Este lunes, la comisión de Constitución del Senado revisó el proyecto de ley que permitiría a las personas realizar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones que están en las AFP para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, iniciativa que ha sido rechazada por parte del Gobierno.
De hecho, se espera que, de avanzar en esa instancia, el Ejecutivo ingrese un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir su aplicación, tal como lo señaló el Presidente Sebastián Piñera, quien el viernes pasado comentó que "siempre, vamos a defender el respeto a la Constitución que es esencial en un Estado de Derecho".
"Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado
y de ser necesario en el Tribunal Constitucional", añadió, apuntando de ese modo al organismo, el cual nuevamente tendría que dirimir si es viable o no el proyecto, que cuenta con una alta aprobación ciudadana.
En ese contexto, vale la pena revisar quiénes son los jueces que revisarían el texto legal y cómo votaron ante el segundo retiro, el cual fue rechazado por la instancia por estrecho margen, ya que se produjo un empate que fue resuelto con el voto dirimente de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm.
No obstante, en esta ocasión, hay dos mociones que establecen una reforma permanente sobre el retiro, a diferencia de la vez pasada que se hizo a través de disposiciones transitorias. Este escenario podría hacer que algunos ministros revisen su postura, ya que se podrían haber subsanado los vicios de inconstitucionalidad.
Con todo, el debate del TC se desarrollará en medio de una intensa pugna entre sus miembros, debido a las acusaciones de maltrato laboral que pesan sobre Brahm y las dudas que surgieron tras el ingreso de funcionarios de la PDI al edificio del organismo propiciado por la titular de la entidad.
Sus miembros y sus posturas frente al 10%
El TC está compuesto por 10 jueces, que son designados por distintas vías, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución. Tres de ellos son nombrados por el Presidente de la República, cuatro son elegidos por el Congreso: Dos por el Senado y dos propuestos por la Cámara de Diputados, que son revisados por la Cámara Alta.
Para su aprobación o rechazo, se realiza una votación única en la que se necesitan dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio. Los otros tres miembros son elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.
Los miembros del tribunal duran nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Además, deben tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública y no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez.
Actualmente,
Brahm es su presidenta, quien fue designada en 2013 por el Presidente Piñera. Es abogada de la Universidad Católica y fue jefa de asesores del Mandatario durante su primer periodo en La Moneda. Ante la discusión del segundo 10%, estuvo en contra de la iniciativa, destrabando el empate producido entre los ministros.
A favor de declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa también estuvo el ministro Iván Aróstica, abogado de la Universidad de Chile y quien lideró el tribunal entre 2017 y 2019. También fue designado en 2013 por Piñera, pero mantiene una dura pelea con Brahm, quien lo acusó de postergar casos de DD.HH. durante su mandato.
Otro juez que estuvo en contra del segundo 10% fue Cristián Letelier, ex diputado UDI por el ex distrito 31 en la Región Metropolitana, cargo al que llegó para reemplazar a Gonzalo Uriarte en 2011. Abogado de la Universidad Católica, fue nombrado como ministro del TC por el Senado en 2015.
Quien también acogió el recurso del Gobierno fue el abogado de la Universidad Católica, Miguel Ángel Fernández, quien al igual que Aróstica y Brahm, también fue designado por el Presidente Piñera en 2018. Posee una amplia trayectoria académica y alegó ante el TC por Chile Vamos ante la discusión de la ley de aborto en tres causales.
El quinto voto a favor de declarar la inconstitucionalidad del segundo 10% provino del abogado de la Universidad de Chile, José Ignacio Vásquez, quien fue designado en el TC por la Corte Suprema en 2015. Al igual que Aróstica, este juez también fue apuntado por Brahm como responsable de retrasar causas de DD.HH..
Entre quienes estuvieron por dar luz verde al segundo 10% hubo cinco ministros. Uno de ellos fue Gonzalo García, abogado de la Universidad Católica que llegó al tribunal tras ser propuesto por la Cámara de Diputados. Fue subsecretario de Marina y de Guerra durante el gobierno de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, respectivamente.
Al igual que García, el abogado de la Universidad Católica, Juan José Romero, fue designado en el TC tras ser propuesto por la Cámara Baja. Su voto en contra del requerimiento del Gobierno sorprendió en su momento, dado que es hijo del ex senador de RN y ex embajador, Sergio Romero.
La misma postura tuvo el abogado de la Universidad de Chile y militante del PS,
Nelson Pozo, designado como ministro en 2015 por el Senado, y la abogada de la Universidad Católica,
María Pía Silva, quien fue nombrada como integrante del tribunal en 2018 por la Corte Suprema.
Finalmente, la instancia se completa con el abogado de la Universidad Central, Rodrigo Pica, quien también apoyo el segundo retiro y es el miembro que lleva menos tiempo en el TC, tras ser designado en marzo de 2020 por la Corte Suprema en reemplazo de Domingo Hernández. Es el encargado de analizar las acusaciones contra Brahm.
Pica será el primero en terminar su periodo en el TC el próximo 13 de junio de este año, iniciando una serie de cambios en su composición. En marzo de 2022, los ministros Aróstica, Brahm, García y Romero serán reemplazados, decisión que corresponderá al próximo Presidente de la República y al nuevo Senado.