Alerta y preocupación han generado algunos hechos de violencia ocurridos en los últimos días en el país. Tema que el Gobierno ha buscado no sólo combatir con el actuar de las policías, sino que también impulsando una agenda de seguridad que se ha convertido en una de sus prioridades de cara al fin de su mandato.
Para ello, La Moneda no sólo ha puesto urgencias legislativas a los distintos proyectos de ley que están Congreso -algunos desde hace más tiempo de otros-, sino que incluso le pidió ayuda a la futura administración para sacar adelante algunas iniciativas.
Y si bien en el Ejecutivo son optimistas en poder despachar algunas medidas antes del término del actual periodo, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, recordó hoy en radio ADN que "a veces nos hemos encontrado con unas posiciones ideológicas muy contrarias a ellos", lo cual cree que ha dificultado la tramitación legislativa de varias iniciativas.
Visión que se aleja de la de un grupo de alcaldes y alcaldesas de oposición, quienes acusaron esta mañana un fracaso de la gestión de La Moneda en materia "seguridad", aunque pidieron medidas urgentes como la redistribución del contingente policial y que se "tome acciones concretas" ante el control del narcotráfico y el uso de armas.
Tras el comité político ampliado en La Moneda, el timonel de RN, Francisco Chahuán, emplazó al Presidente electo Gabriel Boric y a la oposición a apoyar el proyecto de ley de control de armas.
"Esperamos que en esta oportunidad, Gabriel instruya a los diputados que lo acompañan en su coalición de Gobierno, para que voten de manera coherente, que vote a favor de la nueva ley de control de amas (...) Acá se ha hecho un esfuerzo contundente por parte de este Gobierno para mantener a raya la delincuencia y si bien se han logrado disminuir los delitos de alta connotación pública, su alta concentración en la Región Metropolitana, que genera una situación de ecocomunicacional, por una parte y por otra, el uso de armas de fuego es lo que ha generado mayor violencia", expresó Chahuán.
Ante la ofensiva de los alcaldes, el líder del PRI, Rodrigo Caramori, los llamó "a que no sean patudos, la campaña presidencial y parlamentaria ya terminó y hoy no es necesario tratar de sacar ventajas mezquinas políticas, con algo que es tan sentido para la ciudadanía", afirmando que ellos mismos necesitarán las herramientas que le "negaron" al Gobierno para controlar este tema.
El estado de la agenda
Pero más allá de las opiniones de uno u otro lado, es importante revisar en qué estado está la agenda de seguridad del Gobierno en el Congreso, de acuerdo a datos entregados desde Interior y la Segpres.
Un paso importante dará esta semana el proyecto que modifica la ley N°17.798, sobre control de armas, sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público. La iniciativa pasó por una comisión mixta que resolvió las discrepancias entre diputados y senadores el pasado 4 de enero, estando pendiente solamente la votación su informe en Sala, lo ocurrirá en estos días. Tiene actualmente discusión inmediata.
Una situación distinta enfrenta el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
La medida está en segundo trámite constitucional, siendo aprobada en el Senado la idea de legislar el pasado 1 de diciembre de 2021, iniciándose su discusión en particular el 11 de enero de 2022. Cuenta con discusión inmediata.
También ha contado con discusión inmediata por parte del Gobierno el proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que se indica. En su primer trámite constitucional, se dio cuenta del informe de la comisión en Sala el 1 de septiembre de 2021, fecha desde la cual se encuentra en la tabla de la Sala del Senado.
Una historia similar ha tenido que enfrentar el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. La iniciativa pasó a una comisión mixta en el mes de septiembre, la cual no lo ha hecho hasta la fecha. La medida tiene discusión inmediata desde el 2 de marzo de 2021.
Otra de las iniciativas pendientes en el Parlamento, es el proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. La medida en segundo trámite constitucional, está en la comisión de seguridad desde el 25 de junio de 2021, fecha desde la cual tiene suma urgencia.
También está el proyecto de ley que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería. La medida en primer trámite Constitucional, está en la comisión de Seguridad del Senado, desde el 17 de diciembre de 2019, con urgencia suma.
También dará sus primeros paso en el Congreso, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
Entre las medidas que el Gobierno destaca que han sido aprobadas ya están la Ley Juan Barrios, junto a otras iniciativas como la ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y que está actualmente en control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP),
A estos se suma la ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, publicada en el mes de diciembre. Además de la ley sobre comercio ilegal, el cual también está a la espera en control preventivo obligatorio de constitucional en el Tribunal Constitucional.
También fueron despachados tiempo atrás la ley antibarricadas, el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad, la ley antiportonazo y una iniciativa que combate los fuegos artificiales.
Mal resultado tuvieron la tramitación de la ley de robo de madera, la cual la semana pasada fue rechazada por el Congreso, así como la iniciativa que aumenta las penas a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros.
En tanto, también están pendientes, por ejemplo, otras medidas como el proyecto de especialización de las policías, el estatuto de protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad, ambas en primer trámite. Al igual que la ley corta antiterrorista, la ley antiencapuchados y la ley que sancionada conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad.
En segundo trámite en cambio están la ley de modernización del sistema de inteligencia, la iniciativa que refuerzan la protección penal a la infancia y a otras personas, aquella que agrava la pena al delito de homicidio simple y la medida que fortalece el control de identidad por parte de las policías, entre otras iniciativas.
