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Abogados para las víctimas de la delincuencia: Los detalles del proyecto que propone crear mejorar el acceso a la justicia

La iniciativa firmada este domingo por el Presidente Sebastián Piñera pretende unificar y mejorar la asistencia jurídica que entrega actualmente el Estado.

03 de Enero de 2021 | 18:17 | Por Felipe Vargas, Emol
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El texto legal fue dado a conocer este domingo en el Palacio de La Moneda.

Presidencia.
Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que propone la creación de un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y una Defensoría de Víctimas de Delitos, con los cuales el Gobierno pretende unificar y mejorar la representación de las personas que han sido víctimas de la delincuencia.

Actualmente, la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita a los ciudadanos está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública (DPP), que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público.

En tanto en materias civiles, laborales y de familia existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Durante el año 2019, las corporaciones de asistencia judicial dieron asesoría u orientación legal a 650.496 personas y patrocinaron judicialmente a 177.609 personas para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia.

Sin embargo, según explicaron desde el Ejecutivo, no existe una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que éstas no reciben defensa jurídica o recurren a las mismas corporaciones de asistencia judicial, que entregan una oferta limitada.

Durante 2019, éstas corporaciones atendieron solo a 3.355 personas en materias penales, y presentaron acciones judiciales en 1.917 casos, aunque el número total de víctimas de delitos violentos es cercano a 95.000 por año.

Asimismo, según datos de la Fiscalía, en 2019 se iniciaron más de 1,8 millones de procedimientos o investigaciones en el país. De ellos, solo un 13% llegó al final de un proceso judicial, y más de la mitad terminaron en archivo provisional o por decisión de no perseverar, entre otras causales.

Por ello, la iniciativa impulsada por el jefe de Estado propone unificar en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes y los programas especializados existentes.

Esta institución prestaría servicios en materia civil, laboral, de familia y penal, a través de la Defensoría de Víctimas. Adicionalmente, contempla una línea de Derechos Humanos, para asesorar y representar jurídicamente a personas cuyos derechos han sido vulnerados.

Defensoría de Víctimas y Consejo Nacional

En cuanto a la Defensoría de Víctimas de Delitos, desde La Moneda detallaron que su objetivo es defender los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente con abogados y otorgándoles asistencia psicológica y social a todas las personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

Dicho organismo concentraría lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Finalmente, el texto legal implica también la creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, para contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo principal es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia y que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y la sociedad civil.

Al respecto, el jefe de Estado destacó que "en Chile existe la Defensoría Penal Pública, que defiende a los imputados de haber cometido un delito. Sin embargo, no existe una Defensoría que proteja a las Víctimas de esos delitos. Este absurdo desequilibrio e injusticia en la forma en que el Estado defiende los derechos de los imputados de cometer delitos y de las víctimas de esos delitos, tiene que terminar y ahora".

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que "la clave de este proyecto es que junta la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia, que lamentablemente le es negado a una parte importante de los chilenos. No es solamente tener un abogado, sino que tener una institucionalidad que proteja sus derechos".

"El servicio nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas se constituye como una oportunidad para cumplir esa deuda con la ciudadanía chilena, de darle a todos protección de sus derechos. Este mayor acceso a la justicia que esperamos garantizar va a tener algunas líneas muy destacadas, siendo la primera y más relevante la Defensoría de Víctimas, puesto que a través de ella le vamos a dar a quienes hoy día son afectados por la delincuencia un abogado", enfatizó.

Finalmente, su par de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, recordó que "muchas veces hemos recibido la crítica de que el Estado trata mejor a los delincuentes que a las víctimas. Eso ocurre porque la oferta que da Estado para atender a las víctimas hasta hoy está disgregada".

"Muchas veces la gente no conoce cuáles son las alternativas, este nuevo proyecto va a ser centralizar todo el apoyo que las víctimas necesitan, quieren y también merecen. A partir de ahora le pedimos al Congreso el apoyo transversal a un muy buen proyecto que se pone del lado de la gente, que lo que hace finalmente es emparejar la cancha para que todos y todas se sientan más seguros", concluyó.

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