El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, salió esta mañana al paso de las voces en la oposición y organizaciones sociales que aseguran que las personas que están en prisión preventiva por delitos cometidos en el contexto del estallido social son "presos políticos", y también del proyecto de indulto que avanza en el Senado.
En conversación con radio Cooperativa, el jefe de Ministerio Público enfatizó: "Haré una afirmación categórica,
en Chile no existen presos políticos, hasta el momento nadie ha podido particularizar una situación (de esta naturaleza), yo he invitado a las personas a que nos indiquen casos concretos y específicos en los cuales existiría una situación como a que se reclama".
"Lo que se hace son afirmaciones de carácter general sin que, en definitiva,
se indiquen personas ni hechos específicos", añadió.
Respecto del proyecto de indulto, cuya idea de legislar fue aprobada por la Comisión de Seguridad Pública del Senado y ahora deberá ser estudiada por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Abbott sostuvo que es "pésima señal", dado el escenario actual y el trabajo próximo de la Convención Constitucional.
"El tema del indulto respecto de delitos graves... se cometieron delitos gravísimos y eso es normalizar la violencia dentro de las manifestaciones lo que, estimamos, es de muchísima gravedad", expresó.
Asimismo manifestó que "las personas que se encuentran en prisión preventiva cometieron delitos gravísimos y no es posible simplemente aplicar un indulto, por el precedente que se sienta, y más aún en un situación que estamos viviendo tan especial en nuestro país, donde empieza toda la discusión de la Convención Constituyente".
"Si hoy legitimamos que es posible usar la violencia y cometer delitos graves para luego ser indultado,
nos parece que es una pésima señal hacia el futuro", completó a la emisora. "Desde el Ministro Público estamos en total desacuerdo con un indulto a ese tipo de delitos", añadió.
Con los votos a favor de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD); y en contra de los senadores Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI), la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar del proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias en el marco de las detenciones ocurridas en el estallido social.
La iniciativa, que tiene su origen en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO) ya fue respaldada en la Comisión de Derechos Humanos, y, explicaron, se fundamenta "en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social".
