Las autoridades locales de la zona norte del país continúan exigiendo al Gobierno tomar medidas concretas para resolver la crisis de seguridad que afecta a la zona. Por un lado, piden mayor control en el ingreso de migrantes y, por otro, soluciones ante el aumento de hechos de violencia, homicidios, secuestros y sicariato.
De hecho, la agresión a Carabineros del martes por parte de cuatro ciudadanos venezolanos indocumentados, provocó una congregación solidaria por parte de la ciudadanía al frente de la comisaría de la ciudad. "
De muestra, un botón: lo que le pasa a la gente en Iquique es lo mismo que les pasó a Carabineros", dijo ayer el alcalde de esa comuna, Mauricio Soria, a Radio ADN.
Ayer, se viralizó por redes sociales otra agresión a un funcionario ocurrida el pasado 16 de enero, luego que un ciudadano venezolano acusado de hurto en una feria, lo agrediera y le provocara una fractura nasal. El agresor se encuentra en prisión preventiva, al igual que los cuatro protagonistas el incidente en Cavancha.
Según consigna El Mercurio, a partir de datos del Ministerio del Interior, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en la región de Tarapacá se produce, en promedio un homicidio cada 48 horas. En tanto, en la región de Arica y Parinacota, el promedio de estos delitos ocurre cada 100 horas, es decir, cada 4,5 días.
En Tarapacá, pasaron de un promedio de ocho homicidios al año a 52, incluyendo casos de secuestro y denuncias de participación de sicarios. En tanto, en Arica, la fiscalía informó que "este año se han registrado seis homicidios en la ciudad. Cinco de ellos por arma de fuego y todas las víctimas son extranjeras", consigna el citado medio.
Consultado por la relación entre el flujo migrante y el aumento de estos hechos, el coronel de Carabineros,
Andrés Arenas, prefecto de Iquique, planteó a
Radio Universo, según la información levantada en el último mes respecto a homicidios, "el 66% son nacionales".
"Ahora, si empezamos a analizar todos los delitos, tenemos que contextualizar que Iquique tiene mucha inmigración, aquí no solamente hay venezolanos, hay colombianos, bolivianos, paquistaníes e indios. Por lo que la posibilidad de que en procedimientos policiales estén involucrados extranjeros es esperable, puede ocurrir", afirmó. Asimismo, afirmó que muchos de estos delitos comienzan con riñas y que el aumento de incautaciones de droga y de armas, también es un reflejo del incremento de los controles que han realizado Carabineros.
Anuncian paros y marchas contra la violencia
Con todo, las autoridades locales temen que aumenten los discursos xenofóbicos, y el propio gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, advirtió que hay vecinos "que se quieren armar y salir a golpear a algunas personas".
De hecho, la senadora UDI
Luz Ebensperguer dio a conocer que para el 31 de enero está anunciado un paro en esa región, "donde la gente va a salir a defenderse por si misma, porque el Gobierno ha sido incapaz de dar una solución".
En tanto, en Arica también hay una convocatoria para una marcha pacífica contra la delincuencia que se realizará el sábado. "Arica defiende Arica" es el nombre de la manifestación convocada por distintas organizaciones sociales, donde buscan exigir soluciones ante los hechos de violencia que se han recrudecido.
"¿Qué debemos esperar los ariqueños, seguir con la sensación de inseguridad?", se pregunta el gobernador de Arica, Jorge Díaz. Según comentó en radio Cooperativa, esto "ya no es solo sensación, sino que derechamente es un temor fundado a la muerte en las calles de la región".
En línea con lo que han planteado las autoridades de la región, Díaz afirmó que se debe aumentar el control en las fronteras, "pero no puede ser que se siga permitiendo que ingresen persona irregular de manera al país y que nadie haga nada".
Además, recalcó que pese a los anuncios de expulsión desde Interior, hay muchas personas que no es posible localizar. "Por lo menos en esta región, a octubre del año pasado habían cerca de 1.400 decretos de expulsión y solo se habían podido materializar 28; a 950 no se habían podido ni siquiera notificar".
Al ser consultado por el debate sobre un posible estado de exepción -y pese a que el Gobierno ya lo descartó- el prefecto de Iquique, afirmó que "voy a acatar lo que se ordene, pero todo suma", subrayó.
