SANTIAGO.- Un oficio dirigido a la presidenta de la Convención Constitucional,
Elisa Loncon, envió ayer el subsecretario de la Segpres,
Máximo Pavez, esto con el fin de proponer a la instancia una serie de mecanismos para instalar temas de transparencia, lobby y probidad, buscando así poner a su disposición el soporte y colaboración en estas materias.
El documento enviado por el subsecretario, en su calidad además de presidente de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia -órgano que también asesora al Presidente de la República-, responde a un compromiso adquirido por el Ejecutivo en una reunión del martes con la mesa de la Convención, habiéndose dado ya cuenta del oficio en la sesión de este miércoles.
"Como Segpres queremos seguir en una dinámica propositiva y anticiparnos a temas que ya son resorte de la Convención Constitucional. Por lo tanto, ponemos a disposición la infraestructura institucional que administra los temas de ley de lobby y de declaración de patrimonio, para que los convencionales lo antes posible puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales de emitir su declaración de patrimonio e intereses y actuar y funcionar de acuerdo a la ley de lobby", explicó a Emol el subsecretario Pavez.
Asimismo, recordó que éstas son "todas materias que están en la Constitución y son parte del estatuto del constituyente y que fue avisado y entregado en el Manual del Constituyente que la Secretaría Administrativa les hizo llegar hace algunas semanas, esto está advertidísimo".
Plataforma de lobby del Estado
En el documento se recuerda que el artículo 134 de la Constitución establece que "a los miembros constitucionales se les aplicará la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y la LeyN° 20.880, sobre Probidad en la función pública".
Con ello, se señala que la agenda pública que crea dicha ley, y que maneja esa Secretaría del Estado, "mediante la denominada Plataforma de Lobby, es obligatoria para los órganos del Ejecutivo. En ese sentido, a los órganos autónomos, como es el caso de la Convención Constitucional, corresponde que en su Reglamento se defina el mecanismo de cumplimiento de dicha ley, incluidas las eventuales sanciones".
En ese contexto, se detalla que la Comisión Asesora para la Integridad Pública y Transparencia, "pone a vuestra disposición toda la colaboración que sea necesaria para la habilitación institucional de la Convención Constitucional, como un órgano del Estado, en la Plataforma de Lobby creada para ser usada por los órganos de la administración central del Estado".
En caso de acogerse aquello, se agrega que "solicitamos a Ud. formalice la solicitud para utilizar dicha plataforma, en la cual deberá designar un 'administrador institucional' y nos informe los datos de contacto de la persona designada a objeto de comunicarnos a la brevedad posible, y así cada constituyente quede habilitado para utilizar la plataforma y proceda a publicar la información que sea procedente".
Dicho administrador tiene por función crear los 155 nuevos usuarios, correspondientes a la totalidad de los miembros de la Convención Constitucional.
Cumplimiento Ley de Probidad
Sobre el cumplimiento de la ley de Probidad, se agrega, que "consideramos que la propia Convención Constitucional deberá determinar la forma y plataforma a través de la cual los convencionales constituyentes deberán cumplir con la obligación legal de efectuar la declaración de intereses y patrimonio (DIP), informándose desde ya la existencia de una plataforma creada con recursos públicos administrada por la Contraloría General de la República".
Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública
En ese punto se agrega de en el cumplimiento de esta ley, de acuerdo a los dispuesto en la Ley N°21.289, de Presupuesto del Sector Público para el 2021, "toda la información relacionada con contrataciones y ejecución presupuestaria de la Convención Constitucional está siendo publicada por la Secretaría Administrativa en el marco de las obligaciones de transparencia activa" de la Segpres, añadiéndose que "su requerimiento en el contexto del derecho a acceso a la información se regirá por las normas generales".
"La publicidad y acceso a la información sobre los actos propios e internos de la Convención Constitucional corresponde que sea definido por la propia institucionalidad de la Convención", se precisa en el oficio.
Por otra parte, se aclara que "sin perjuicio de la anterior, y como se ofreció a la Mesa de la Convención Constitucional, esta Secretaría hará llegar las solicitudes de información que lleguen por medio de la plataforma de Transparencia de esta Secretaría de Estado, si lo tienen a bien, contestar por intermedio de este Ministerio".
Finalmente, se informa que "la Secretaría Ejecutivo de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, estará disponible para responder todas las consultas prestar apoyo ejecutar las coordinaciones que sean necesarias", a través de Pablo Sepúlveda, secretario ejecutivo de dicha comisión.