Tras acusar ayer la existencia de "crimen organizado" en la gestión anterior de Virginia Reginato, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), presentó hoy un equipo especializado que asesorará al municipio y colaborará en la investigación penal de los hechos denunciados.
Se trata del estudio jurídico de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes eran parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, especializados en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción.
"Los hechos son de tal envergadura que no tenemos la capacidad suficiente como municipio, con nuestras unidades jurídicas, de atender las necesidades para la investigación de estos hechos. Por lo tanto, hechas las denuncias al Ministerio Público, hemos contratado un estudio jurídico, pero no cualquiera, sino uno con la expertise suficiente para hacerse cargo de la envergadura de los hechos que hemos conocido, –lo voy a repetir con mucha responsabilidad– de eventuales hechos constitutivos de crimen organizado", señaló la alcaldesa.
Agregó que "eso significa que hay personas que tienen actividad organizativa y que permanecen en el tiempo, y que actúan de modo tal que, concatenadamente, se realicen actos". "Por eso tenemos que abrigarnos en un equipo especializado en el camino que continúa; y aquí estamos cumpliendo nuestro trabajo, con personas que saben mucho más que nosotros y que tienen la experiencia en la investigación de este tipo de hechos", señaló.
La alcaldesa detalló que los ex fiscales colaborarán tanto en la "recepción de todas las denuncias; iniciar querellas, probablemente; solicitar diligencias para colaborar con el Ministerio Público; y asesoría" en las acciones que deberá realizar el municipio durante este periodo.
Ripamonti informó que el Municipio de Viña del Mar hoy tiene un déficit de $20 mil millones, y en el caso de la Corporación Municipal llega a $12 mil millones. "(La Corporación) está quebrada, y tiene obligaciones pendientes en términos de satisfacción de derechos de jóvenes y de la salud de la atención primaria", señaló.
Dijo que "esto ocurre porque hay un problema de gestión, porque no hubo capacidad, o bien porque hubo otro problema. En cualquier de los casos esto tiene que investigarse (...) Porque, como ciudadanía, necesitamos que las personas, o que hicieron mal su trabajo o que bien cometieron delito, respondan".
Gajardo alude a "distracciones de dinero"
Por su parte, el abogado Carlos Gajardo señaló que "estamos muy motivados de poder ayudar a la ciudad a poder escudriñar acerca de hechos que pudieran revestir la categoría de delitos".
Indicó que "nuestro compromiso es hacer el aporte para que esas investigaciones prosperen, recolectar los antecedentes que sean necesarios e instar porque se esclarezca la manera en que se ha llegado a este déficit económico tan importante en la comuna. Los tiempos que están ocurriendo en nuestro país soplan a favor de la transparencia, de la probidad. La ciudadanía es muy clara en el mensaje que está dando, que está aburrida de que con fondos públicos se beneficien privados".
Afirmó que "hay antecedentes bastante graves que han ocurrido en la Corporación y en la Municipalidad. Hay un fallo (del Tricel), que es bastante excepcional, en que se reconoce notable abandono de deberes por parte de la administración anterior y, por lo tanto, se aplica la máxima sanción en la posibilidad de continuar ejerciendo cargos públicos".
A eso se suman antecedentes recogidos por la nueva administración, "básicamente declaraciones de personas que han vencido el temor". "Los antecedentes que ya se han aportado a la Fiscalía dan cuenta de estas posibles irregularidades que, de comprobarse, debieran ser sancionadas con penas privativas de libertad. Básicamente, las denuncias tienen que ver con distracciones de dinero", comentó.