El resultado de la segunda vuelta presidencial, que dejó como mandatario electo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, instaló una preocupación al interior de la Convención Constitucional: cuánto podrían afectar sus decisiones, especialmente en materia económica, al futuro gobierno.
Los conglomerados que son parte de la coalición gobernante desde marzo (Frente Amplio y PC, principalmente) son también uno de los colectivos más numerosos al interior de la Constituyente. Y entre ellos tienen claro que uno de los flancos abiertos que tiene Boric es la garantía de estabilidad para el país, razón por la cual desde distintos sectores se le ha solicitado agilizar el nombramiento de su futuro equipo económico.
En ese sentido, la Convención Constitucional también ha generado dudas, pues convencionales de distintos sectores han explicitado intenciones de revisar las concesiones mineras, han relativizado la importancia de la inversión nacional y extranjera, y anunciado lo que denominan como "fin del extractivismo".
"Abogamos entonces por la desmercantilización de los elementos naturales como la semilla (…) defendemos el reconocimiento de los derechos de la naturaleza (…) la constitución de alternativas como la agroecología, la soberanía alimentaria, las economías locales, solidarias, ancestrales y de cuidados, que permitan superar el modelo económico extractivista", dijo en su discurso de apertura ante el pleno Camila Zárate (Pueblo Constituyente).
Fernando Tirado (chango) en la misma instancia abogó por que el agua, el litio y todos los recursos naturales "sean devueltos al Estado".
Juan José Martin (Independientes No Neutrales), por su parte, desde hace meses ha impulsado la idea de incorporar en la Constitución lo que denomina “delito de ecocidio” y ha afirmado que "una manera de entender esta actividad es la generación de capital en base a la explotación y destrucción de territorios, ecosistemas y comunidades. Es absolutamente necesario cambiar lo que tenemos y avanzar hacia una economía circular y entender que todo en la naturaleza tiene un rol: todo se reincorpora y cumple una función".
Intervención
La mayoría de esas discusiones se dan al interior de la comisión de Medio Ambiente, donde además de analizar y generar propuestas de normas constitucionales respecto de tópicos como derechos de la naturaleza y uso de recursos naturales, también deberán referirse, según su temario, a aspectos como modelo económico y régimen público económico y política fiscal.
Esa comisión es la que ahora está en la mira de convencionales quienes no descartan una intervención.
Los sectores que predominan en la comisión son Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Independientes No Neutrales y representantes de pueblos originarios (ver infografía). Los dos primeros incluso tienen las coordinaciones: Camila Zárate y Juan José Martin, respectivamente.
De esta instancia que deberá ver los temas económicos se restaron el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Colectivo Socialista solo tiene a una representante, la profesora de Biología María Trinidad Castillo.
Según Daniel Stingo, convencional del Frente Amplio, el hecho de que no haya integrantes de su sector en la instancia se justifica porque se priorizó la experiencia de cada uno y que "a veces no puedes estar en todos lados y hay que optar por confiar en otros".
Esa versión es criticada desde la centroderecha, donde mencionan a Christian Viera como un convencional que pudo haberse sumado a la comisión, incluso como coordinador, ya que parte de sus líneas de investigación ha sido la economía en la Constitución.
Igualmente, ahora, desde el Frente Amplio están buscando la fórmula de intervenir en sus debates, presentar iniciativas en conjunto con otras colectividades que sí participan en la instancia y "puede haber troque", agrega Stingo, lo que dice relación con el artículo 79 del reglamento, el que explicita que se puede reemplazar a un integrante de una comisión de manera permanente o transitoria.
En el Colectivo Socialista se suman a esa posibilidad. Además, ya están afinando los detalles de una propuesta con tres ejes: el carácter público de la minería y los recursos mineros, la reserva de determinados minerales para el desarrollo del Estado, y la modernización del sistema de concesiones. Esto, según explican en el conglomerado, busca terminar con las concesiones indefinidas y la manera en que se otorgan.
"La situación igual es compleja y yo por lo menos soy de la idea de que nosotros igual tenemos que cuidar en sí la Convención. También creo que hay que cuidar este gobierno (de Gabriel Boric), que es una oportunidad", dice Castillo. Respecto a términos como el decrecimiento, sostiene que si se plantea como "un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, creo que no es decrecimiento propiamente tal".
Necesidad de acuerdos
Uno de los riesgos que ven convencionales es que esa comisión apruebe por mayoría (como lo pide el reglamento) sus propuestas de normas, pero estas no consigan los dos tercios de los votos necesarios para tener el mismo resultado en el pleno.
Si ocurre eso, el artículo 97 del Reglamento General establece que la presidencia de la Convención devolverá la propuesta a la comisión y establecerá un plazo para la formulación de indicaciones para ser debatida por la instancia y elaborar una segunda propuesta de norma. Si la nueva iniciativa no obtuviera los dos tercios, "se entenderá definitivamente rechazada".
Frente a ello y a la preocupación expresada por otros colectivos, ahora el coordinador de la comisión, Juan José Martin (INN), señala que "todos tenemos súper claro, en todas las comisiones, de que lo que salga debe ir pensado para los dos tercios". Además, dice que hay que diferenciar lo discursivo con las propuestas de norma y que, por ejemplo, "es más bien algo semántico decir fin al extractivismo, pero como uno lo aterriza con propuestas económicas per se, ahí uno no habla de extractivismo". A eso añade que el mensaje de un convencional "responde a que debe hacerse cargo de ciertas inquietudes, de ciertos dolores (…) al aterrizar esos dolores, se hace de una manera más técnica, más responsable".
Sin embargo, Rodrigo Álvarez (UDI) advierte que si "tenemos normas no adecuadas del punto de vista del modelo económico, es perfectamente posible que haya sectores muy importantes de la Convención en el pleno que rechacen estas posturas".
El también integrante de la comisión Roberto Vega (Ind.-RN-Evópoli) precisa que lo que plantean en su sector es "un equilibrio entre modelo económico y el cuidado del medio ambiente. Un desarrollo sustentable". Ante el futuro gobierno de Gabriel Boric, Vega es uno de los que postulan que este tiene "un compromiso social fuerte y ese compromiso requiere recursos".
Eduardo Castillo, coordinador del Colectivo de Apruebo, que tampoco tiene representación en la comisión luego de la renuncia al conglomerado de Bessy Gallardo, reconoce que "muchas personas, mucho sector empresarial tienen los ojos puestos" en la comisión de Medio ambiente y que si bien consideran que en una "Constitución no se puede fijar un modelo económico, sí tienen que establecer parámetros de tal manera que el desarrollo sea en beneficio de todas las personas".
"Me da la impresión de que ellos van a tener que hacer un cálculo político", dice el académico de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez Cristóbal Bellolio, quien asegura que la comisión de Medio ambiente es la que "más alarmas prende". Ante ello, añade que "me imagino que también habrá gente en el gobierno, cercana al Presidente, a los convencionales del Frente Amplio, que tratarán de conducir esa negociación a buen término".
Por su parte, Jorge Femenías, académico de Derecho Administrativo y Ambiental de la U. Católica, señala que "es posible que estos afanes refundacionales, que van más allá de nuestra relación con el medio ambiente, terminen por o no ser aprobados en el pleno o bien terminando por letra muerta que no va a permitir ningún avance sustantivo".