La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió este martes al proyecto de ley que busca indultar a quienes fueron detenidos en el marco de protestas a raíz del estallido social, recalcando que la decisión final será del Parlamento y descartando que los jueces se vean afectados por posturas políticas al momento de resolver.
"El Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular no puede comentar ni valorar el ejercicio de las prorrogativas que la Carta Fundamental le entrega a parlamentarios. Y será en esa sede, en el Congreso Nacional, donde deberá analizarse si es pertinente o no que sea ley de la República una indulte a las personas a las que se refiere esa dicha ley", partió señalando.
"La calificación de un determinado hecho es un delito común o un delito de carácter político corresponde hacerlo previo análisis de la prueba".
Ministra Gloria Ana Chevesich.
Y agregó: "No puede un juez o jueza hacer una anticipación previo a conocer los antecedentes de la causa, pero hay que tener certeza y tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado".
De acuerdo a Chevesich, los magistrados lo hacen "conforme a las pruebas que rinden partes, Ministerio Público, Defensoría Penal, sea pública o privada,, analiza la prueba, y con su mérito deberá considerar le hecho, ya sea como delito común, político, y deberá dictar las medidas que estima pertinentes".
A la fecha, se han formalizado a miles de personas, y otras cuantas ya han sido condenadas por los tribunales justicia.
Ante ello, la vocera recalcó que "los tribunales, tanto de Garantía como de lo Oral en lo Penal, resuelven los asuntos que son puestos en su conocimiento a través de la acusación o requerimiento que formula el Ministerio Público, y esto tiene que dar origen, si así lo estima pertinente, a un juicio de características oral y público".
"Es en esa instancia que las partes deben presentar las pruebas, en este caso el Ministerio Público, para acreditar los hechos y la participación que le atribuye a determinadas personas (...) Y la Defensoría Penal deberá hacer sus planteamientos y rendir pruebas que estime pertinente", acotó.
Ya en su sentencia, el Poder Judicial deberá resolver "en el caso concreto y previa entrega de antecedentes por ambas partes".
"La calificación de un determinado hecho es un delito común o un delito de carácter político corresponde hacerlo previo análisis de la prueba", cerró.
Sobre el proyecto impulsado por parlamentarios de oposición se refirió también el fiscal nacional Jorge Abbott, quien aseguró a Tele13 Radio que con este "se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social".
