¿Podría la nueva Constitución generar un impacto en la matriz energética del país? Esa es la aspiración, al menos, de un grupo de alrededor de 30 convencionales que se autodenominan "ecoconstituyentes".
Bajo la influencia de este conglomerado, la Convención Constitucional ha asumido que su trabajo se da en un contexto de "crisis climática" y definió que una de las siete comisiones temáticas donde se abordarán las materias específicas de la nueva Constitución lleve por nombre Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico.
Juan José Martin (INN) se declara "ecoconstituyente" y fue elegido como uno de los coordinadores de dicha comisión. Su propuesta es tajante: "Si logramos que el agua sea un bien común inapropiable, entonces la generación de energía en base a agua de manera convencional tiene que ser reformulada o derechamente erradicarse".
La
convencional de RD Giovanna Roa es de la idea de que la Carta Fundamental debe dejar consagrada la protección del medio ambiente como un eje esencial. "Es importante mantener un marco constitucional y regulatorio estable que dé garantías a quienes decidan participar en el sector", dice. En su opinión, se debe evitar la búsqueda de inversión extranjera como eje prioritario de desarrollo y avanzar hacia un rol más activo de ENAP. "Se viene el desarrollo de la industria nacional de hidrógeno verde y no podemos cometer los mismos errores del pasado, como fue con el cobre y el salitre", comenta.
Priorizar energías renovables
En ese sentido, Roa adelanta "respecto a la matriz energética la priorización de uso e instalación de energías renovables locales es imprescindible y deben contemplar procesos participativos desde los territorios. Deberá también considerar generación domiciliaria y eficiencia energética como ejes prioritarios", dice.
Coincide Ivanna Olivares (Independiente), quien señala que para seguir avanzando en una matriz energética "verde", hay que permitir una mayor participación de las comunidades respecto a las decisiones que se toman en torno a las fuentes de energía, ya no solo como consumidores, sino también como generadores. "En el plano internacional, la clave ha sido la concientización de la población para que pueda tomar mejores decisiones como generadores. De esta manera, las nuevas tecnologías deben ser accesibles al común de la población", dice.
Martin, por su parte, comenta que con una nueva definición de la Carta Magna podrían desaparecer, por ejemplo, las prácticas de inundación por megaembalses, las termoeléctricas y las zonas de sacrificio. "Una forma de erradicarlo es a través de un principio de justicia ambiental que refiera a la justa distribución de las cargas y beneficios de los territorios y la participación de quienes lo habitan en las decisiones. Esto eliminaría la lógica de las malas prácticas", explica.
El avance chileno
Hace una década, Chile se ponía la meta de lograr —al año 2025— que un 20% de la matriz energética se sustentara en Energías Renovables No Convencionales (ERNC), objetivo que a cuatro años de la meta ya ha sido superado, según cifras de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera). Actualmente, la participación de las ERNC es de un 23,9% y se estima que al terminar el año alcance un 25%.
Shahriyar Nasirov, director del magíster y del diplomado en Gestión de Energías Renovables No Convencionales de la UAI, confirma que Chile se ha convertido en uno de los principales mercados de energías renovables en el mundo. "El país ha logrado un crecimiento sustancial en la inversión en esta industria en un período de tiempo muy corto", dice y plantea que con el rápido crecimiento de los proyectos de energías renovables, ahora la pregunta principal es cómo garantizar que los proyectos renovables promuevan un desarrollo económico y social justificable para las comunidades locales.
Hasta ahora, el país ha avanzado en la sustentabilidad de su matriz energética sobre la base de políticas públicas. "Chile ha resuelto de manera sobresaliente, a través del desarrollo de políticas en el ámbito de las viviendas, así como también impulsando programas para la aplicabilidad de la energía fotovoltaica en el sector agrícola, por ejemplo", puntualiza Olivares.
En ese sentido, Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), señala que existen algunos desafíos normativos para dar mayor flexibilidad al sistema y para remunerar adecuadamente el almacenamiento de energía, que permitirá eliminar la intermitencia.
De hecho, Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, indica que una integración segura y eficiente de todos los tipos de generación renovable va a requerir de infraestructura habilitante, es decir, de transmisión y almacenamiento de energía. "La transmisión se requiere para transportar la energía desde los lugares con la mejor calidad de recursos renovables a los grandes centros de consumo y el almacenamiento para gestionar su variabilidad en el tiempo", explica.
Para contar con la infraestructura adecuada para alcanzar la carbono neutralidad, precisa Seebach, será necesario revisar los procesos de planificación de la transmisión, abordando los desafíos socioambientales que implica el desarrollo de este tipo de proyectos, y también continuar perfeccionando las señales económicas y regulatorias que incentivan la entrada de dispositivos de almacenamiento de energía.
Por su parte, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos UDD, agrega que se debe trabajar en el fomento al reemplazo de los energéticos no eléctricos —como el diésel, gas natural y gas licuado de petróleo— por tecnologías basadas en hidrógeno, electrocombustibles y sistemas de almacenamiento que usen baterías y este mismo gas.
En ese sentido, el convencional Bernardo Fontaine (RN) precisa que hay que avanzar en energías más limpias todo lo rápido que se pueda, sin cortarles la luz a los hogares chilenos. "Eso significa que se tiene que ver a qué velocidad se pueden ir erradicando las centrales más contaminantes para asegurarse de que haya una transición responsable hacia una matriz energética sustentable. Esto no es más que puro sentido común", dice.
Regulación excesiva podría rigidizar la inversión
Frente a la regulación energética, el mundo privado se muestra reticente a abordar el tema desde el punto de vista constitucional. Seebach comenta que si bien la energía es un tema fundamental en la vida moderna, no necesariamente es algo que sea materia de la Carta Magna.
Coincide Fontaine, quien afirma que la Constitución es una norma general, "y si entramos en mucho detalle, lo más probable es que rigidicemos las cosas dificultando los avances". Asimismo, agrega que más que aspectos específicos sobre la matriz, la Carta Magna debe generar las bases para que los proyectos de inversión incorporen desde el diseño, la variable ambiental. "No vamos a tener más energía fotovoltaica o hidrógeno verde porque lo diga la Constitución, sino que por el establecimiento de reglas claras que permitan avanzar en esos proyectos" y eso, precisa, debiera quedar en la legislación.
El ejemplo internacional
Si bien los expertos coinciden en que Chile es un ejemplo a nivel internacional en la integración de ERNC a su matriz energética, aún hay países a los que mirar como modelo a seguir. La convencional RD Giovanna Roa comenta que si se observan los países europeos, Francia e Italia, por ejemplo, tienen participación del Estado en el mercado eléctrico que les ha permitido avanzar en investigación y desarrollo, hacer proyectos piloto que luego son escalables. "En Noruega pasa lo mismo. Incluso hay regulaciones que consideran el uso de utilidades en el sector como fuente de financiamiento para el pago de pensiones", señala.
Y aunque no hay constituciones en el mundo que delimiten el tema energético, sí hay ejemplos que mantienen una
Carta Magna con especificaciones como las que algunos convencionales buscan hacer en Chile. "Sin ir muy lejos, Colombia tiene una Constitución donde se garantiza el cuidado de la naturaleza", dice
Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE). Por su parte,
Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos UDD, precisa que la Constitución sudafricana dice que el Estado debe salvaguardar el desarrollo sostenible en beneficio de las próximas generaciones.