El pasado miércoles, el feminismo irrumpió en la Convención Constitucional con la presentación de un marco de derechos sexuales y reproductivos para la nueva Constitución. El hemiciclo se tiñó de verde, y las convencionales feministas se posicionaron al centro para llevar el debate.
La presentación tuvo dos directrices, por un lado, la iniciativa popular de norma denominada "Será Ley", presentada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que fue la primera iniciativa en cumplir el umbral de 15 mil firmas para ser discutida en la Convención, y por el otro, una iniciativa constitucional de norma con contenido muy similar presentada por una serie de convencionales feministas. En términos generales, estas iniciativas proponen la consagración constitucional de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Es decir, el reconocimiento de que las personas tienen derecho a decidir con quién y cuándo tener relaciones sexuales, a tener relaciones placenteras, pero también, a decidir si ser o no padres y madres, a decidir si gestar o no, a determinar la cantidad de hijos o hijas, y al mismo tiempo, a poder decidir interrumpir el embarazo cuando esa maternidad no es deseada.
La propuesta aborda los derechos sexuales y reproductivos no solo en sí mismos, sino que también sus vinculaciones con las áreas de la salud, del trabajo y de la educación. Recorriendo el camino normativo que hará posible que las personas experimenten vidas de justicia reproductiva, pues tal como fue expresado en la sesión, pensar en un marco de derechos sexuales y reproductivos no solo requiere la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino que de satisfacer y garantizar una serie de factores sociales, políticos y económicos que permitan superar las inequidades que impiden la protección igualitaria de estos derechos, pues solo así será posible la autodeterminación sexual y reproductiva. Aun cuando la exposición de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto dejó en claro que la propuesta de norma no solo pretendía consagrar el derecho a interrumpir el embarazo, sino que construir un marco de derechos que garantice la justicia social en esta materia, el debate estuvo enfrascado en la discusión sobre el aborto, quedando en un segundo plano la complejidad de la propuesta, por más que las convencionales feministas insistieron en la amplitud de la iniciativa.
Así, el debate estuvo marcado por una serie de preguntas y comentarios por parte de las y los convencionales contrarios a la iniciativa, quienes insistieron en poner de manifiesto que la interrupción voluntaria del embarazo es un atentado contra el derecho a la vida del no nacido. Esta es la pregunta y cuestionamiento más recurrente de la discusión del aborto en términos históricos, y como bien respondieron las convencionales feministas en el debate, es una interrogante ya zanjada por el Derecho chileno, desde que el Tribunal Constitucional estableció que solo son las personas las titulares de derechos fundamentales; y también por el Derecho Internacional que, desde el caso Artavia Murillo, ha construido jurisprudencia estable sosteniendo la gradualidad de la protección del derecho a la vida. También, se cuestionó la alegría que provocaba la posibilidad de discutir sobre derechos sexuales y reproductivos en la Convención Constitucional, insistiendo en que la posibilidad de reconocer constitucionalmente los derechos sexuales y reproductivos debiese ser motivo de alarma.
La conversación sostenida entre las y los convencionales el miércoles es una muestra del recorrido histórico del debate por la legalización del aborto. Lo interesante de esta vez es que ha quedado bastante claro el origen de los argumentos de ambas partes. La iniciativa de “Será Ley” ha construido sus argumentaciones a partir de jurisprudencia nacional, de jurisprudencia internacional, con argumentos de salud pública y desde un marco de derechos humanos no imaginado ni construido para el caso, sino que de calibre internacional y con consistencia temporal.
Por otra parte, los argumentos contrarios a la propuesta se vieron más bien agotados en el debate, utilizando casos no actualizados para plantear sus posturas e insistiendo constantemente en que la pregunta por el comienzo de la vida es la que debemos hacernos para saber si la interrupción del embarazo es legítima o no. No obstante, esta pregunta puede recibir una multiplicidad de respuestas, de diversos orígenes: culturales, religiosos, filosóficos, biológicos, médicos, y más. Siendo la pregunta por el inicio de la vida una pregunta que inevitablemente tiene más de una respuesta posible. Por lo tanto, argumentar desde una de estas posiciones, y no desde las herramientas que nos han otorgado los debates democráticos, que se cristalizan en —por ejemplo— la jurisprudencia internacional, dificultará enormemente la construcción de una nueva Constitución que responda a las inquietudes políticas diversas de la sociedad.
