"La imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional"
"No era posible establecer una comunicación directa con los Convencionales Constituyentes, lo que imposibilitaba una planificación exitosa".
Estas dos frases son parte de la resolución de la Secretaría General de la Presidencia, fechada el 2 de julio pasado, donde se autorizó un contrato directo con la empresa SM Corp por $450 millones para la "producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, ente otros servicios afines (incluido el mobiliario y habilitación de salas)".
El documento –disponible en Mercadopublico.cl- se hace cargo de los argumentos para justificar el trato directo con la empresa, pero también da luces de los problemas de producción vividos al interior de la Segpres en los días previos a la instalación de la Convención, un tema de la mayor relevancia luego de que ayer se suspendiera por dos días la realización de la primera sesión de la convención.
La resolución de la Segpres es la N° 516, firmada por Texia Gutiérrez, jefa de la División de Administración General de esa cartera, y autoriza el contrato entre esa cartera (representada por el subsecretario Máximo Pávez) y Street Machine Corp. Ambos documentos (resolución y contrato) están fechados el viernes 2 de julio: dos días antes la instalación, y tres antes de la primera sesión que debía realizarse ayer, pero que fue suspendida por "problemas técnicos".
Este último episodio gatilló una serie de críticas de los miembros de la convención al gobierno planteando, incluso, la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
Los hechos
La resolución parte recordando que, según la Constitución, es "responsabilidad del Presidente de La República o los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario, para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, funciones que recayeron en la Segpres".
Para llevar adelante este cometido, se suscribió un "convenio de colaboración" entre la Segpres y la Cámara de Diputados, donde la Cámara se comprometió a "prestar la colaboración que sea necesaria para dicho objeto".
"Nosotros ofrecimos la colaboración completa, el ministerio Secretaria General de la Presidencia decidió tomar ellos la administración del tema y nosotros siempre vamos a estar atentos a colaborar en todo"
Francisco Undurraga
450millones de pesos el pago autorizado para la empresa Street Machine Corp.
Luego se transfirieron recursos desde Segpres a la Cámara por $805 millones con la finalidad de que este último "ejecutara las obras necesarias y realizara los procesos de compra para habilitar la infraestructura, mobiliario, equipos computacionales o bienes muebles para el funcionamiento de la Convención Constitucional" en la sede Santiago del Congreso.
La resolución hace mención a una reunión del 24 de mayo de 2021, entre el Ministerio y la Cámara, donde "esta última indicó que no estaba en condiciones de asumir la totalidad de las acciones y actividades acordadas en el convenio, por no contar con la capacidad suficiente de equipos técnicos y de proveedores disponibles para ejecutar lo convenido y, en particular, todo lo referido a la habilitación de las distintas salas de reuniones o espacios anexos al hemiciclo".
Es más, dice el documento, "la imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional, dado que el inmueble señalado debe estar en condiciones de recibir a las Convencionales Constituyentes la primera semana del presente mes".
Este último punto es de especial interés, pues sería la razón –según la Segpres- del por qué la premura con la cual se trabajó en estas últimas semanas.
Sin embrago, esta versión contrasta con lo señalado esta mañana por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, en Radio Universo: "Nosotros ofrecimos la colaboración completa, el ministerio Secretaria General de la Presidencia decidió tomar ellos la administración del tema y nosotros siempre vamos a estar atentos a colaborar en todo".
"La administración del edificio fue entregada con fecha del mes pasado, se firmó un convenio con el Presidente de la Cámara y el ministro Ossa para la administración de esa parte del edificio", por ende, quienes debían asegurar que estuvieran los equipos "era la secretaría" de la convención.
Además, todo lo expuesto por la resolución, contrasta también con las declaraciones tanto de Ossa como de Pavez en los días previos a la instalación del domingo, donde ambos apuntaban a que se estaba trabajando de manera ordenada y efectiva.
"Hemos preparado durante meses, con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha dificultad, no solo por las cosas políticas de esta semana que son desaguisados bastante menores, pero tenemos todo listo, se mueren como quedó de lindo el hemiciclo (…) está precioso, moderno, hay especio para los convencionales", dijo Pavez en una entrevista en Radio Universo el viernes, mismo día en que firmó la comentada resolución.
Cambia la logística
El documento señala que sólo después de que el Presidente definiera el domingo 4 de julio como fecha para la instalación y que esta fuera presencial, se pudo tomar "contacto con cada uno de los Convencionales Constituyentes de forma directa (…) conociendo desde ese momento las condiciones particulares de cada uno de ellos".
"Con una prudente cercanía a la primera sesión", la Segpres se reunió con la seremi de Salud para definir las medidas sanitarias a considerar para el evento señalado, acordándose un protocolo especial y decidiéndose las directrices a seguir en cumplimiento a la normativa sanitaria vigente, en el entendido que la primera sesión se realizaría de forma presencial y en el edificio del Congreso, sede Santiago, lo que incluye realizar la ceremonia aire libre, lo que implica una logística distinta a la preparación en un inicio".
La resolución agrega un dato más: como no era posible la comunicación directa con los convencionales antes de su proclamación por parte del Tricel (15 de junio), se imposibilitó "una planificación exitosa", en consideración a las necesidades específicas de cada integrante de la convención.
"Ante la imposibilidad de la H. Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional, sede Santiago, la incertidumbre producida por la situación epidemiológica actual, los nuevos requerimientos realizados por los convencionales constituyentes y en consideración a la importancia histórica de la Primera Sesión de Instalación de la convención, resulta necesario contratar un servicio especializado que se encargue de la organización, logística del evento; de la coordinación de la asistencia de los convencionales (…) y la habilitación de los espacios adicionales en el Congreso Nacional, sede Santiago, tanto para dicha ocasión, como para el posterior desarrollo de la convención".
Conforme a lo señalado, dice la resolución, "existe una urgencia en la planificación, organización y coordinación para la realización de la primera Sesión de Instalación de la convención, y la habilitación del mobiliario de las salas de eventuales comisiones del Congreso Nacional, sede Santiago, servicios que no se pudieron contratar o prever con la debida anticipación dada las excepcionales circunstancias que atravesamos como país".
Cabe señalar que es clave argumentar la "emergencia, urgencia o imprevisto" que exige la norma para justificar un trato directo.
El contrato fue firmado por Pavez y Patricia Diuna por la empresa. En él se pide: servicio de traslado y estadía de los convencionales (facturación pendiente por naturaleza variable de los servicios), mobiliario y servicios requeridos para la primera sesión ($226.366.324); y mobiliario y servicio para el desarrollo de la convención (mesas, sillas, escritorios por $80 millones). En total, el contrato autoriza el pago de $450 millones.
La versión de la empresa
A través de un comunicado, la empresa dijo que la "agencia SM es un grupo de empresas ligadas a la gestión de eventos y marketing experiencial. El grupo está compuesto por cuatro áreas: SM Corp en la organización de eventos corporativos, Street Machine en el área de la música, SM Hospitality en el desarrollo de áreas de hospitalidad y SM Sports en el mundo de los deportes".
"La empresa SM Corp (empresa que se adjudicó el contrato), se focaliza en marketing experiencial y gestión de eventos Corporativos, con más de 15 años de experiencia en el mercado de Chile, Perú, Argentina y Colombia", añadió.
La firma asimismo señaló "para la producción de la sesión inaugural de la Convención Constituyente, SM Corp S.A, compitió con otras tres agencias, resultando seleccionados para la producción de los servicios de: logística de traslados terrestres y aéreos, alojamiento y alimentación de 155 convencionales a lo largo de Chile, por un plazo de una semana; producción de la sesión inaugural de la Convención Constituyente el 4 de julio; producción de un área de prensa durante una semana desde el 3 al 9 de julio; y servicios permanentes en el ex Congreso, específicamente una carpa/área de prensa de 72 metros cuadrados e implementación de mobiliario por un plazo de 9 meses".