Los dichos y actuaciones de la senadora Adriana Muñoz por aquellos llevados ante tribunales por hechos ocurridos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 siguen generando debate.
Primero fue con el proyecto de ley que impulsó junto a otros parlamentarios de oposición, en el cual se busca el indulto para quienes tienen causas por el llamado 18-O. La iniciativa generó inmediato rechazo por parte del Gobierno y que el Presidente Sebastián Piñera adelantara un veto.
Ante ello, Muñoz le contestó: "Cuando el Presidente de la República anuncia un veto, lo que hace es amordazar este debate, lo que hace es ahogar el intercambio de ideas, lo que está absolutamente reñido y alejado de un sistema democrático".
Ayer, la representante PPD volvió a abordar el tema en conversación con Cooperativa, afirmando que "hay casi 800 personas que están en prisión preventiva que no tienen proceso alguno".
La información la dio sin entregar más detalle ni precisar a qué se refería con no tener "proceso alguno". Sin embargo, los 800 mencionados no coinciden con ninguna de las cifras entregadas por instituciones ligadas al sistema de justicia en el último tiempo, las que a su vez tampoco se acercan entre sí.
De acuerdo al balance realizado por la Fiscalía Nacional a un año del estallido social, 5.084 personas fueron formalizadas por delitos en ese contexto, de las cuales 648 se encontraban en prisión preventiva al momento de la entrega de datos, mientras que otras 725 ya habían sido condenadas.
Por su parte, informó La Tercera, las estadísticas levantadas por la Defensoría Penal Pública -institución que representa el 92% de los casos que tramitan en el sistema penal- para comienzos de noviembre indicaban que en 157 casos se dispuso la reclusión, lo que significaba el 17% del total de casos.
En tanto, hoy el defensor nacional Andrés Manhke aseguró a Cooperativa que 69 personas han estado recluidas por más de un año.
Ello, descartando una de las afirmaciones de Muñoz: "Todas están con proceso, todas fueron imputadas y formalizadas por el Ministerio Público y pasaron por audiencia de control de detención".
Las cifras vuelven a cambiar si se analizan aquellas que maneja el ministerio del Interior como interviniente.
La cartera señaló a "El Mercurio" que, con motivo del estallido social, se presentaron 541 querellas -448 en la región Metropolitana y 93 en regiones- contra 1.809. Agregaron además que, del 18-O al 16 de diciembre habían 140 imputados asociados a 57 causas en prisión preventiva.
