Durante esta semana, los convencionales han recepcionado y votado una serie de normas, de las cuales se desprenden diversos derechos sociales que requerirán de financiamiento. Y para contar con dichos recursos, hay expertos y algunos convencionales que proponen que se incorporen en la Constitución, como principios, los conceptos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
"La sostenibilidad fiscal se asocia a la 'solvencia' del Estado y se define como la capacidad que tiene el Estado para pagar su deuda en los plazos comprometidos. Mientras que la responsabilidad fiscal aborda temáticas relacionadas con el resguardo de las finanzas públicas y en Chile actualmente tiene rango legal (Ley N° 20.128, Sobre Responsabilidad Fiscal). Este principio se refiere a elementos centrales de la sostenibilidad y también a la eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos", detalla la economista Paula Benavides, integrante del Consejo Fiscal Autónomo.
Apertura a incluirla
Christian Viera, constituyente del Frente Amplio, señala que la responsabilidad fiscal es uno de los temas novedosos en la Constitución contemporánea "y se inserta en un tema que se llama Constitución Económica". Sostiene que la Constitución actual tiene incorporado en sus normas el concepto de responsabilidad fiscal con principios y reglas. Por ejemplo, el principio: "El Estado está al servicio de la persona humana…impulsa la regla de autonomía del Banco Central, que es una regla de responsabilidad fiscal y de responsabilidad democrática, que dice que sus integrantes no deben depender del gobierno de turno".
"El concepto de responsabilidad fiscal está incorporado en otras constituciones, como en la de Alemania, Suiza, Polonia, entre otras", señala Bernardo Fontaine, convencional de Independientes-RN-Evópoli. Explica que es una obligación del Estado actuar responsablemente, buscando un sano déficit y un equilibrio de gastar según los ingresos que reciba. Así, en el largo plazo se tiende a equilibrar gastos con ingresos y ayuda a controlar la inflación, disminuir las tasas de interés y enfrentar crisis.
Fontaine añade que "hoy la discusión en la Convención tiene poco sentido común, no hay preocupación por que el Estado pueda proveer todos los beneficios sociales que se están planteando".
En la misma línea, Andrés Cruz (Colectivo Socialista) señala que es indispensable establecer una regla que asegure la responsabilidad fiscal de manera de combatir de forma efectiva los populismos. "Ante todo desafío que implique un gasto se debe tener como contrapartida la certeza de que este podrá ser financiado sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del fisco", asevera.
En relación con ello, Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) reflexiona ante el tema y se pregunta: "¿Es más responsable cuidar los equilibrios macroeconómicos o la provisión de bienes primordiales a las personas, sin los cuales ninguna persona puede llevar una existencia digna, responsable y autónoma? La nueva Constitución va a establecer nuevos compromisos para el Estado, todos con algún efecto en el gasto público. No podría ser de otra manera. El Estado es responsable de mucho más que el buen manejo de la macroeconomía".
Desde la Fundación Rumbo Colectivo, centro de pensamiento ligado a Revolución Democrática, José Miguel Alvarado señaló ante la comisión de Medio ambiente y modelo económico que la nueva Constitución debería asegurar principios generales que propicien la sostenibilidad de las finanzas públicas a todo nivel fiscal. "Un principio deseable es la sostenibilidad fiscal, que es un principio de solvencia que no tiene relación con el tamaño del Estado. Es un adecuado balance entre gastos fiscales permanentes e ingresos permanentes a lo largo del tiempo, importante ya que, dentro de otras cosas, es una condición necesaria para expandir derechos sociales en el tiempo", puntualizó.
Explicó que deberían ser principios como la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de los recursos públicos los que se incorporen en la Constitución. Sin embargo, explica que "no deben incorporarse fórmulas, reglas o guarismos específicos dentro de la Constitución en cuanto a cómo se deben llevar las finanzas públicas, este tipo de instrumento podría no anticipar correctamente los escenarios futuros y podría restringir el actuar de la política fiscal. Esto no quiere decir que estos instrumentos no sean deseables, sino que debieran ser materia de la ley, y se deben realizar bajo estos principios que la Constitución mandata".
Equidad intergeneracional
El Consejo Fiscal Autónomo, organismo que tiene el mandato de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno central, envió a la Convención el documento "Aspectos fiscales en la Constitución", donde sugirió incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la Carta Magna, de manera que guíen el accionar del Estado, en todos sus niveles e instituciones, ello para financiar de manera sostenible las demandas sociales y generar una mayor estabilidad para las familias, permitiendo que futuras generaciones no deban enfrentar una excesiva carga fiscal causada por un exceso de deuda contraída por las generaciones presentes.
Paula Benavides, consejera del Consejo Fiscal Autónomo, explica que en el escrito se recalca que es posible entender la formulación de principios constitucionales como un contrato social con perspectiva generacional de largo plazo. Así, la sostenibilidad fiscal, al ser una preocupación de largo plazo, podría ser entendida como un elemento que forma parte de ese acuerdo o contrato intergeneracional, por cuanto habrá beneficios (o costos) que serán disfrutados (o incurridos) por las generaciones actuales, debiendo ser balanceados por las generaciones futuras. Esto se refiere al principio de equidad intergeneracional.
En la misma línea, Sebastián Soto, académico de Derecho de la Universidad Católica, propone incorporar en la Constitución una cláusula de presupuesto balanceado de sostenibilidad fiscal o de responsabilidad fiscal. "Esta tiene su fundamento en la solidaridad intergeneracional, ya que un Estado con un gran déficit es un Estado que en el futuro depende de las decisiones de los bancos que les prestan dinero. Un Estado con cuentas sanas es un Estado que puede depender por sí mismo", señala.
Agrega que también es importante mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto fiscal, "dado que se ha visto en la historia de Chile la indisciplina parlamentaria en esta materia".
