Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que propone la creación de un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y una Defensoría de Víctimas de Delitos, con los cuales el Gobierno pretende unificar y mejorar la representación de las personas que han sido víctimas de la delincuencia.
Actualmente, la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita a los ciudadanos está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis. En materia penal, existe la Defensoría Penal Pública (DPP), que defiende a los imputados por delitos y opera como contraparte del Ministerio Público.
En tanto en materias civiles, laborales y de familia existen cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Durante el año 2019, las corporaciones de asistencia judicial dieron asesoría u orientación legal a
650.496 personas y patrocinaron judicialmente a
177.609 personas para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia.
Sin embargo, según explicaron desde el Ejecutivo, no existe una institución que defienda a las víctimas de delitos, por lo que éstas no reciben defensa jurídica o recurren a las mismas corporaciones de asistencia judicial, que entregan una oferta limitada.
Durante 2019, éstas corporaciones atendieron solo a 3.355 personas en materias penales, y presentaron acciones judiciales en 1.917 casos, aunque el número total de víctimas de delitos violentos es cercano a 95.000 por año.
Asimismo, según datos de la Fiscalía, en 2019 se iniciaron más de 1,8 millones de procedimientos o investigaciones en el país. De ellos, solo un 13% llegó al final de un proceso judicial, y más de la mitad terminaron en archivo provisional o por decisión de no perseverar, entre otras causales.
Por ello, la iniciativa impulsada por el jefe de Estado propone unificar en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes y los programas especializados existentes.
Esta institución prestaría servicios en materia civil, laboral, de familia y penal, a través de la Defensoría de Víctimas. Adicionalmente, contempla una línea de Derechos Humanos, para asesorar y representar jurídicamente a personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Defensoría de Víctimas y Consejo Nacional
En cuanto a la Defensoría de Víctimas de Delitos, desde La Moneda detallaron que su objetivo es defender los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente con abogados y otorgándoles asistencia psicológica y social a todas las personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.
Dicho organismo concentraría lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Finalmente, el texto legal implica también la creación del
Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, para contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo principal es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia y que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y la sociedad civil.
Al respecto, el jefe de Estado destacó que "en Chile existe la Defensoría Penal Pública, que defiende a los imputados de haber cometido un delito. Sin embargo, no existe una Defensoría que proteja a las Víctimas de esos delitos. Este absurdo desequilibrio e injusticia en la forma en que el Estado defiende los derechos de los imputados de cometer delitos y de las víctimas de esos delitos, tiene que terminar y ahora".
En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que "la clave de este proyecto es que junta la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia, que lamentablemente le es negado a una parte importante de los chilenos. No es solamente tener un abogado, sino que tener una institucionalidad que proteja sus derechos".
"El servicio nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas se constituye como una oportunidad para cumplir esa deuda con la ciudadanía chilena, de darle a todos protección de sus derechos. Este mayor acceso a la justicia que esperamos garantizar va a tener algunas líneas muy destacadas, siendo la primera y más relevante la Defensoría de Víctimas, puesto que a través de ella le vamos a dar a quienes hoy día son afectados por la delincuencia un abogado", enfatizó.
Finalmente, su par de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, recordó que "muchas veces hemos recibido la crítica de que el Estado trata mejor a los delincuentes que a las víctimas. Eso ocurre porque la oferta que da Estado para atender a las víctimas hasta hoy está disgregada".
"Muchas veces la gente no conoce cuáles son las alternativas, este nuevo proyecto va a ser centralizar todo el apoyo que las víctimas necesitan, quieren y también merecen. A partir de ahora le pedimos al Congreso el apoyo transversal a un muy buen proyecto que se pone del lado de la gente, que lo que hace finalmente es emparejar la cancha para que todos y todas se sientan más seguros", concluyó.