Desde el próximo 11 de marzo, la nueva titular del Ministerio de Salud será María Begoña Yarza Sáez, magíster en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y exdirectora del Hospital pediátrico Exequiel González Cortés, entre 2009 y 2018.
A ese cargo accedió a través de la Alta Dirección Pública y a través de ese rol logró convertir al hospital en el primer establecimiento público de salud en obtener por segunda vez consecutiva la Acreditación en Calidad de la Superintendencia de Salud.
Yarza tiene 57 años, es independiente y proviene de la Región de O'Higgins. Es egresada de Medicina de la Universidad de La Habana, y médica cirujana de la Universidad de Chile. También es académica de la Universidad Diego Portales y durante la pandemia se desempeñó como gerenta de Calidad y Gestión Clínica de la Clínica Santa María.
Sus vínculos con el mundo público son varios: fue subdirectora médica del Hospital San Borja Arriarán y entre 2008 y 2009 se desempeñó como encargada de la Unidad de Procesos Asistenciales en el Departamento de Hospitales del Ministerio de de Salud. También fue directora del Servicio de Salud Sur entre 2010 y 2011.
Asimismo tiene vínculos con el Colegio Médico, organismo que presidió la nueva ministra de Interior, Izkia Siches, hasta el año pasado, y donde Yarza ocupó el puesto de presidenta del Departamento de Trabajo. En 2018, el Colmed le entregó un Premio a la Trayectoria Profesional.
A principios de 2021 participó de la discusión sobre la gestión del Ministerio de Salud y aseguró en entrevista con La Tercera que impulsa el sacarle la gestión de redes a esa cartera.
El año pasado, también, escribió a El Mercurio una carta con Siches, Cristóbal Cuadrado y otros representantes del Colmed para debatir sobre el proyecto legislativo que regula los precios máximos de exámenes y procedimientos diagnósticos del sector privado.
Sus propuestas en esa área son un Consejo Autónomo para la regulación de tarifas y aranceles, una Agencia de Excelencia Clínica y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud para fiscalizar y sancionar prácticas que persigan distorsionar el espíritu de este proyecto, según explicó en la misiva.
