En los pasillos del ex-Congreso ya se comenta que buena parte del futuro del proceso constituyente depende de cuánto logre avanzar la Convención Constitucional durante enero.
Por ello, se han realizado ajustes en el cronograma y reforzado el equipo comunicacional, incluso asignando un periodista a cada comisión temática para que ayude en la difusión de su trabajo.
Es que este mes culminarán procesos importantes, como la recepción de propuestas de normas constitucionales y populares, se elegirá una nueva directiva, la cual deberá conducir la discusión de las propuestas y facilitar acuerdos para lograr la aprobación de estas por dos tercios de los convencionales, y entrarán de lleno al debate de normas con solo seis meses por delante.
1 Avalancha de normas
Los convencionales ya han presentado 80 iniciativas de normas constitucionales, de las cuales se ha dado cuenta en distintas sesiones plenarias del último mes. Y se espera que durante las próximas semanas ese número se multiplique considerablemente, ya que el plazo máximo para ingresarlas termina el 1 de febrero.
Sin embargo, en vista del acotado tiempo, al menos las comisiones de Sistema político y sobre Sistemas de conocimientos ya discuten autoimponerse que las propuestas que presenten los convencionales de dichas instancias se hagan llegar a más tardar el 14 de enero. Así, tendrían tiempo para pasar por el período de revisión de admisibilidad, llegar a las comisiones para su discusión y votación, y ser incluidas en el primer informe de normas aprobadas que tiene que redactar cada comisión y enviar al pleno entre el 8 y el 10 de febrero.
"(En enero) se podrán votar en general las diferentes iniciativas constituyentes, lo que podría permitir un trabajo de sistematización de normas y habilitar la discusión en particular que parte en febrero", explica el coordinador de la comisión de Sistemas de justicia, ChristianViera (Frente Amplio).
2 Nudos críticos
Esta semana algunas comisiones comenzaron a discutir sobre las primeras normas que llegaron a sus reparticiones. Si bien la mesa directiva ampliada les sugirió no votarlas hasta el 20 de enero, cuando se puedan tener a la vista todas las iniciativas populares que buscarán conseguir firmas para su tramitación en el pleno, en algunos casos al menos deberán avanzar en acuerdos para no retrasar el proceso.
Por ejemplo, en la comisión de Sistema político deberán definir si propondrán un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario, y si se aprueba un Parlamento unicameral o bicameral, porque de eso dependerá la mayoría de las normas que tendrán que votar posteriormente.
Una de las coordinadoras de la instancia, Rosa Catrileo (mapuche), señala que hay materias en las que ya hay consensos: "Varios convencionales se manifestaron a favor de aprobar la plurinacionalidad" y sobre el sistema político, iría predominando el presidencialismo. "Hay varias posturas que están por ese camino", dice.
Algo similar vive la comisión de Derechos Fundamentales, donde al menos deben llegar a consensos en la titularidad de los derechos, sus destinatarios, "los límites y restricciones de los derechos fundamentales, la reserva de ley, las cláusulas de obligaciones generales, los fines de los derechos fundamentales, los mecanismos de garantías y el financiamiento", dice el coordinador Matías Orellana (Colectivo Socialista).
Incluso el secretario de la comisión de Principios constitucionales, Mario Rebolledo, hizo ver esto a los convencionales, cuando el martes les dijo: "Lo que voy a decir no es muy romántico, pero habría que presentar cualquier proyecto de preámbulo (antes del 1 de febrero), salvo que se opte por no tener uno".
3 En búsqueda de firmas
"Esto pasa por no tener un canal de difusión propio", decía Jorge Baradit (Colectivo Socialista) este lunes cuando lamentaba en la comisión de Participación popular el bajo número de firmas que habían recibido las iniciativas populares de normas, propuestas ciudadanas que la Convención discutirá si logran reunir 15 mil apoyos.
El plazo para reunir las firmas es el 1 de febrero y si bien esta semana la propuesta "Será ley" —que busca incluir en la Constitución que el Estado reconozca derechos sexuales y reproductivos "incluyendo el derecho al aborto", impulsada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto— superó dicho número de apoyos, la realidad es que a un mes del plazo, de las casi 500 propuestas publicadas, la mayoría tiene menos de 500 firmas.
La recolección de firmas se concentrará en enero y es una de las razones por las cuales varios convencionales insistieron en mantener la semana territorial de este mes para realizar difusión en sus territorios.
Por su parte, y como gesto político, la comisión de Participación popular aprobó la idea de disminuir el número de firmas necesarias, aunque para dicha modificación se necesitaría hacer una propuesta al pleno y que la aprueben dos tercios de los convencionales, lo cual no ha ocurrido.
4 Accidentada consulta
Según el cronograma de la Convención, durante enero los pueblos originarios deben realizar un proceso de deliberación interna en el marco de la consulta indígena, ya que el 7 de febrero debiese comenzar la sistematización de sus resultados.
No obstante, debido a los retrasos de la definición del documento base para la consulta —que se aprobó recién el 6 de diciembre en la comisión de Derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad, luego de fuertes discusiones entre los escaños reservados— y la falta de una metodología para el proceso —responsabilidad de la secretaría técnica ad hoc—, todavía no está claro cómo se realizará la consulta.
A esto se suma la renuncia de Victorino Antilef (mapuche) a la coordinación de dicha comisión, cuyo reemplazo recién se analizaría el lunes, según comentó la coordinadora Margarita Vargas (kawésqar). El trabajo de la comisión “está bastante atrasado”, resume Luis Jiménez (aimara).
Esta instancia partirá 2022 con un coordinador menos, sin metodología para la consulta y con el tiempo en contra.
5 Repercusiones de la elección de la mesa
Son varios los nombres que los colectivos han propuesto para la presidencia de la Convención en esta nueva etapa, entre ellos Cristina Dorador (Mov. Sociales Constituyentes), Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), Bárbara Sepúlveda (PC), Ramona Reyes (Colectivo Socialista), Erick Chinga (diaguita), Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y Loreto Vidal (independiente).
Como ningún conglomerado tiene los 78 votos necesarios, necesitan alcanzar acuerdos con los otros. Pero en esas negociaciones, ya han aparecido diferencias. La idea de que el Frente Amplio presida el órgano no convence a distintas coaliciones y, a su vez, este colectivo está dividido sobre qué nombre de otras bancadas podrían apoyar. Hasta ahora, por ejemplo, Politzer no logra un respaldo transversal.
En la otra vereda, la UDI le planteó a Ind-RN-Evópoli apoyar como bloque a un candidato de centroizquierda y conseguir con ello 11 patrocinios de ese sector, que les permitiría tener dos integrantes en la mesa directiva ampliada, pero no han tenido respuestas. Hasta ahora, Ind-RN-Evópoli se inclina más bien por obtener de manera independiente las ocho firmas que les faltan (tienen 16 miembros) para instalar a Cristián Monckeberg como vicepresidente adjunto.
Son negociaciones intensas que están friccionando la relación entre los colectivos justo antes de que deban debatir las normas constitucionales que necesitarán de acuerdos amplios para su aprobación.