Prensa Sebastián Torrealba.
Una reunión con el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo ayer el diputado Sebastián Torrealba (RN) para abordar una propuesta de rehabilitación para enfermos post covid-19, la cual les permita no sólo costear sus medicamentos, sino también las terapias de rehabilitación.
Se trata de secuelas graves e invalidantes que padecen aquellos casos confirmados que se recuperan luego de la enfermedad pero que necesitan de rehabilitación, con el alto costo físico y económico que esto significa.
Torrealba explica que "estamos hablando de personas quienes después de ser víctimas del covid deben volver a aprender a caminar a hablar e incluso alimentarse, para lo cual necesitan de constante ayuda de un amplio equipo médico, lo que obviamente resulta inalcanzable".
El proyecto es un símil al GES, pero se ejecutaría a través de una ley transitoria a 3 años, con posibilidad de reactivarse en caso de extenderse la emergencia. Llegará a alrededor de 50 mil personas, que corresponden a los pacientes con secuelas graves (5% de los confirmados recuperados).
En la práctica constará de una canasta de medicamentos - a precio Cenabast- con los fármacos más utilizados por los pacientes con secuelas post Covid e incluirá una serie de terapias de rehabilitación a cargo de profesionales de la salud que estarán en la canasta, tales como: Broncopulmonar, Medicina Interna, Medicina Familiar o Geriatría, Fisiatra y Psiquiatra. Dependiendo de los órganos comprometidos: nutriólogo, otorrino, cardiólogo, Infectólogo, neurólogo, urólogo, cirujano plástico (si hizo úlcera por presión) y anestesiólogo. Junto a ellos, se suman otros profesionales como kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo y enfermera.
Los pacientes podrán ingresar a rehabilitación siendo parte de esta cartera que se reactivaría mes a mes. Para poder velar por una implementación eficiente, se creará una Comisión externa que evalúe con criterios determinados la continuación del tratamiento, así no queda a disposición de los profesionales tratantes.
Esta propuesta sería de cargo 100% estatal en el caso de los usuarios de Fonasa y 100% de cargo de las Isapres, en el caso de los pacientes usuarios de dicho sistema. Iniciativa que sería patrocinada por el Gobierno.