La zona norte del país, especialmente la región de Tarapacá, enfrenta por estos días un recrudecimiento de la crisis migratoria que ha traído consecuencias sanitarias, económicas y de seguridad. Desde febrero del 2021 a la fecha, se han registrado 22 muertes en el paso fronterizo de Colchane -dos en lo que va del año-, además del incremento en los hechos de violencia, tráfico de drogas e incluso el secuestro de un comerciante.
Las autoridades locales denuncian que no hay un real control en las fronteras, y que en medio de las personas que se desplazan buscando mejores oportunidades también hay quienes buscan delinquir.
El acalde de Iquique, Mauricio Soria, afirmó esta mañana a Radio ADN que "la frontera de Tarapacá está cerrada por decreto, y aquí pasa más gente que en Paso Los Libertadores (que está abierto). Allá al menos les piden la cédula de identidad, aquí no se pide nada, entra y sale el que quiere". Por otro lado, afirmó que "la delincuencia y el crimen organizado no tiene nacionalidad".
En la misma línea, el gobernador regional, José Miguel Carvajal, afirmó a Radio Universo que entre medio de quienes vienen buscando mejores oportunidades, "también ingresan delincuentes; yo lo he dicho, un delincuente en cualquier lugar del mundo es delincuente".
Estos hechos no sólo impactan en la seguridad de los vecinos, sino que también en la economía y el turismo. El comercio local de Plaza Condell, por ejemplo, ha tenido que comenzar a cerrar más temprano, a raíz del aumento de personas indigentes que se instalaron en el lugar y por la propia delincuencia. Esto, mientras deben lidiar con malos olores, basura y personas que defecan en el lugar.
A esto, se suma la reciente agresión que sufrieron dos carabineros el martes en el sector de Cavancha, en Iquique, por parte de cuatro ciudadanos venezolanos indocumentados. El Gobierno no sólo condenó el hecho, sino que anunció que ya están firmado los decretos de expulsión para los cuatro sujetos que, por ahora, permanecen en prisión preventiva.
Autoridades piden una "señal clara"
Ayer, el frontis de la Gobernación Regional no pasó desapercibido. "Crisis migratoria, inseguridad y delincuencia. Nunca antes vivida en Tarapacá. Gracias Presidente Piñera por el legado", señala el lienzo que el gobernador asegura haber pagado de su bolsillo y por el cual la Contraloría le dio un plazo de cinco días para dar una explicación.
"Hay un llamado de alerta. No sé si lo hace el lienzo o el grave incidente de ataque a Carabineros, pero es una de las tantas aletas que ya se han generado en una región que nunca había tenido portonazos, o que nunca habíamos conocido el secuestro y luego asesinato a un comerciante de 67 años", afirmó Carvajal.
Lo que reclaman los vecinos es un problema de seguridad, y un botón de muestra; lo que le pasa a las personas en Iquique, es lo que les pasó a Carabineros".
Mauricio Soria, alcalde de Iquique
Por eso, la petición de la autoridad regional es que el Gobierno y específicamente el Ministerio del Interior, "
por fin se pronuncien con una medida en particular (...) con algún tipo de señal clara de intervención de lo que está sucediendo en la región". Asimismo, recalcó que no ha existido diálogo por parte del Ejecutivo con las autoridades locales, por lo que "es imposible poder implementar una medida que sea exitosa".
De lo contrario, teme que no sólo se agudice la delincuencia, sino que también los discursos xenofóbicos, tal como ocurrió en septiembre del año pasado con la marcha que dio la vuelta al mundo por las crudas imágenes de personas quemando las pertenencias de inmigrantes, principalmente venezolanos.
El emplazamiento del gobernador al Presidente Sebastián Piñera también apunta al cambio que ha sufrido la región en estos últimos años, "él entró a una región relativamente estable en paz social y hoy estamos terminando con vecinos que se quieren armar y salir a golpear a algunas personas".
"Lo que reclaman los vecinos es un problema de seguridad, y un botón de muestra: lo que le pasa a las personas en Iquique es lo que les pasó a Carabineros", ejemplificó el alcalde Soria.
Debate por estado de excepción
Son varias las autoridades que han solicitado que se declare estado de excepción en la zona. Ayer, la bancada de diputados UDI solicitó que el Gobierno implemente la medida, afirmando que "la situación está desbordada".
Más dura fue la senadora Luz Ebensperguer, quien afirmó que "el Gobierno ha fracasado en cuanto al control de la delincuencia y la migración", y anunció que para el 31 de enero hay anunciado un paro, donde "la gente va a salir a defenderse por si misma, porque el Gobierno ha sido incapaz de defender a los tarapaqueños".
Para el gobernador Carvajal, "es una solución, pero no es 'la' solución. Creo que es la respuesta final a algo cuando se va de las manos en trabajar seriamente en esta materia y en esto no se ha trabajado seriamente".
En tanto, el alcalde de Iquique, afirmó que lo que se está pidiendo son mayores recursos, más fiscales y mejor especialización para abordar el tema migratorio.
Con todo, este miércoles, luego de la visita al carabinero agredido -quien fue trasladado al Hospital de Carabineros-, el Vicepresidente, Rodrigo Delgado, descartó que la medida se vaya a implementar.
"Las razones para fundamentar un estado de excepción son muy distintas a lo que ocurre, por ejemplo, en la Macrozona Sur", afirmó. En ese sentido, destacó que en Tarapacá "se han reforzado los patrullajes, de hecho ayer y anoche se hizo una cantidad importante de recorridos por la ciudad de Iquique, de controles preventivos, de detenidos, decomisos", afirmó.
Asimismo, recalcó que "no es que aquí no se ha hecho nada, esto no es blanco o negro". Según las cifras que entregó Delgado, en los últimos meses, ambas policías (PDI y Carabineros) han decomisado más de mil toneladas de droga en la región de Tarapacá; se han detenido cerca de 60 bandas criminales. "Justamente desde que tomamos nota del aumento de la violencia, de la delincuencia y asesinatos en la región. No estamos impávidos al respecto", subrayó.
