El abogado y experto en derecho internacional, Felipe Ossa, detalló este miércoles la serie de complicaciones que enfrentaría Chile ante las demandas judiciales que están preparando las compañías aseguradoras en contra del país. Esto, debido a los profundos perjuicios que tendrían esas firmas si se aprobara el segundo retiro de las rentas vitalicias incluido en el proyecto del cuarto 10%.
En entrevista con
EmolTV, el jurista explicó los efectos que podría tener esa iniciativa en el ámbito de la
responsabilidad internacional del Estado chileno, ya que "muchas de las aseguradoras que trabajan con rentas vitalicias son propiedad de inversionistas extranjeros que están protegidos por tratados bilaterales de inversión".
A su juicio, el daño que recibirían las compañías "es aberrante, porque como no hay posibilidad de recalcular las pensiones,
lo que se está haciendo es forzarlas a otorgar créditos a los pensionados en condiciones absolutamente inconcebibles, sin tasas de interés, sin garantía que se van a pagar y en 20 años plazo".
“Es obligarlas a dar créditos que nacen parcialmente incobrables. Es decir, que no van a tener la posibilidad de ser recuperados y eso ya es una donación forzada. Del punto de vista del derecho internacional, constituye una expropiación que le que da derecho a los inversionistas a reclamar indemnización íntegra", subrayó.
En ese caso, Ossa destacó que las aseguradoras "tendrían que vender no solo activos líquidos, sino gran parte de sus activos de largo plazo y en máximo de 30 días para poder cumplir con la norma. En consecuencia, el perjuicio sería enorme, incluso provocaría a algunas compañías la insolvencia".
"A su vez, ello implicaría un efecto dramático para los propios pensionados, porque conlleva que las compañías no puedan cumplir con su promesa de pagar pensiones por el resto de vida de los pensionados y esto generaría responsabilidad al Estado de cara a los propios pensionados", enfatizó.
Difícil pronostico judicial
En esa línea, el abogado sostuvo que en el caso de que se abra un juicio contra Chile, "el Estado dirá que no se le va a poder condenar porque el Gobierno estuvo en desacuerdo (...) pero desde el punto de vista del derecho internacional da lo mismo si se toma como un decreto, una reforma constitucional o la nueva Constitución".
"Todos los órganos son uno y lo mismo: El Estado chileno y el único responsable va a ser el Estado chileno", recalcó, junto con advertir que "dado el primer retiro, ha habido reclamos, pero los montos involucrados no son tan graves; son graves, pero ni se comparan con el daño enorme que van a sufrir las compañías ahora".
En ese sentido, indicó que "
me temo que las decisiones van a ser desfavorables para Chile. Va a llegar un inversionista y dirá que las medidas no son legítimas y Chile dirá que son justificadas por tales y cuales razones, pero el inversionista podrá decir que el propio gobierno chileno dijo que estas medidas no son legítimas".
En cuanto a la posibilidad de no acatar un fallo desfavorable, Ossa recordó que "algún senador decía que no hay por qué ejecutar o acatar esas sentencias, pero Chile -al igual que cualquier otro país civilizado- respeta este tipo de sentencias. Los pocos países que no lo hacen caen en el absoluto descrédito y en el default frente a la comunidad internacional y quedan sin ningún acceso al crédito".
"En el ámbito latinoamericano, incluso Bolivia y Argentina han cumplido con estos fallos. El único que no ha cumplido con alguno de ellos es Venezuela, y esto le ha significado quedar absolutamente ajeno a mercados internacionales, a financiamiento, e incluso se ha llegado a embargarle bienes, como envíos de petróleo", manifestó.
Según el experto, "el equivalente para nosotros sería que nos embarguen embarques de cobre de Codelco hacia el extranjero, esa es la situación en que quedaría Chile si se revelara (…) Chile podría desahuciar los tratados, pero solo empeoraría las cosas, porque la salida de un tratado no tiene efecto retroactivo".
Finalmente, sobre la posibilidad de que las aseguradoras busquen la responsabilidad de los parlamentarios, comentó que "aquí no estamos hablando solo de responsabilidad del Estado, hay otras aristas muy graves también como esta de eventual responsabilidad personal de los parlamentarios o que los pensionados que se vean privados de sus pensiones, producto de que las compañías caigan en insolvencia, también van a poder reclamar".
"Recordemos que esto no solo afecta rentas vitalicias, sino también a los seguros de gravamen, el complementario de salud, seguro de vida, a la fuerza laboral que cotiza AFP, (...) incluso podrían presentar reclamos como personas naturales contra el Estado chileno por violación de sus derechos humanos", concluyó.
