Ayer culminó la gira que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su par de Desarrollo Social, Karla Rubilar, encabezaron desde el lunes en la macrozona norte del país, para atender el conflicto desatado por la migración ilegal que existe en la zona.
En la misma jornada, la Cámara de Diputados aprobó la moción para interpelar al titular de Interior para conocer las medidas que el Gobierno está tomando para enfrentar la crisis migratoria. Según dijo el ministro, quedaron "con varias tareas anotadas", tras las mesas de trabajo que sostuvieron con las autoridades de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
El subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, fue consultado este jueves por dichas tareas y cómo se traducirán en medidas concretas en la zona.
"La prioridad debería ser no generar fracturas sociales. Nosotros hemos puesto el énfasis en eso (...) En Chile hay más de un millón y medio de personas extranjeras y gran parte ingresaron regularmente al país. Este Gobierno abrió dos proceso de regularización. Uno el año 2018 y otro en abril de este año, que ha significado que más de 350 mil ciudadanos extranjeros han podido regularizar su situación migratoria en nuestro país", contextualizó Galli en conversación con
Radio Universo.
Por eso, ahora el foco es "propender a la regularidad migratoria", en medio de un problema donde "las personas infringen gravemente nuestra legislación, tienen que tener un desincentivo y el Estado de Chile tiene que aplicar las medidas correctivas para que las personas que han infringido gravemente de la legislación, dejen de hacerlo".
Esto último, se traduce en la medida de las expulsiones, las que el propio ministro Delgado dijo ayer que continuarán para las personas que ingresen ilegalmente al país y cometan delitos.
De ellas, existen dos tipos: "las judiciales decretadas por los tribunales de justicia, luego de una investigación, donde se determina que una persona cometió un delito y se le cambia su pena privativa de libertad por expulsión, y la otra una expulsión administrativa para quienes han infringido gravemente como quienes han ingresado por pasos no habilitados", explicó Galli.
El subsecretario agregó que en Tarapacá, se generó además un problema incrementado por la pandemia, pues el cierre de fronteras impulsó el ingreso clandestino, aun cuando existía la opción de que quienes desearan ingresar solicitaran una visa en su país de origen.
"Esas visas se pudieron haber pedido, pero hubo un grupo bastante minoritario que sigue ingresando clandestinamente por la frontera", esto, según explicó, comparado con los ingresos registrados en 2017 y 2018, cifras que bordeaban los 150 mil a 200 mil migrantes, y que para este año se proyectan en 20 mil. El problema, aseguró, es que hoy esas personas están concentradas mayoritariamente en Tarapacá.
Con todo, Galli sostuvo que la interpelación al ministro Delgado será una buena oportunidad para la ciudadanía para conocer los objetivos del Gobierno en la materia. "Lo importante es la regularidad migratoria, por lo tanto, que el país tome medidas de control migratorio fuera de frontera, para que quienes lleguen en el país lleguen regularmente", sostuvo.
"Tenemos que acoger y dar condiciones mínimas para quienes están en Chile", dijo Galli, lo que no implica tomar medidas para quienes ingresen de manera irregular, aseveró. "Hemos puesto más personal personal y militar, poner tecnología como cámaras nocturnas", lo que irá de la mano con incentivar "la migración de manera regular", zanjó.