Galli, junto al director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, en el balance.
Aton
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que las protestas contra el gobierno registradas de ayer en Santiago, Concepción, Antofagasta y Coquimbo, entre otras ciudades, dejaron 46 detenidos, la mitad en la Región Metropolitana.
Las cifras las entregó en el balance a nivel nacional de la labor operativa e investigativa de la policía, junto al director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Esteban Díaz.
"Ayer hubo
34 eventos a lo largo de Chile en que resultaron detenidas 46 personas, 23 de ellas en la Región Metropolitana y otras 23 en el resto del país. Parte de ellos fueron por saqueos de una farmacia, de un local de comercio eléctronico en la RM. Por lo tanto, claramente aquí no hay manifestación legítima, aquí lo que hay es delincuencia", afirmó.
Galli dijo que "aquellas personas que se están convocando, que son pocas, no son más de 400 que se reúnen en el centro de Santiago y en algunas regiones del país que generen graves desórdenes públicos, no creen en la democracia".
34"eventos" hubo ayer lunes a lo largo del país, según cifras de la Subsecretaria de Interior.
"Las personas que salen, que destruyen, que cometen desórdenes públicos no creen en el resultado democrático (del Plebiscito). Qué es lo que demandan,
la libertad para aquellas personas que están privadas de libertad como consecuencia de haber cometido los mismos delitos que se vieron ayer: saqueos, lanzamiento de bombas molotov, por incendios", aseguró.
Asimismo, el subsecretario indicó que "tanto Carabineros como el Gobierno va a seguir haciendo de trabajo de mantener el orden público y de restablecerlo cuando sea interrumpido. Ayer hubo lesionados que nada tienen que ver con esta violencia, una señora de 74 años que recibió una pedrada que fue atendida por Carabineros".
Las protestas que comenzaron el 18-O y paralizadas hasta hace más de un mes por la pandemia critican la gestión de La Moneda y, por ejemplo, rechazan la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
