Luego de las elecciones parlamentarias del pasado 21 de noviembre, que dejaron como resultado una conformación del próximo Congreso altamente fragmentado, la mayoría de los convencionales parecía haber desechado la posibilidad de avanzar en distintas reformas que se habían planteado desde la Convención y que requerirían de un cambio a la Constitución vigente, como la realización de un plebiscito dirimente o, incluso, una ampliación del tiempo de funcionamiento de la Constituyente.
Pero el retraso en más de un mes de la consulta indígena, las extensiones de plazo para el ingreso de iniciativas populares y, especialmente, los tiempos acotados para la deliberación de normas, que mantienen por estos días a las comisiones en un vertiginoso ritmo, discutiendo y votando iniciativas, han provocado que la eventual solicitud de prórroga sea tema de discusión obligado al interior de los colectivos políticos.
Por ejemplo, en la comisión de Derechos Fundamentales, la que tiene el temario más extenso por discutir, se había estimado que para deliberar sobre cada derecho se tendría una hora de deliberación. Pero esta semana, cuando los convencionales debían explicar las iniciativas presentadas, cada uno tenía cinco minutos para exponer, se habría espacio a preguntas y, si no las había, se pasaba inmediatamente a la norma siguiente.
No es el único caso. Aunque habían tenido varias jornadas de discusión previa sobre distintas iniciativas, finalmente en la comisión de Forma de Estado, el jueves de la semana pasada se votaron 12 propuestas en solo dos horas y en la comisión sobre Sistemas de justicia, este lunes se votaron 20 durante la mañana. En ambas instancias se estableció que no habría posibilidad de argumentar el voto.
En este escenario y a diferencia de lo que ocurría el año pasado, cuando solo Manuel Woldarsky (Coordinadora constituyente plurinacional y popular) se animó a plantear esta idea públicamente —“debiese ser en total dos años, pero si es más, mejor”, dijo sobre el plazo de la Convención—, hoy son más los convencionales que opinan que al menos se debe estudiar la opción.
"Yo sé que estamos atrapadísimos con el tiempo. Lo tengo más que claro", sostenía Malucha Pinto (Colectivo Socialista) el pasado 18 de enero, en la comisión de Sistemas de conocimientos, cuando discutían el cronograma de la instancia. Ahí relató que, a la hora de patrocinar iniciativas, "llegó un momento en que ya era imposible leer esas normas porque ya era todo vertiginoso, no había tiempo de analizar y uno empezó a patrocinar confiando en la persona que te lo entregó o apostando a que es un tema que debiera estar (...). Esto creo que está atentando contra nuestra deliberación y votación". Y agregó: "Personalmente, soy una de las personas que cree que tenemos que intentar pedir una prórroga".
Isabel Godoy (colla) también ha dicho públicamente que se debiese pedir más plazo. El pasado viernes, en la comisión de Derechos de pueblos indígenas, la constituyente sostuvo que "hay varios colectivos y varios que ya se han pronunciado en que el plazo debiera alargarse, no tanto tampoco, no dos años ni un año, un par de meses, a nosotros por cierto que nos facilitaría el trabajo para poder hacer una buena consulta (indígena)".
Discutirlo en marzo
Aunque recalcaba que sus esfuerzos se concentrarían en cumplir el cometido en 12 meses, a pocos días de asumir como presidenta de la Convención, a principios de enero, María Elisa Quinteros afirmaba que "la prórroga está supeditada a las necesidades del pleno. Es decir, si el pleno decide que tenemos que prorrogar esto, nosotros como mesa tenemos que hacer lo necesario para darle cumplimiento, si las justificaciones son las adecuadas".
Y en los colectivos ya están evaluando internamente ese escenario.
Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista) cree que "la Convención se tiene que preparar para tener esta discusión, pero a su vez, estar igualmente preparada para sacar adelante el trabajo en los tiempos que corresponden, porque no depende de nosotros la prórroga del plazo". En este sentido, dice que es de la idea de que "este tema se discuta en la Convención y se lleve como un planteamiento general", para que luego el Ejecutivo y el Parlamento tomen una decisión y así "podamos tener una certeza de que eso es o no posible".
¿Cuándo tener esta conversación en la Convención? "Esta discusión se tiene que abrir en marzo de este año", dice Hurtado, y agrega que de existir una prórroga, “entre tres y seis meses es lo adecuado".
Por su parte, el comunista Marcos Barraza (Chile Digno) expone que un aplazamiento "de alguna manera extiende un proceso que no se puede dilatar en el tiempo", pero igualmente afirma que "debiésemos tratar de ajustarnos a este plazo y recién en marzo, si es que las evidencias dan cuenta de que hay retrasos, debatir si se requiere dos meses más, un mes más".
En el Frente Amplio también han conversado este tema. Y si bien el actual cronograma con el que trabaja la Convención es asociado a uno de sus filas —el exvicepresidente de la Convención Jaime Bassa—, también consideran que es una posibilidad que se debiese evaluar.
"Creo que es fundamental trabajar en base al cronograma que nos dimos y que está ajustado al plazo que se nos ha fijado. Hasta hoy estamos cumpliendo ese cronograma y estamos recién comenzando las votaciones. De abrirnos a evaluar la prórroga, creo que correspondería hacerlo en marzo, con el trabajo más avanzado", dice Constanza Schönhaut (Frente Amplio).
En la UDI también creen que se debe intentar cumplir con los plazos, pero que de solicitar una ampliación, debería ser luego de que la Convención cumpla los primeros nueve meses establecidos en la Constitución, es decir, en abril, y que de pedir una extensión, sea la ciudadanía la que decida otorgarla o no. "Se me ocurre poder plebiscitar la posibilidad de poder ampliar el plazo o no, o incluso establecer la alternativa, en caso de rechazarse este aumento de plazo, de que sea el Parlamento el que continúe con la labor constitucional", precisa Katerine Montealegre (Unidos por Chile).
Pero hay quienes son más tajantes en sus definiciones. Elsa Labraña (Coord. plurinacional) precisa que "anticipándome a comentarios que se han escuchado incluso por constituyentes de que 'postulamos sabiendo las condiciones del plazo', es necesario preguntarse: ¿es más importante eso o entregarle al país una buena Constitución? La participación ciudadana no estaba prevista cuando se pensó este proceso constituyente y ahora que existe, claramente hay que ver que se realice de forma correcta".
Para Labraña, "con tres meses más estaríamos en condiciones de responder de forma eficiente a la participación popular".
Reglas que cumplir
De todas maneras, hay quienes se oponen a la idea. Guillermo Namor (INN) dice que "no es algo que impulsemos, pero entendemos que dado lo estrecho de los plazos quizás se suscite una conversación, aunque espero no llegue al pleno".
Hernán Larraín (Ind.-RN-Evópoli) considera "que la Convención tiene un grupo de reglas que deben ser respetadas y cuidadas. Abrirlas, como por ejemplo respecto del plazo, es abrir el proceso a otras modificaciones, y creo que eso pone en riesgo la estabilidad, la fe pública hacia este proceso".
Mientras, para Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) tampoco es una opción pedir una prórroga. "Hay constituyentes que de buena fe pueden estar pensando en un alargue de plazo, pero según creo, también hay quienes, en parte de la izquierda, que ven ese alargue como un tiempo adicional para continuar proyectando desde la Convención a figuras con probable futuro político y electoral, y, en parte de la derecha, quienes querrían que el plebiscito de salida tuviera lugar lo más lejos posible del momento estelar del nuevo gobierno que no les gusta", sostiene.
