La Sala Penal de la Corte Suprema desestimó la petición del ministro de Salud, Enrique Paris, manteniendo de esta forma el mecanismo dispuesto en Garantía para la entrega de correos de la cartera en la indagatoria por presuntas deficiencias en la forma de contabilizar al número fallecidos en pandemia.
De esta forma, el máximo tribunal puso fin al conflicto en torno a la fórmula a emplear para el caso y dio luz verde a la fiscalía Centro Norte para iniciar el proceso de incautación de información.
"Habiéndose pronunciado esta Corte sobre la controversia prevista en el artículo 209 del Código Procesal Penal, no ha lugar por improcedente", dice la resolución.
La última disputa en el caso llegó a la Suprema la semana pasada a raíz de los cabos sueltos que dejó la resolución que dicho tribunal al acoger parcialmente la petición de entrega de correos realizada por el Ministerio Público, señalando que el Ministerio de Salud (Minsal) deberá entregar las conversaciones que contengan información que refiera solo a los hechos delictivos denunciados.
De esta forma, no se entregarían los mensajes que referían a la seguridad nacional, lo cual, según se manifestó en los escritos, constituía la principal preocupación para el Gobierno.
Ante ello, surgieron dudas en torno a la a la fórmula que se aplicaría para filtrar los correos correspondientes al ex jefe del Minsal Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete Iziar Linazasoro, y la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
"Habiéndose pronunciado esta Corte sobre la controversia prevista en el artículo 209 del Código Procesal Penal, no ha lugar por improcedente".
Corte Suprema.
Ante ello, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, acogió la fórmula propuesta por la fiscalía, lo que generó la molestia del titular del Minsal.
Paris ingresó la semana pasada a la Suprema un escrito pidiendo dejar sin efecto dicho mecanismo, ya que a su juicio lo dispuesto por el tribunal de Garantía "no guarda correspondencia con lo resuelto" por la misma Suprema al "nuevamente autorizar el acceso total a los correos originalmente requeridos, sin exigir al Ministerio Público determinar y precisar cuáles de esos correos están vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados".
En reemplazo, Paris pidió ordenar una nueva forma para llevar a cabo la incautación de correos vinculados únicamente con los hechos denunciados.
La cuestionada fórmula
El viernes de la semana pasada el juez Álvarez confirmó la fórmula planteada por el Ministerio Público y que garantizaba una depuración por parte de la autoridad del Ministerio de Salud (Minsal),
Según se lee en la resolución, el ente persecutor podía obtener, a través de la PDI y bajo la supervisión del fiscal del caso, una copia "A" y "B" de la totalidad de los correos electrónicos en cuestión.
El ente persecutor debería conservar la copia "A" en calidad de "comunicaciones retenidas (...) bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella"; mientras que la copia "B" sería entregada a Paris, quien en un plazo de tres días debía singularizar las comunicaciones electrónicas a entregar.
Posteriormente la fiscalía revisaría los documentos filtrados por Paris "a efectos de constatar la pretendida conformidad con la decisión del máximo tribunal", para que luego detectives de la PDI, supervisados por el persecutor a cargo, extrajeran desde la copia "A" las comunicaciones que cumplan con lo establecido por la Suprema.
De esta forma, la fiscalía Centro Norte solo podía acceder a revisar la copia depurada por el ministro, quedando el resto fuera de su alcance.
