Las elecciones del 19 de diciembre, en las que Chile elegirá un nuevo Presidente, están traslapadas con la discusión al interior de la Convención Constitucional sobre el sistema político que podría adoptar el país.
La Carta Fundamental vigente establece en su artículo 138 que "la nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial".
Sin embargo, el vicepresidente Jaime Bassa (Frente Amplio) dijo a fines de septiembre en Chilevisión que "si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga, por ejemplo, que un año después de entrada en vigencia de la constituyente el gobierno llamará a elecciones, el gobierno tendrá que llamar a elecciones".
Si bien este lunes Bassa sostuvo en CNN que "me parece razonable pensar que el próximo período presidencial y especialmente la próxima legislatura ordinaria se lleven a cabo a cabalidad, es decir, que puedan cumplir con ese período de cuatro años", igualmente se mantiene la duda sobre si la Convención buscará cambiar el período del Presidente que se elegirá en solo nueve días más.
Precedente
En la historia reciente hay un ejemplo que se podría tener a la vista. Luego del gobierno de transición de Patricio Aylwin (de cuatro años), la Constitución establecía que el siguiente Mandatario tendría un período de ocho años, pero la clase política consideró que podría ser demasiado tiempo.
Con las presidenciales de 1993 encima, y para dar certezas a los votantes, se suscribió un acuerdo político antes de las elecciones, que llevó a una reforma constitucional para reducir de ocho a seis años el período presidencial, cuando le correspondió estar al mando del país a
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Sin embargo, ahora, convencionales elegidos en el pacto Vamos por Chile solicitaron un acuerdo para garantizar el período presidencial y legislativo "a lo menos hasta 2026", pero la mesa directiva lo descartó. El argumento para su negativa fue que ya que hay una propuesta de norma constitucional de convencionales de ese mismo sector para no alterar “el período ni las potestades de las autoridades que hayan sido electas por votación popular durante el funcionamiento de la Convención”, en cuyo debate se abordará el tema. Claro que esto ocurrirá después de las elecciones.
Definiciones
Al interior de la Convención no hay consenso y algunos constituyentes plantean que el período presidencial que comenzará el 11 de marzo de 2022 podría ser modificado.
Matías Orellana (Colectivo Socialista) sostiene que "si eventualmente cambiáramos a un presidencialismo atenuado u otra figura del Poder Ejecutivo, podría modificarse el próximo períod". Añade que "hay que crear la certeza jurídica de que el Presidente que sea electo eventualmente va a cumplir con su rol, pero también hay una autonomía de la Convención de poder discutir estas materias".
Rosa Catrileo (mapuche) afirma que el tema corresponde a "una norma transitoria; así que va a ser seguramente de los últimos debates que vamos a dar" y que en virtud del sistema político que se adopte "vamos a ver si es que nos ajustamos o no a la norma contenida en la propia Constitución".
Otros, como Marcos Barraza (PC), prefieren dejar el debate abierto: "Nadie con un criterio político razonable pudiese cerrarse a la discusión. El punto es que la discusión es sobre evidencias, sobre cuál va a ser la nueva institucionalidad aprobada. Antes de eso es una discusión inoficiosa", sostiene.
Patricia Politzer (INN), por su parte, dice que el Presidente "durará un tiempo razonable. Obviamente, el período presidencial no cambiará al día siguiente del plebiscito de salida. El debate constitucional no debe tener restricciones en base a la coyuntura".
Una postura similar tiene Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales Constituyentes), quien señala que “va a depender exclusivamente del diseño final del sistema político y forma de Estado y los consensos a los que vayamos arribando”.
Mientras, Ricardo Montero (Colectivo Socialista) cree que "un período adecuado de transición podría estar en torno a los cuatro años, porque creo que ahí no debería haber apuro en su implementación".
Entre quienes están por respetar los cuatro años establecidos está Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), quien postula que el próximo Presidente "debería durar lo que establece la actual Constitución, salvo que en la nueva se suprimiera la Presidencia de la República o que se optara por un régimen parlamentario, algo altamente improbable". Cristina Dorador (Mov. Sociales Constituyentes) comparte la idea: "El próximo período presidencial se debería mantener. En adelante, la consideración sobre la duración debe estar sujeta al diseño general de la implementación de la nueva Constitución".
Para Cristián Monckeberg (Ind-RN-Evópoli) no se debe pasar "por encima de la democracia. Los cambios deben respetar los períodos por los cuales fueron elegidas las autoridades".
Desde el Frente Amplio, en tanto, Constanza Schönhaut señala que el diseño de transición de régimen político es algo que se "tiene que pensar de manera integral”, y que el próximo período “está reglado por la Constitución y las leyes vigentes", y Amaya Alvez afirma que "el mandato constitucional vigente es de cuatro años y no tenemos ninguna certeza de cuál va a ser el mandato en la nueva Constitución ni su implementación. Mientras no sepamos eso, la única información que podemos dar responsablemente es la norma vigente: son cuatro años".
"Ocho años es excesivo"
Otra interrogante es sobre el funcionamiento del Congreso, donde hace menos de un mes la mitad de los senadores fue electa para el período 2022-2030.
Para Constanza Hube (UDI), "se deberían respetar los plazos. Yo estaría por que quienes fueron electos por ocho años se queden ocho años" y en caso de un cambio sustancial, el Senado "tendría que ser más chico" durante los últimos cuatro años.
Hernán Larraín (Ind-RN-Evópoli) señala que "hay que ver cuál va a ser el consenso que va a alcanzar la Convención (…). Es una garantía en sí misma pensar que los próximos cuatro años deben ser respetados y estar abiertos a distintas alternativas a partir de 2026", mientras Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) dice que "
si se elimina un órgano, por ejemplo, ahí habrá que ver cuál es el plazo de duración".
Pero otros convencionales coinciden en que, de aprobarse cambios sustanciales para el Congreso, una transición de ocho años sería demasiado larga: "Dudo que alguien crea que es adecuado que los nuevos senadores se mantengan en sus cargos por ocho años si el nuevo régimen político propone una reforma", señala Politzer. "Ocho años es mucho para poder llevar a cabo una política pública que genera un efecto deseado", agrega Orellana. La misma opinión tiene Barraza: "Ocho años es excesivo, pero hay que discutirlo sobre la base de cuáles serán los cambios".