Tras casi siete meses en suspensión, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol retomó hoy el juicio por el deceso de Camilo Catrillanca, ocurrido durante un operativo policial por un robo con violencia el 14 de noviembre de 2018.
Por el caso, que implicó manipulación de evidencia y una reestructuración en Carabineros, la fiscalía de La Araucanía pidió penas de hasta 15 años de presidio para siete ex uniformados y un abogado que prestaba servicios a la institución uniformada.
Luego de dos primeras suspensiones ocasionadas por la presentación de licencias médicas, el juicio comenzó en marzo. Luego fue nuevamente postergado durante un par de días debido a la pandemia del covid-19, y ya en junio se reagendó para el 27 de octubre. la par, familiares de la víctima expresaban la necesidad de que el proceso en cuestión se llevara a cabo totalmente presencial.
De esta forma el caso estuvo más tiempo a la espera de juicio que en investigación, la que llevó cinco meses.
"(El juicio) se inició en marzo del presente año y se suspendió a consecuencia de la pandemia, en virtud de lo dispuesto en la normativa dictada para este efecto. Inicialmente se había reagendado para julio, pero ante la prolongación del Estado de Excepción Constitucional se reagendó para octubre", dijo a Emol en septiembre de este año el persecutor a cargo del caso, Roberto Garrido.
Se espera que en el juicio, el que se se llevará a cabo de manera semipresencial, declaren 73 testigos, entre ellos ex autoridades como el otrora ministro del Interior, Andrés Chadwick, además de ex carabineros y el personal médico que atendió a Camilo Catrillanca.
Se contará con el testimonio de 36 peritos, incluidos expertos balísticos, forenses, tanatólogos y químicos, entre otros, y la exposición de más de una centena de evidencia.
Penas solicitadas
Según el Ministerio Público, Catrillanca fue asesinado por uno de los cuatro ex funcionarios de Gope que participaron en el procedimiento policial de noviembre de 2018, mientras que el resto de los acusados lo encubrió.
Por ello, se solicitó la mayor sanción para el ex sargento de Carabineros Carlos Alarcón: 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio simple consumado respecto Catrillanca; y cinco años y un día por el homicidio frustrado del adolescente de iniciales M.A.P.C., que se encontraba junto al fallecido el día de los hechos.
En relación al ex sargento Raúl Ávila, la petición fue de cuatro años por el delito de apremios ilegítimos contra M.A.P.C.; tres años y un día más una multa de 21 UTM por infidelidad en la custodia de documento; y 300 días de presidio y una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.
En el caso de los también ex GOPE, Patricio Sepúlveda Muñoz y Braulio Valenzuela Aránguiz, la fiscalía pidió 300 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 6 UTM por el delito de obstrucción a la investigación.
Para Manuel Valdivieso Terán, ex jefe del GOPE en La Araucanía, y para Gonzalo Pérez Vargas, conductor del vehículo en que se desplazaban los cuatro ex carabineros, se solicitaron las penas de tres años y un día más una multa de 21 UTM por infidelidad en la custodia de documentos, y de 300 días de presidio con una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.
Se suman a ellos sanciones de tres años y un día de presidio por falsificación de instrumento público para el coronel (r) Jorge Contreras Figueroa, y 300 días de presidio por obstrucción a la investigación. Para el único no uniformado, el abogado de Carabineros Cristián Inostroza, la pretensión es de 300 días de presidio, una multa de 17 UTM y seis años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el delito de obstrucción a la investigación.
