El inicio de 2022 encontró a los 17 representantes de pueblos originarios divididos en dos bloques.
Por un lado, están Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguán (todos mapuches), Wilfredo Bacián (quechua), Isabel Godoy (colla), Margarita Vargas (kawésqar) y Eric Chinga (diaguita), quienes se articularon con miembros de la ex Lista del Pueblo en la nueva Coordinadora constituyente plurinacional popular.
Por el otro, están Elisa Loncon, Rosa Catrileo y Adolfo Millabur (mapuches), Tiare Aguilera (rapanuí), Luis Jiménez e Isabella Mamani (aimaras), Félix Galleguillos (atacameño), Fernando Tirado (chango) y Lidia González (yagán), quienes han generado lazos con los convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes.
Esta división quedó manifiesta el martes, cuando la Convención Constitucional debía elegir a su nueva mesa directiva.
Ese día, en la mañana, la machi Linconao publicó una carta donde afirmaba: "Quiero denunciar públicamente y contar lo que realmente pasa dentro de la Convención. Si lo pensamos desde los derechos humanos y los estándares internacionales, mi trabajo en la comisión de Pueblos indígenas y plurinacionalidad y el proceso de consulta indígena, tal como lo denunció su excoordinador Victorino Antilef, también ha sido boicoteado por algunos escaños; y como me gustan las cosas claras y ya no doy más de la injusticia, voy a decir sus nombres: Adolfo Millabur, la presidenta Elisa Loncon y Rosa Catrileo".
El punto no era menor: ese día la dupla de Cristina Dorador (Mov. Sociales Constituyentes) y Catrileo aspiraba a la presidencia y vicepresidencia de la Convención.
Luego de las primeras votaciones, Dorador intentó que la Coordinadora plurinacional las apoyara y depusieran la candidatura de Eric Chinga, pero como mantenía a Catrileo para la vicepresidencia, estos no aceptaban.
Así, el quiebre entre los pueblos indígenas fue uno de los factores que dilataron el resultado de la presidencia y solo el miércoles, cuando Dorador había depuesto su candidatura y, con ello, perdió fuerza también la de Catrileo, se lograron los apoyos —con todos los escaños reservados votando de la misma manera— para María Elisa Quinteros (Mov. Sociales Constituyentes) y Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), los nuevos presidenta y vicepresidente de la Convención, respectivamente.
Pero recién terminada la elección de Quinteros, Isabel Godoy insistió en las diferencias y aseguró en entrevista a Mega Plus que Rosa Catrileo "es la responsable" de que Dorador no hubiese logrado la presidencia.
Dudas dentro y fuera del ex-Congreso
Las diferencias entre los escaños reservados tienen su origen en cómo se lleva adelante el proceso de consulta indígena para la redacción de la Constitución. Si bien ninguno ha dicho explícitamente cómo debiese hacerse el proceso, la primera división fue respecto al texto base con el que se realizaría la participación de los pueblos originarios. El grupo que ahora forma parte de la Coordinadora plurinacional proponía ir a los pueblos con artículos ya escritos, mientras que el otro presentó fichas sobre las cuales los pueblos deliberaran, idea que fue aprobada por mayoría.
Luego de ello, renunció el coordinador de la comisión a cargo del tema, Victorino Antilef; aumentaron las dudas respecto del presupuesto que requerirán y de los plazos y surgieron las voces de "boicot".
Lo concreto es que a seis meses de que termine el período de la Convención, la consulta indígena no se ha hecho y algunos convencionales ya ponen en duda la legitimidad del proceso.
Esta semana, Natividad Llanquileo publicó en Twitter que "si no se realiza una consulta indígena conforme a los estándares internacionales está en riesgo todo el proceso constituyente". La convencional mapuche afirma que los pueblos indígenas podrían recurrir a las cortes internacionales de no estar conformes o vean vicios en la consulta.
La preocupación también se ha instalado fuera del ex-Congreso. Hugo Alcamán, dirigente mapuche de Enama, adelanta que si la consulta "está ideologizada, advertiremos a nuestros hermanos para que la rechacemos".
Para Richard Caifal, mapuche, presidente del centro de políticas indígenas Rakizuam, cree que, si es que se hace, “será una consulta con falencias en la información” y que los conflictos internos de los pueblos demuestran que "ha faltado mayor seriedad y responsabilidad".
Dante Choque, aimara, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, opina que "ha habido un cambio importante en la expectativa porque aún no es de dominio público la metodología de la consulta y quienes entienden las etapas necesarias para el proceso se preguntan cómo se logrará en los tiempos definidos por la Convención". Por ello, cree que es clave hacer un esfuerzo mayor para llegar a aquellos pueblos con dificultades "de transporte, infraestructura, distancia, entre otros factores".
La inquietud la han planteado también otros convencionales: Amaya Alvez (Frente Amplio) expresó el lunes: "No nos queda demasiado tiempo para llevar a cabo el proceso de consulta. Es más, diría que por informaciones algo confusas hay comunidades de pueblos originarios, al menos en Biobío que es donde vivo, que piensan que no se va a realizar, y eso me preocupa mucho".
Isabella Mamani, recién elegida como nueva coordinadora de la comisión de Derechos de los pueblos indígenas en reemplazo de Antilef, intentó poner paños fríos: "No puedo estar con esa actitud de negatividad. Queda un mes, y aprovecho de señalar a todos los pueblos indígenas que se preparen, que vamos a llegar, que actuemos con responsabilidad. La consulta se tiene que llevar a cabo".
Falta de metodología
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que "(los gobiernos deberán) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente", pero no establece cómo hacerlo.
Según un documento del Ministerio del Medio Ambiente, las etapas de la consulta indígena son: planificación, entrega de información y difusión, deliberación interna de los pueblos, sistematización y comunicación de los resultados.
De acuerdo con eso, la consulta de la Convención está en la primera etapa pues, al cierre de esta edición, la secretaría técnica que recibe instrucciones de la comisión ad hoc no había entregado una propuesta metodológica sobre cómo se llevaría a cabo.
Ante los retrasos, Galleguillos dice que puede ser que la consulta sea a través de encuentros organizados por municipios, con debates acotados, como derecho al agua (algo relevante para su pueblo), "pero otros sectores pueden tener una serie de demandas unidas a la extensión de su territorio que puede tardar más", como puede ser con el pueblo mapuche o aimara.
La otra coordinadora de la comisión de Derechos de los pueblos indígenas, Margarita Vargas, plantea que la consulta debe cumplir “con los estándares internacionales, un piso mínimo de las etapas, que sea previamente informada, con difusión, en la cual lleguemos a acuerdos que se puedan traducir a normativas jurídicas que establezcan los derechos pertinentes a cada territorio", que se adapte a las distancias geográficas de cada pueblo, con apoyo técnico.
¿Y el tiempo? Vargas afirma que "estamos esperando elaborar un cronograma para establecer una fecha tentativa del proceso de consulta indígena”. Por su parte, Eric Chinga dice que “no va a ser una consulta como quisiéramos (...); generalmente las consultas tienen un tiempo de seis meses, que no tenemos, para informar a los pueblos, y puede que lleguemos tarde para febrero cuando se estén votando normas".
Wilfredo Bacián añade que el actual cronograma “es inviable cumplirlo por la demora que ha significado en la comisión o la incertidumbre del presupuesto”. Así y todo, confía en que se logrará realizar.
