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Santiago: Domingo 06 de octubre del 2024 | Actualizado 09:26
Quiero despejar cualquier duda en el sentido de que mi decisión de renuncia tuvo un concepto político y no de cruzar responsabilidades para el otro lado (Senado). Las acusaciones tienen un sentido político, de complicarle la vida al Presidente y dejar sin ministro del Interior durante muchos días y a mí me pareció insostenible y por eso renuncié inmediatamente terminada la sesión.
Él cometió un error inexcusable, porque señaló que no tenía responsabilidad para velar por el orden público, lo que reviste un acto de extrema gravedad... El actuar como jurado solo nos obliga a decidir en conciencia si lo hizo bien o lo hizo mal y, por eso, voy a aprobar la acusación.
Tengo la independencia de juicio para ser claro y franco en esta materia (...) No comparto la tesis de los acusadores (...) Con qué moral podría yo sentar en el banquillo de los acusados a Víctor Pérez. Yo me niego a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses en el cargo (...) Me resisto a colgarlo en la plaza pública por la responsabilidad de Carabineros, porque todos somos responsables.
Quiero aclarar que tengo mucha simpatía por Víctor Pérez, he estado con él en muchas comisiones, pero entiendo que no estoy acá para juzgar una amistad. Cuando en un país las violaciones a los DD.HH. se hacen tan habituales que dejan de horrorizar a la gente, este gobierno se impide gobernar a sí mismo, no necesita de la oposición para eso.
Es una acusación profundamente injusta, infundada y que tergiversa lo que ha sido la trayectoria política y democrática de Víctor Pérez. Una acusación constitucional tiene que ajustarse a la verdad y en este caso se aparta de la verdad de cómo ocurrieron los hechos.
Las conductas que se le atribuyen al ex ministro del Interior no son superficiales ni menores, sino hechos muy significativos para la vigencia del régimen democrático y de la calidad de nuestra democracia.
La acusación constitucional debe ser una herramienta utilizada con prudencia y rigor. No puede ser un mero juicio político sin ningún tipo de fundamento.
El ex ministro tiene responsabilidad política de estos hechos, porque más allá de si estaba o no a cargo de la seguridad interior, fue él quien negoció con los camioneros que impulsaban actos ilegales.
Si aprobara este libelo podría ser mas popular u obtener aprobación en las redes, pero no estoy disponible para dejarme llevar por llamados de unidad, cuando no se pregunta la opinión al momento de iniciar esas acusaciones. No puedo aprobar una acusación que trasciende al acusado y afecta la función pública con independencia de quien la ejerza. Chile merece mucho más y de una vez por todas terminar con esta ofensiva de acusaciones constitucionales.
Ante la acusación uno puede tener diferentes interpretaciones, pero su ejercicio no lo relativizo. Al ministro del Interior se le ordena el acatamiento del orden público y, claramente, lo que vimos en las movilizaciones de camioneros fue a un ministerio que no ejecutó las leyes en el orden público; además, entendemos que hubo una desigualdad brutal ante la ley.
