Preocupación generó la aprobación en general en la Comisión de Medioambiente de la Convención de una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, "pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional", según dice la norma. El Presidente deberá hacer efectiva esa disposición en máximo un año desde entrada en vigencia la nueva Constitución.
La iniciativa plantea que el monto de las indemnizaciones será fijado por el Contralor General de la República, y deberá corresponder con el "valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS".
"Es una ‘compensación por la inversión’, fueron hartos años de explotación minera, hartos años en donde se arrasó con los recursos mineros soberanos de nuestro país, así que habrá un proceso de compensación, lo que creemos que es lo justo, pero justo en la medida de lo que ya se extrajo", dijo Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), impulsora de la propuesta.
"Un primer triunfo de la lucha! A parar el saqueo! Comisión de Medioambiente aprobó en general nacionalización de empresas de la gran minería, cese inmediato de concesiones, derogación de Ley de Concesiones y Código de minería de José Piñera. Atentos y a seguir movilizados", tuiteó María Rivera (Coordinadora Plurinacional y Popular), otra de sus patrocinantes.
Las críticas a la propuesta
En ese contexto, la decisión de la comisión despertó críticas por parte de otros constituyentes, tanto integrantes de esa instancia como de otras.
"Lo que se aprobó en general por la Comisión de Medioambiente es realmente aberrante, porque significa la nacionalización de todas las mineras, que no es otra cosa que la expropiación de la minería y de las industrias estratégicas del país (...) esto amerita que la nueva ministra de Minería Marcela Hernando se pronuncie al respecto, porque lo sucedido es de la mayor gravedad y no debería guardar silencio sobre esto", pidió Pablo Toloza (UDI).
En tanto, el constituyente de INN y coordinador de la comisión, Juan José Martin, aseguró que "ninguna frase explícita ni que se apruebe ni se rechace hay que ponerla como que está explícitamente aprobada o rechazada, sino que son procesos de sentarnos a la mesa con estas frases, párrafos, normas en general. Se aprueben o se rechacen, siempre estas votaciones lo que reflejan es la disposición a poner eso sobre la mesa".
No obstante, esa idea fue criticada por otros constituyentes, como Marcela Cubillos (Ind. UDI). "En comisión se aprobó nacionalización y expropiación de todas las empresas estratégicas, por ejemplo, industria del cobre. Precio lo fija Contraloría y se paga a plazos. Pero usted ‘no se alarme’: los convencionales ‘mutarán’ a razonables cuando pasen de la comisión al pleno", publicó Marcela Cubillos (Ind. UDI) en su Twitter.
Otros convencionales, como los INN y los del Colectivo Socialista, están preparando la presentación en la comisión de una norma que regula la explotación minera, pero permitiendo que los privados sigan participando de la actividad, bajo ciertas condiciones. Desde esos sectores transmiten que es poco probable que una propuesta como la aprobada logre los 2/3 en el pleno de la Convención.
"Consideramos que las minas deben seguir siendo del Estado, pero creemos que las pueden explorar y explotar las empresas del Estado y los privados. Esto sujeto a estrictos controles medioambientales, concesiones mineras con plazos definidos y entregadas por un órgano administrativo", explicó Claudio Gómez (Colectivo Socialista).
"Creo que el plazo de un año (que establece la norma) es demasiado acotado, en tal sentido estamos pensando que las concesiones mineras que están vigentes en la actualidad podrían seguir extrayendo sustancias minerales pero en un plazo a lo menos de 10 años", suma Gómez.
La respuesta de Sonami
Posterior a la votación, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, criticó la norma y afirmó que "es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras".
Además, aseguró que en la discusión "no se pondera el impacto que tendría una medida de esta naturaleza. Se pretende que, a través de una nacionalización, se manejará el precio del cobre, que se determina en mercados internacionales. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta".
También, remarcó que Chile ha suscrito diversos tratados internacionales y que, en ese contexto, "una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales".
"Esto significará pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica. Esto sería un pésimo negocio para el país, en claro desmedro de las necesidades económicas y sociales y del futuro de Chile", sostuvo Hernández.
