A medida que los convencionales avanzan en la deliberación y votación en general de normas, entre algunos miembros de la Convención Constitucional ha surgido la preocupación sobre el lenguaje que deberá utilizarse en la redacción del proyecto de Constitución.
Los convencionales reunidos en el Colectivo del Apruebo enviaron a principios de enero un oficio a la mesa directiva de la Convención, en el cual expresan que "una Constitución es, ante todo, un documento político que organiza, divide, limita y controla el ejercicio del poder político dentro de la sociedad, estableciendo como punto infranqueable para ese ejercicio los derechos fundamentales de las personas. Pero una Constitución es también un texto jurídico fundamental que necesita sustentarse en un lenguaje apropiado".
Por lo mismo, en el documento afirman que "el lenguaje de un texto jurídico, además de satisfacer otros requisitos propios de la técnica legislativa, tiene que ser lo suficientemente claro, conciso y desprovisto de ambigüedades y equivocidades, de manera que sus intérpretes tengan menos dificultades de comprensión del espíritu o intención que lo anima. Del mismo modo, el nuevo texto constitucional, además de interpretado, tendrá que ser aplicado por futuros gobernantes, legisladores, autoridades administrativas de todo nivel y jueces, quienes verán facilitada su labor si el lenguaje en que el texto constitucional se sustenta responde a las características o exigencias antes señaladas".
Ante ello, propusieron que se invite para exponer en sesión plenaria "a lo menos a dos expertos en materias de lenguaje, cuyo aporte podría resultar de alto valor en el momento en que constituyentes y no constituyentes están redactando propuestas de normas constitucionales", y sugirieron que podrían ser invitados Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua y presidenta del Comité Directivo del Instituto de Chile, además de Guillermo Soto, máster en lingüística de la Universidad Católica.
Es un tópico que también ha sido abordado por otros constituyentes. A raíz de la obligación establecida en el Reglamento de participación, de que para el debate de todo proyecto de norma o conjunto de normas las comisiones temáticas deberán realizar al menos una audiencia, donde consideren invitar a personas o entidades relevantes para el contenido de la propuesta, en la comisión sobre Sistemas de justicia surgió la idea de aprovechar ese espacio para convocar a expertos que puedan hacer sugerencias respecto de la redacción.
Daniel Stingo (Frente Amplio) planteó en esa instancia —el 6 de enero— que quienes se inviten a las audiencias debieran ser "profesores o técnicos que incluso ayuden, porque ya estamos en un tema específico. Entonces, si esa persona ayuda, aporta en el tema específico que estamos desarrollando sería bueno (...) personajes que incluso, y me voy a arriesgar a decir, podrían apoyar en la redacción".
Mauricio Daza (Independientes No Neutrales) agregó que "la utilidad real de este ejercicio sea traer a algún tipo de académico o experto que nos ayude a poder definir la consistencia de ese texto. Quizá estemos ocupando un concepto de una manera equívoca, de una manera no lo suficientemente clara, para tener también una norma de calidad".
Interpretación
La idea de contar con asesoría en la redacción tiene que ver, según algunos convencionales, con velar porque la interpretación posterior de las normas que se aprueben vayan en línea con la discusión al interior de la Convención. Por eso, también, otorgan importancia a las actas de cada sesión, que podrían transformarse en un símil de la "historia de la ley" que se utiliza en el Congreso respecto de cada legislación que se tramita.
"La constancia o registro de aquello que se discutió en torno al contenido de la norma servirá después para su interpretación por las generaciones futuras y por los jueces, en caso de conflicto jurídico", afirma el director del departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia.
Agrega que "se supone que ahora existe consenso en torno a esas necesidades y solo falta conocer impresiones acerca de si la norma propuesta permite satisfacerla de modo adecuado. Esto admite comentarios de fondo y de forma con respecto al texto del precepto. Por ejemplo, los invitados a la audiencia podrían decir que la norma es ineficaz para cumplir con su fin, que generará una serie de problemas colaterales no previstos por sus autores, que está bien, pero es preciso redactarla mejor, que es mejor mantener la redacción de la Constitución vigente con respecto a ese punto o que la norma es más bien materia de ley, etc.".
Al respecto, Arancibia pone un hecho sobre la mesa: "Hay un debate interesante en Estados Unidos entre los ‘originalistas’ o partidarios de la interpretación original de la Constitución según el momento en que fue escrita (1787) y los partidarios de la ‘Constitución viviente’, que proponen que las normas sean interpretadas según el significado de las palabras al momento de fallar, lo que supone una evolución del significado de las normas con el paso del tiempo".
Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) lo ve de otra manera: "Para analizar la interpretación están la (futura) comisión de Armonización y la secretaría técnica que tiene que ayudar". A su juicio, y ya que el Reglamento General de la Convención establece principios como que en la propuesta de Constitución se debe utilizar lenguaje claro, inclusivo, entre otras características, "hay que ver cómo eso se traduce en la práctica, cuál es la concreción práctica".
Chequear contenidos
Igualmente, en la nueva ronda de audiencias, que ya comenzó en algunas comisiones, se están abordando tanto redacción como contenidos.
Ricardo Montero (Colectivo Socialista), uno de los coordinadores de la comisión de Sistema político, afirma que "la intención era invitar a expertos que pudieran comentar sobre el texto. Es decir, que pudieran hacer comentarios sobre las propuestas que ya habían sido presentadas antes de la votación en general. El objetivo es profundizar en el análisis y entregarnos más herramientas de discernimiento para poder realizar una mejor votación".
Por su parte, Damaris Abarca (Frente Amplio), coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, opina que en esta etapa "es fundamental la presencia de expertos", cuyo rol será poner tanto "sus propias miradas como sus propuestas a las temáticas que vamos a deliberar".
Respecto de quiénes deben ser convocados, en la comisión sobre Sistemas de Justicia, Hugo Gutiérrez (PC) manifestó: "Hay que invitar a alguien que sea coherente con la decisión que tomamos, es decir, por ejemplo, no podemos invitar a alguien que esté en contra de un Consejo para la Magistratura si nosotros tomamos como decisión que exista un consejo (...) necesitamos una especie de asesor".
