Mañana se cumple el primer año desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, hecho que generó una serie de consecuencias en distintos ámbitos.
En el sistema judicial penal, por ejemplo, la repercusión generada por los delitos cometidos fue inmediata. Miles de personas comenzaron a ser llevadas ante los tribunales de justicia, generando la saturación de las instituciones involucradas. Cada una debió implementar medidas que les permitieran enfrentar de mejor manera una situación.
En el Poder Judicial se dispuso refuerzo de turnos para llevar a cabo los controles de detención. Además se trabajó con horarios especiales y los jueces de Garantía duplicaron turnos de teléfonos para recibir amparos, los cuales se presentan para que sean los mismos magistrados los que constaten las condiciones en que está una persona privada de libertad, pudiendo eso implicar que se constituyera en el lugar.
En el Ministerio Público la situación fue similar: jornadas extensas y turnos adicionales. Hubo fiscales que cumplieron más de 40 días de trabajo sin un día libre. Para las investigaciones se dispusieron números de teléfonos mediante los cuales la población podía enviar, de forma anónima, registros que dieran cuenta de la comisión de delitos.
Las policías no fueron la excepción. Tanto en Carabineros como en PDI se dispuso la salida de todo su personal -operativo y administrativo-, varios de los cuales debieron trabajar extensas jornadas. Con la policía uniformada se adelantó el egreso de la última promoción, mientras que el hospital institucional también debió reforzar los horarios de trabajo.
Pero ¿cuáles son las cifras que algunas de estas manejan a raíz de la revuelta social?
Detenidos, ataques y carabineros heridos
De acuerdo al catastro enviado a Emol desde Carabineros, entre el 18 de octubre y 31 de marzo se constataron diversas situaciones. El registro en partes policiales señala que en dicho periodo hubo 19.284 eventos, asociados a 29.660 detenidos a nivel nacional.
La mayoría de estos eventos refieren a delitos de orden público (15.203), entre ellos desórdenes (11.588), maltrato de obra a Carabineros (2.051), atentados (1.502), y barricadas (62). También hubo 1.329 saqueos, 197 episodios asociados a la ley de control de Armas, y 242 aprehensiones por orden judicial, entre otros casos.
En cuanto a los casi 30 mil detenidos, la mayoría de ellos son mayores de edad (24.614), mientras que 5.046 aún no cumplían los 18 años al momento de los hechos. La mayoría de las capturas se llevaron a cabo por ilícitos de orden público (20.349), seguido de aquellos sindicados como responsables de saqueos (4.075).
Otra consecuencia del estallido social para la institución uniformada fue la amplia cantidad de policías lesionados. De acuerdo al balance 4.817 carabineros fueron heridos: 4.324 hombres y 493 mujeres. La mayoría de los casos (4.112) implicaron lesiones de carácter leve, seguido aquellas menos grave (405), grave (263) y reservado. En este ámbito se considera un uniformado con pérdida de ojo, 129 con impactos balísticos, 187 con fracturas, 82 con quemaduras, 415 policontusos y 30 con traumas oculares.
Carabineros también reportó daños fiscales, entre ellos 544 ataques a cuarteles, de los cuales 152 quedaron afectados.
La principal unidad afectada fue la subcomisaría de Peñalolén, que para ese entonces sumaba 64 ataques. Ya esta semana se sumó otro, el que además implicó lesiones de gravedad para un teniente. Le sigue la 54a subomisaría de Huechuraba (61), la subcomisaría de Padre Hurtado (50), la 20a de Puente Alto (20), entre otras. La mayoría de los ataques, puntualizaron, ocurrieron en noviembre de 2019, mes en que se constató un promedio de 5,6 casos diarios.
Por último, en los cinco meses analizados la policía reportó 1.198 ataques a vehículos fiscales, los que implicaros daños a 793 de ellos. En este caso, la concentración de casos fue en octubre, con un promedio diario de 24,5.
Formalizados
Por su parte, la Fiscalía Nacional dio cuenta de los hechos asociados a las indagatorias seguidas. desde el 18 octubre de 2019 al 16 de este mes, el ente persecutor formalizó a 5.084 personas por diversos delitos cometidos en ese contexto. De ellas, 648 se encuentran en prisión preventiva, mientras que otros 725 ya fueron condenados.
Los imputados en cuestión están ligados a atentados a estaciones del Metro de Santiago, saqueos, incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional.
Sobre los incidentes en Metro, detallaron que a la fecha 42 personas han sido formalizadas, la mayoría de ellas por la fiscalía Metropolitana Oriente (29). Del total, 10 están privados de libertad y cinco fueron sentenciados.
Sin embargo, el hecho que lleva la mayor cantidad de personas llevada frente a tribunal es el saqueo. A nivel nacional ya se han formalizado 4.004 personas, principalmente en la zona sur de la capital (1.255), seguido de Valparaíso (714) y la parte centro norte de la RM (483). Por esto ya se condenó a 638 sujetos.
Respecto a incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, se formalizó a 208 personas y condenó a 68. Por desórdenes públicos fueron formalizadas 678 personas.
Violencia institucional
Especial detalle entregó el Ministerio Público para abordar los casos de violencia institucional. Si bien 8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado, a la fecha hay 4.681 causas relacionadas vigentes.
A casi un año desde el 18-O, la fiscalía detalló la formalización de 75 personas por delitos relativos a violaciones de DD.HH., de las cuales 25 se encuentran en prisión preventiva y solo un imputado ha sido condenado. Entre los delitos adjudicados figuran los apremios ilegítimos, torturas, lesiones graves, homicidio, obstrucción a la investigación, entre otros.
La mayoría de las formalizaciones se concentran en la región Metropolitana: Oriente (21), Sur (14), Occidente (9) y Centro Norte (8). En Coquimbo ha formalizado a siete personas, Valparaíso a seis y el Biobío a tres. O´Higgins y Aysén han formalizado a dos agentes del Estado, mientras que Tarapacá, Antofagasta y Los Lagos a una persona.
El Ministerio Público ya solicitó audiencia de formalización respecto de otras 22 personas, las se realizarán entre octubre del presente año y enero de 2021.
En tanto, ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se refirió al tema, detallando que se presentaron 2.520 querellas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre y 18 de marzo. La mayoría de ellas fueron contra personal de Carabineros (2.340), seguido por funcionarios del Ejército (94), Policía de Investigaciones (PDI) (34), entre otros (49).
Se reportaron además 3.023 víctimas: 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes, 124 otros. Dentro de ellos se registraron 110 lesiones causadas por trauma ocular, 21 estallidos de globo ocular y 32 pérdidas de visión por daños irreversibles, entre los cuales se consideraron los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
