A fines de enero de 2020, cuando se habían cumplido tres meses desde el estallido social y el covid-19 no era percibido en Chile todavía como una amenaza real, la U. de Chile había reunido a 38 personalidades para construir una propuesta de acuerdo social para hacer frente a la crisis. Ya en ese momento el grupo tenía una diversidad tal que reunía al ex fiscal Carlos Gajardo, a Esperanza Cueto y la entonces presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Un año y medio después de ese momento, el grupo asciende a 80 personas y su trabajo acaba de ser presentado.
Se trata de la publicación "100 propuestas para el país que queremos", que resume el trabajo de la iniciativa Propuesta de Acuerdo Social (PAS) convocada en medio de la crisis de octubre por el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi. Organizados en nueve mesas temáticas, los 80 miembros del grupo trabajaron en una propuesta que le diera sentido a los servicios del Estado y a "lo común".
"Las personas que se sumaron a esta iniciativa eran diferentes entre sí, pero compartían un punto de vista en común: una plena consciencia de la magnitud de la crisis que vivía la sociedad chilena y la oportunidad de generar un cambio social", explicó el coordinador de la instancia y director de Relaciones Institucionales de la U. de Chile, Juan Gabriel Valdés.
El trabajo, aseguró por su parte el rector Vivaldi, busca expresar lo contrario a la "apología del egoísmo" que considera que se ha hecho en el país. "Eso que hemos vivido como sociedad y es a eso a lo que reacciona la gente, que quiere expresar el anhelo de volver a encontrarse, buscar el bien común, ser parte de la sociedad. Eso es lo que queremos expresar desde la universidad y desde lo público", dijo.
El resultado fue un documento de 226 páginas divididas en nueve capítulos, cada uno correspondiente a las mesas temáticas que se instalaron. En él se formulan 100 propuestas concretas "para que el valor público sea base del país del futuro".
Las propuestas
Una de las conclusiones de la publicación tiene que ver con los pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad que habita Chile. "La democracia chilena debe reconocer y hacer válidos los derechos de los pueblos originarios, incorporar su cultura e historia en el proceso educativo y a sus organizaciones y representantes en el proceso político bajo fórmulas que supongan autonomía y autodeterminación", mencionó la integrante de la mesa de Culturas, Artes y Patrimonios, Celeste Painepán, de oficio retrafe.
En tanto, en la mesa Modernización del Estado se llegó a un consenso "central" : "El compromiso de avanzar todos a un Estado que ponga en el centro a sus ciudadanos, que escuche sus inquietudes y responda a las necesidades e intereses de la ciudadanía de manera oportuna", comunicó la integrante de la instancia y directora de Enel, Claudia Bobadilla.
"El compromiso de avanzar todos a un Estado que ponga en el centro a sus ciudadanos, que escuche sus inquietudes y responda a las necesidades e intereses de la ciudadanía de manera oportuna"
Claudia Bobadilla
Entre los integrantes del grupo se cuentan dos que terminaron resultando electos en la convención constitucional: la bioquímica Cristina Dorador en el Distrito 3, que integró la mesa de Medio Ambiente, Cambio Climático y Biodiversidad; y Benito Baranda, elegido en el Distrito 12, quien participó en la mesa de Territorio.
"Uno va construyendo sus imágenes del mundo a partir de la experiencia. Si el mercado y el Estado condicionan esas experiencias y te hacen vivir segregado y excluido, en guetos de todo tipo, tu experiencia es pobre", dijo Baranda. "Se rompen comunidades y generan los grandes abismos".
Otra de las conclusiones, correspondiente a la mesa de Democracia y Ciudadanía, fue la de "establecer el derecho de participación política de la ciudadanía más allá de la elección periódica de autoridades", consignando la participación ciudadana como "parte del proceso de toma de decisiones en todas las áreas del Estado".
