informe publicado hoy por la ONG Amnistía Internacional Chile, que denuncia una "violación generalizada" de derechos humanos en el país tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado.
En el reporte, el organismo concluyó que existe responsabilidad penal de parte del alto mando de la institución policial, por lo que pide a Fiscalía iniciar una investigación en contra del general director Mario Rozas, además de los generales Ricardo Yáñez y Diego Olate.
Al respecto, Carabineros enfatizó en un comunicado que el mandato constitucional de la institución es "garantizar el orden público y seguridad del país", y que a contar del 18-O se produjeron al menos 2.800 eventos graves, considerados "episodios inéditos de extrema violencia".
"Destacamos que en todo momento se hicieron los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes. Asimismo, expresamos nuestro absoluto compromiso con la verdad y transparencia en todos los procedimientos y, especialmente, con aquellos que están siendo investigados por el Ministerio Público. Prueba de ello, son las auto denuncias frente a situaciones que se han alejado de la normativa legal, incluyendo 1.270 procesos administrativos y la permanente colaboración con el Ministerio Público en sus investigaciones", agregó el escrito.
Precisó que en el cumplimiento de las normas vigentes, "Carabineros ha impartido en forma constante instrucciones de los mandos operativos y lineamientos entregados por los mandos estratégicos, con el objetivo de reforzar el respeto permanente de los DD.HH. en cada procedimiento policial".
Esto incluye nuevos protocolos y estrategias operativas en control de orden público, con más de 6.700 funcionarios con formación en materias de DD.HH, reforzando el diálogo previo y las advertencias graduales.
Pese a esto, Carabineros lamentó "que el reporte de Amnistía Internacional Chile contenga una serie de imprecisiones y omisiones", ya que a su juicio el informe "da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por Tribunales de Justicia".
"Todas las denuncias deben ser debidamente investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales le corresponden a los Tribunales de Justicia. En virtud de aquello, y en un Estado de Derecho, un organismo no puede atribuirse el cumplimiento de dicho rol", puntualizó.
Adicionalmente, Carabineros descartó la violación sistemática de derechos fundamentales en el país. "Como institución rechazamos, en forma tajante, que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, y reitera su llamado a la prudencia y a permitir que los órganos del Estado realicen su labor con pleno respeto a la Constitución y la leyes", acotó.
Por último, reiteró "su firme compromiso con el orden público y la seguridad de todas las personas, y con que sus actuaciones se hagan con estricto apego a los DD.HH. de los habitantes del país".
