Doce días sin poder sesionar lleva el Consejo para la Transparencia (CPLT), luego de la salida de dos de sus miembros, Jorge Jaraquemada y Marcelo Drago, quienes abandonaron sus cargos tras finalizar su periodo de 6 años en el primer caso, y por renuncia en el segundo.
Ante ello, el Presidente Sebastián Piñera envió hace poco más de un mes al Senado las nominaciones para completar esos cupos, ya que el organismo quedó sin el quórum necesario de tres consejeros para reunirse, contando solo con la presencia de su nueva presidenta, Gloria de la Fuente, y el abogado Francisco Leturia.
La propuesta del Mandatario incluyó al magister en ciencias políticas y académico de la Usach,
Bernardo Navarrete, militante DC, y a la directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo (LyD),
Natalia González, ligada a la UDI. Sin embargo, la comisión de Constitución de la Cámara Alta la rechazó este lunes.
El principal argumento fue el vínculo de González con el gremialismo, algo que no fue bien visto por los legisladores de la oposición. El más duro fue el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien le pidió aclarar si seguiría trabajando en LyD si es que resultaba designada en el CPLT.
Asimismo, el legislador cuestionó las opiniones vertidas por la jurista en distintos medios de comunicación. "Las intervenciones en que la he visto denotan un cierto fanatismo", añadió, junto con recalcar que el organismo debe "darles a todos garantías de ecuanimidad, ponderación, equilibrio, distancia de los extremos y fanatismos".
La postura de Huenchumilla fue respaldada por sus pares de la oposición, pese a que la misma nueva directora del CPLT forma parte de la fundación progresista Chile 21 y a que su antecesor fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. De hecho, ninguno dejó sus cargos para ejercer en el organismo, como argumentó González.
"Las intervenciones en que la he visto (a González) denotan un cierto fanatismo".
Francisco Huenchumilla, senador DC
Durante el debate, la senadora
Luz Ebensperger (UDI) acusó que "lo que algunos senadores están haciendo es censurar a una gran profesional porque no comparten sus opiniones", lo cual fue respaldado por el ministro Secretario General de la Presidencia,
Cristián Monckeberg, quien criticó que esas posturas "me dejan un poco de amargura".
Ante ese escenario, todo indica que ambos nombres serán rechazados en la Sala del Senado cuando sean revisados durante esta jornada, lo cual motivó a la presidenta del CPLT a hacer un llamado al Congreso a que resuelva cuanto antes la situación, ya que el organismo está paralizado y acumulando casos sin revisar.
Al respecto, tras sostener una reunión con el Contralor General, Jorge Bermúdez, De la Fuente advirtió que "no tenemos posibilidad de sesionar, en la medida en que no tengamos el mínimo de al menos tres miembros, que es lo que necesitamos como quórum. Entonces esperamos que esto se pueda solucionar a la brevedad".
Asimismo, ante los cuestionamientos hacia la candidatura de González, De la Fuente comentó que son temas que cabe abordar en el marco de la tramitación del proyecto que moderniza la Ley de Transparencia. Al respecto aseveró que no hay inhabilidades en la normativa vigente y agregó que éstas "se deben discutir".
Error de la legislación
En ese sentido, sobre su situación particular, la cientista política destacó que renunció a su cargo en Chile 21 al asumir como titular del CPLT. "Me pareció que lo adecuado era no tener esta vinculación, entendiendo también que el estándar en Chile ha ido cambiando en esta materia y por lo tanto tomé una decisión personal", dijo.
Sin embargo, la actual situación reactivó la discusión para hacer modificaciones al gobierno corporativo de la institución, con miras a evitar esas situaciones y el vacío actual, que ya había ocurrido en 2011 tras la salida de Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia, y en 2017, tras el fin del periodo de Vivianne Blanlot y José Luis Santa María.
Al respecto, el
director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, señaló a
Emol que "lamentablemente esta es una situación que cada cierto tiempo vuelve a darse, cuando ocurren estas vacancias de consejeros, con lo cual evidentemente el sistema está mostrando una falencia".
"Mientras los senadores deliberan, que tienen todo el derecho para hacerlo y elegir los mejores nombres a su criterio, el Consejo queda sin la posibilidad de sesionar. Eso genera problemas, como la acumulación de causas y de funcionamiento desde el punto de vista de la resolución de las competencias propias del consejo", añadió.
Según el representante del capítulo chileno de Transparencia Internacional, "eso es evidentemente algo que se debiese evitar, estableciendo que los nombramientos puedan ser previos o que se extienda el periodo de los consejeros mientras el nombramiento está en el Senado para que las sesiones no dejen de realizarse".
Además, ante la situación de González, Precht comentó que "lo que hemos visto acá no tiene que ver con las personas que se están proponiendo, sino que tienen que ver con un sistema de nombramiento que ha quedado absolutamente obsoleto y que responde a una lógica que hoy ya no debieses utilizarse, sino que tomar otro tipo de criterios".
"Debiese apostarse a que los consejeros del CPLT tengan dedicación exclusiva y de esa forma no tengamos esta discusión".
Alberto Precht, director ejecutivo Chile Transparente
"
Debiese apostarse a que los consejeros del CPLT tengan dedicación exclusiva y de esa forma no tengamos esta discusión. Ahora se da que los consejeros puedan tener otro tipo de labores que los lleva a tener que inhabilitarse en ciertos casos y eso debiera evitarse, sobre todo con la carga de trabajo que el organismo tiene", enfatizó.
Consultado sobre si la Ley de Transparencia 2.0 contiene estos aspectos, el experto indicó que "no, pero el Gobierno ha mostrado la intención de enviar una indicación que mejore el gobierno corporativo del CPLT y eso nos parece muy importante. Esperamos que esta sea la última vez que tengamos este sistema de nombramiento".
"Es necesario evitar la politización de un órgano que es de carácter técnico (…) nos parece que debiese existir un catálogo de inhabilidades que no permitan que personas sancionadas por materias de probidad o que ejerzan actividades de lobby puedan ser consejeros. Nos gustarían que estuvieran las personas más aptas".
Otra alternativa
En tanto, tras ser consultados por este medio, desde Espacio Público también apuestan por hacer modificaciones legales para mejorar el sistema de nombramientos que depende del Senado, para lo cual han aportado en el debate de la modernización de la ley de transparencia, como en el de un proyecto dedicado específicamente a ese tema.
Se trata de una iniciativa de los ex diputados Jaime Bellolio (UDI), Osvaldo Andrade (PS) y de los actuales legisladores Gabriel Boric (CS), Karol Cariola (PC), Daniela Cicardini y Maya Fernández (PS), que fue ingresada en mayo de 2016 y se encuentra en segundo trámite constitucional.
Dicho proyecto busca establecer un procedimiento que permita
evaluar la idoneidad de las personas que postulan, sus cualidades, experiencia laboral, académica, la eventual presencia de conflictos de interés, entre otras materias, con el objetivo de garantizar que quienes resulten nominados tengan las competencias que cada cargo exige.
En ese contexto, a través de un documento, desde la entidad recordaron que actualmente tanto el Senado como la Cámara de Diputados participan o realizan nombramientos en diversas entidades colegiadas o unipersonales relevantes en nuestra institucionalidad.
Entre ellas están los miembros del Servel, Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia, el Banco Central, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros. De hecho, en total intervendrían en nombramientos de 24 instituciones o entidades en el Senado y en 6 en la Cámara de Diputados.
Asimismo, advirtieron que "la ley orgánica del Congreso no contempla un procedimiento o normas sobre estos nombramientos en los cuales interviene, no habiendo un estándar común en ambas Cámaras al respecto, lo que conviene uniformar".
"Muchos de los organismos o entidades en que el Congreso participa en su nombramiento son más bien técnicos, razón por la cual se hace necesario que las personas designadas tengan las competencias necesarias para el cargo (…) conviene adecuar estos estándares a la transparencia y participación ciudadana que hoy se demanda por parte de la ciudadanía y la opinión pública", añade el texto.
En esa línea, desde Espacio Público señalaron que "por esto, se hace necesario establecer en la ley un procedimiento común para ambas Cámaras que garantice lo anterior y que los procesos de designaciones en que participa el Congreso se hagan de cara a la ciudadanía con audiencias públicas".
