Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, quienes buscan que se declare inconstitucional el proyecto que sanciona el negacionismo y que fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre.
Se trata de los diputados Camila Flores (RN), Luis Pardo (RN), Osvaldo Urrutia (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), quienes presentaron un escrito suscrito por 56 parlamentarios del bloque, argumentando que la iniciativa coarta la libertad de expresión y que su aprobación en la Cámara no se apegó a las normas de quórum.
El requerimiento, que fue aprobado por 7 votos a 3, contó con los votos de la presidenta María Luisa Brahm, y los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y Rodrigo Pica.
En tanto, votaron en contra de la decisión los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo y María Pía Silva.
Cabe recordar que en específico, l
os legisladores manifestaron que el proyecto vulneraría el artículo 19 de la Constitución Política, en sus numerales 2, 3, 12 y 26, como también el artículo 69, este último debido a que al proyecto se le habrían ingresado modificaciones que no tenían relación directa con su idea matriz.
"Esta es una ley que establecería una censura previa que obligaría a los medios de comunicación a revisar todas las declaraciones, porque además los hace responsables solidariamente de lo que diga una persona en el libre ejercicio de su derecho a opinión y a la libertad de expresión, y por lo tanto, considero que es una ley nefasta desde el punto de vista de los estándares de la libertad de expresión", sostuvo en la ocasión el diputado Pardo.
Por su parte, el diputado Urrutia consideró que "el derecho a la libertad de expresión nos señala categóricamente que la libertad de opinar, de pensar, la libertad de tener una opinión distinta está claramente señalada en nuestra Constitución, por lo que pretender sancionar con cárcel, con pena aflictiva a una persona que piensa distinto, nos parece que tan sólo es anti democrático, sino también contrario a los convenios internacionales que ha firmado Chile y que señalan claramente que una persona no puede ser sancionada y menos amenazada con cárcel por pensar en forma distinta".
Con lo anterior, el tribunal además determinó que este jueves se verá la admisibilidad de la acción.
