Las votaciones en general en la Convención van avanzando y una de las primeras instancias en iniciar esta etapa fue la comisión de Forma de Estado. La semana pasada votó 14 iniciativas, de las cuales 11 fueron aprobadas y tres rechazadas. En concreto, las que no contaron con mayoría simple habían sido presentadas por Vamos por Chile y planteaban que el "Estado de Chile es unitario" y que su administración es descentralizada. Todas las iniciativas que sí fueron aprobadas comienzan a configurar a Chile como un Estado Regional.
El texto sistematizado enviado por la secretaría a los convencionales, y al que le pueden presentar indicaciones hasta este domingo para empezar con las votaciones en particular, establece que "Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado" y que "Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas".
Si bien las propuestas presentadas por las colectividades tienen algunos matices, contemplan la existencia de gobiernos regionales, asambleas legislativas (congresos) y sociales. Además, buscan que el Estado se organice territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.
Todas estas serían las llamadas "entidades territoriales", las que estarán dotadas "de autonomía política, administrativa y financiera, y que tendrán relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo", señala una de las iniciativas que fue patrocinada por convencionales de INN, Colectivo Socialista, Frente Amplio, Mov. Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y representantes de escaños reservados.
Pero la aprobación en general de estas iniciativas que buscan otorgarles autonomía a las regiones y municipios ocurrió pocos días después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informara que 52% de las municipalidades del país están siendo investigadas por delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros.
Esto llevó al presidente del CDE, Juan Peribonio, a plantear incluso que "el principio de probidad pueda concretarse mediante una sanción ejemplar consagrada en la Constitución".
Las iniciativas presentadas consideran órganos de control a distintos niveles, aunque similares a los ya existentes. Por ejemplo, en una de las normas impulsadas por convencionales del Frente Amplio, Chile Digno y Mov. Sociales Constituyentes, se establece la existencia de una Contraloría General de la República que controle la legalidad de los actos administrativos y fiscalice el uso de fondos públicos del Estado Central, que cada región cuente con una "Contraloría Regional" y que cada municipio contemple una "Dirección de Control Municipal", cuestión que hoy está contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que ya establece al menos la existencia de unidades de control en los gobiernos comunales.
En cuanto a quienes encabezarán estas nuevas unidades edilicias, la propuesta considera que los respectivos directores sean nombrados por el concejo municipal "de una quina de candidatos propuestos por la o el Contralor Regional, que mantendrá la supervigilancia del órgano municipal".
Además, "una ley dictada por el Congreso Central regulará las atribuciones de la Contraloría General de la República, las Contralorías Regionales y las Direcciones de Control Municipal", complementa la iniciativa.
Asamblea regional
Otra iniciativa que ya fue aprobada en general por la comisión y que contó con el patrocinio desde INN hasta escaños reservados es la que busca establecer una "Asamblea Legislativa Regional" para cada una de las regiones, las que contarían con potestades legislativas. Si bien aún falta que sea sometida a indicaciones y discutida en particular, la propuesta que establecería Congresos locales ya cuenta con un amplio apoyo al interior de la Convención.
"Va a ser una especie de Core versión 2.0", explica Jeniffer Mella (Frente Amplio). La coordinadora de la comisión precisa que "habría que tener una redistribución en relación con la población regional y que nos permita volver a tener una representación territorial".
Respecto a la cantidad de integrantes, sería el Congreso nacional el que deberá fijar el número de cada una, teniendo en cuenta criterios de paridad y plurinacionalidad. Además, estas asambleas serán las encargadas de crear los estatutos regionales respectivos.
Al respecto, Felipe Mena (Un Chile Unido) opina que "esto más bien parece un Estado Federal de colaboración más que un Estado Regional que venga de la familia de lo unitario. Ni España se atrevió a tanto, en donde los estatutos de las comunidades autonómicas los tiene que aprobar un órgano central".
Dentro de las iniciativas, además, se plantean competencias residuales para las regiones, es decir, que tengan potestad legislativa en cualquier materia no expresamente reservada a la facultad del Congreso Nacional.
Junto con eso, uno de los ejes de las propuestas es la solidaridad entre las regiones para que no se genere un desequilibrio financiero de una zona respecto a otra, según las fuentes de ingreso como la minería. La idea es "un desarrollo armónico entre estas distintas entidades territoriales, atendiendo principalmente a aquellas zonas extremas o territorios insulares", explica Mella. Agrega que habría "tributos de carácter nacional, pero también de carácter regional".
Maritorio
Una de las unidades territoriales contenidas en las propuestas son las autonomías indígenas. La iniciativa presentada por los escaños reservados para esta materia dice que "las comunas, regiones autónomas, territorios autónomos indígenas son núcleos políticos y administrativos autónomos", lo que también fue presentado por INN y Mov. Sociales Constituyentes, quienes postulan que estas sean establecidas por los propios pueblos originarios y que podrían estar dentro de una comuna o en una región.
Por último, otro concepto que ha sido impulsado desde INN hasta escaños reservados es el de maritorio, el que abarcaría "la zona costera, aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y, en general, el litoral", explicita una de las propuestas.
Con esto, la idea es que el Estado ejerza "soberanía y jurisdicción sobre el maritorio", pero también protegerlo, asegurando su preservación, conservación y restauración ecológica.
