Con el proceso de audiencias públicas ya finalizado, las siete comisiones de la Convención Constitucional comenzaron el proceso de deliberación de normas. En las instancias de Sistema político y Derechos Fundamentales, por ejemplo, ya empezó la exposición de las normas propuestas; la de Medioambiente y modelo económico comenzó ayer a votar en general y, de acuerdo a lo informado esta semana, las de Forma de Estado y sobre Sistemas de conocimientos harán lo mismo desde hoy.
Mientras eso ocurre, a 12.048 kilómetros de Santiago, en Venecia, Italia, comienzan a mirar el proceso constituyente de Chile.
Esto, porque a principios de enero, 22 senadores chilenos de distintos sectores políticos enviaron un oficio, firmado por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia. En aquel consultaban sobre diferentes materias, como la posibilidad de que la propuesta de nueva Constitución contemple un Congreso unicameral, si es que se considera conveniente eliminar el Tribunal Constitucional y si es que la "idea de no abolición de derechos fundamentales incluye el principio de no regresión en materia de derechos y libertades", según el documento.
La institución europea ya acusó recibo y ahora los pasos a seguir son claros. "La Comisión de Venecia ha recibido una solicitud del Senado para preparar una opinión sobre algunas cuestiones esenciales de la reforma constitucional en Chile. Como es nuestra práctica habitual, propondremos reunirnos con las autoridades (incluida la Asamblea Constituyente), las partes interesadas y la sociedad civil durante la elaboración de la opinión", confirmaron a "El Mercurio" desde la secretaría de la Comisión.
Agregaron que "si la situación sanitaria lo permite, una delegación de la Comisión de Venecia viajará a Chile para las reuniones; si no, estas reuniones se organizarán en línea". Y si bien reconocen que "es demasiado pronto para confirmar si se realizará la visita y cuándo", adelantan que "podría ser en febrero de 2022".
Camino a las recomendaciones
La Comisión de Venecia fue creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín y entre sus miembros se cuentan 62 países: los 47 del Consejo de Europa y 15 de otros continentes. En el caso de América, están asociados Brasil, Canadá, México, Perú y Chile.
Cada Estado tiene un representante denominado "miembro" y un suplente (en algunos casos dos), y se reúnen de manera trimestral en sesiones plenarias.
El próximo pleno está fijado para el viernes 18 y sábado 19 de marzo, y será entonces cuando se analice la solicitud chilena, justo mientras el pleno de la Convención Constitucional esté votando las normas para la nueva Carta Fundamental.
Las sesiones plenarias de la Comisión de Venecia tienen cuatro ejes: revisión de informes institucionales que pueden ser, por ejemplo, de la presidenta de la instancia o de un embajador del comité de ministros del Consejo de Europa; seguimiento a los casos de sesiones pasadas; estudio de casos nuevos (entre 8 y 15 requerimientos) y, finalmente, de existir, se analizan noticias de derecho comparado.
Es en el tercer eje en el cual se insertará la solicitud chilena. Y para su tratamiento, según explican fuentes de la Comisión, se realizan varios pasos antes de llegar a una recomendación final.
El primero de ellos, y que ocurrirá dentro de las próximas semanas, es que la secretaría de la Comisión seleccionará a los miembros que tengan relación con las materias consultadas. En el último caso de análisis constitucional que realizaron, de Serbia, el año pasado, se eligió a seis relatores, y se estima que para el caso chileno se optará por la misma cantidad.
Una vez seleccionados los ponentes, cada uno deberá estudiar las preguntas efectuadas por los senadores y realizar un borrador con las consideraciones propias, el cual será entregado a la secretaría.
Luego vendrá la visita al país, posiblemente en febrero, durante dos o tres días, para conocer la opinión de los principales actores políticos y jurídicos.
Al respecto, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), aseguró que, de llegar algún requerimiento, "será evaluado en su pertinente momento".
Después de las reuniones, los relatores redactarán un único borrador en el cual se unificará el trabajo de cada uno y las conclusiones de los encuentros con las autoridades chilenas. Este informe será enviado a todos los miembros de la Comisión, quienes podrán presentar observaciones antes del encuentro de marzo.
Llegada la última etapa, el jueves 17 de marzo en la tarde, se estima que algunos miembros del organismo que sesiona en la ciudad italiana se reúnan en una subcomisión. Allí podrán participar quienes tengan interés en la materia, para analizar eventuales modificaciones al borrador que posteriormente será discutido en el pleno.
Finalmente, en la sesión plenaria de marzo, además de la presentación que realizará uno de los relatores encargados, también tendrá la posibilidad de hacerlo una autoridad designada por Chile. Posteriormente, los miembros de la Comisión tendrán la última oportunidad para presentar reparos o indicaciones.
Así, el pleno consensuará su opinión sobre la consulta —siempre buscan consensos, nunca votan—, incorporando los distintos puntos de vista, proceso que, por lo general, demora entre media y una hora.
En contexto
Las recomendaciones que entrega la Comisión de Venecia se hacen sobre la base del derecho internacional, especialmente en materia de derechos humanos, y del derecho constitucional comparado. Si bien toman en cuenta las opiniones que la institución ha tenido en situaciones similares, sus pronunciamientos siempre dependen del contexto histórico del país que consulta.
La solicitud chilena no es un caso aislado. De los informes elaborados por la Comisión de Venecia, se desprende que es común que en procesos constitucionales se realice este tipo de requerimientos.
El último caso analizado fue de Serbia, pero antes ya se había estudiado a Malta, Georgia, Finlandia, Luxemburgo, Túnez, Hungría e Islandia.
Respecto de este último, representantes de Islandia solicitaron a la Comisión que emitiera una opinión sobre el proyecto de ley para su nueva Constitución, proceso iniciado en 2010. "La Comisión ha observado que existe el riesgo de que, de aprobarse, el proyecto de ley no alcance el consenso necesario para que sea confirmado por el próximo parlamento", decía el informe de 31 páginas evacuado en el pleno del 8 y 9 de marzo de 2013. Hasta ahora, el proceso constitucional de Islandia no ha sido finalizado.
Sobre algunos temas consultados por los chilenos existen pronunciamientos. Por ejemplo, respecto de posibles modificaciones al aparato estatal, en el reporte sobre la enmienda constitucional del pleno del 11 y 12 de diciembre de 2009, la Comisión de Venecia señaló que "cada Estado es libre de hacerlo siempre que se cumplan ciertos requisitos democráticos fundamentales del derecho internacional. Las variaciones son innumerables y no existe un ‘mejor modelo’ de aplicabilidad universal (…). Siempre es posible, al menos en teoría, perfeccionar aún más un sistema de gobierno".
Sobre el control constitucional, al analizar el caso de Islandia, el pleno consignó que "la Comisión de Venecia saluda que, a diferencia de la Constitución actual, el proyecto de ley garantiza claramente en el Artículo 101, la posición de la Corte Suprema como el tribunal supremo del sistema", mientras que en octubre de 2015 opinó respecto de Túnez que "en general, el proyecto de ley institucional del Tribunal Constitucional cumple con las normas y principios establecidos en la Constitución y normas internacionales".
Y es que aunque la Comisión tiene un mecanismo de funcionamiento establecido, no existe un lineamiento o respuesta tipo para cada tema, sino que sus sugerencias dependen del análisis que haga del país.
