El Pleno de la Corte Suprema adoptó una serie de medidas de resguardo para la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales que laboran en el Tribunal Oral en lo Penal, Juzgado de Letras y Juzgado de Garantía de Cañete, ante diversos episodios de violencia que se han registrado en la zona.
El máximo tribunal tomó la decisión tras recibir una presentación de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y un informe elaborado por el supremo Arturo Praga Puga.
Los ministros dispusieron "mantener el trabajo telemático, como regla general, en todos los tribunales de la zona afectada".
Junto con ello, se resolvió enviar los antecedentes s la Corporación Administrativa del Poder Judicial para "estudiar la posibilidad de entregar un bono de asignación por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales".
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"El Mercurio".